El profesional de ingeniería, Nicolás Zárate, uno de los propulsores de un nuevo proyecto que busca propiciar una solución a la problemática del transporte público en la capital, habló acerca de la idea de diseñar un tren aéreo para conectar Asunción con la zona metropolitana. La primera interrogante es si será factible.

Explicó que, si bien todavía es un sueño, es uno con base sólida, y que la idea es factible por varios factores como el menor costo que un tren subterráneo, los recursos propios de Paraguay como su energía, contar con cemento nacional, a más de la necesidad de generar nuevas alternativas al transporte.

“Primero hay que soñar para lograr las cosas, eso es fundamental. Creo que es factible esta idea, aunque todavía es un sueño, pero tiene base sólida al ser una alternativa al transporte público para Asunción y área metropolitana”, expresó a la 1000 AM.

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Además de que el sistema de tren subterráneo es más caro, detalló las ventajas que se tiene como país, especialmente la energía eléctrica, y que solo falta la tecnología, punto en el que remarcó que hay que apuntar a una economía del conocimiento además de buena educación para contar con una buena infraestructura.

Otra de las fundamentaciones de Zárate, es que si el producto interno bruto (PIB) de Paraguay es de unos USD 45.500 millones, se proyecta un tramo de unos 11 Km sobre la avenida Eusebio Ayala de tren aéreo, significará 1,7 % del PIB, por lo que se cuenta con la capacidad para ejecutarlo.

Ante esta comparación, se puede anticipar o prever que el proyecto de un tren aéreo costaría unos USD 773 millones, sin conocer aún los mecanismos. Esto, frente a otro de los proyectos, el tren de cercanías hasta Ypacaraí que se llegó a cotizar en USD 600 millones, aunque la subconseción hasta 30 años con el gobierno de Corea le costaría al país hasta USD 2.000 millones.

El profesional comentó que para la próxima semana estaría disponible un sitio web en el que socializarán todo el proyecto con la ciudadanía en general, de modo a brindar mayores detalles sobre cómo materializar la iniciativa.

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Un grupo de liberales, legisladores y miembros del Directorio partidario, presentaron una denuncia en contra del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas. La denuncia se basa en la crisis en que se encuentra la agrupación política y la falta de acciones de Fleitas ante este panorama y la conducción de la institución partidaria.

El diputado Pastor Vera Bejarano, cuestionó que Fleitas lleva adelante una actitud unipersonal para administrar al partido, y no está respondiendo a las exigencias de los afiliados, así como tampoco de las autoridades partidarias.

“El presidente Hugo Fleitas, que sustituyó a Efraín Alegre, tomó una postura prácticamente de manera universal del partido. El partido es un colegiado, que tiene sus estatutos, tiene sus normas que todos los afiliados y sobre todo los miembros del Directorio tienen que estar vigilando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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El principal cuestionamiento del legislador se da en torno a las convocatorias a las sesiones ordinarias del Directorio, que fueron prácticamente nulas desde que asumió la presidencia en reemplazo de Efraín Alegre. Las sesiones ordinarias, de acuerdo al estatuto partidario, se deben convocar cada 15 días, lo que no ocurre con la presidencia de Fleitas.

“Nuestro estatuto declaró que se tiene que llamar a sesión ordinaria cada quince días, y la última sesión ordinaria que llamó el presidente en ejercicio, fue en diciembre del año 2023, después de mucho insistir, hizo un llamado la semana pasada, casi un año sin una sesión ordinaria”, criticó Vera Bejarano.

Esta falta de apertura para el debate en el PLRA, está alejando al partido, de los temas actuales, de acuerdo al diputado. “Tuvimos varias sesiones extraordinarias, pero se perdió el ritmo, el partido está desconectado de los grandes temas nacionales y de la crisis interna entre los movimientos, se le ha pedido en reiteradas ocasiones informes, que rinda cuentas de las cuestiones financieras, ha hecho caso omiso al pedid de sesiones ordinarias sobre algún punto en particular”, sentenció.

Finalmente, sostuvo que Fleitas, “tiene varias causales para apartarse del cargo de presidente, no apartarlo del partido, pero apartarlo como presidente, eso es lo que ha hecho el Directorio en su mayoría y se ha presentado esa denuncia ante el Tribunal de Conducta que tiene un tiempo para analizar y dictaminar”.

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El gobierno de Ecuador designó ayer lunes a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de una crisis política por la suspensión por cinco meses de la titular, Verónica Abad, quien sostiene una tensa relación con el mandatario Daniel Noboa.

Moya “será la nueva vicepresidenta encargada”, señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado, tras la suspensión de Abad ordenada el sábado por el Ministerio de Trabajo debido al “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.

Damián Armijos, abogado de Abad, indicó que la defensa presentó una acción legal “impugnando” la suspensión, que en la práctica le impedirá a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña por la reelección a partir de enero, como determina la ley.

Su equipo legal también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta para que no se rompa el orden constitucional”, expresó Armijos a la prensa.

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El Ejecutivo sostuvo que Moya, de 36 años y a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, fue designada de acuerdo a la Carta Magna, que establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia”.

“Con su experiencia y compromiso (de Moya), se mantendrán los ejes de trabajo alineados al Gobierno Nacional”, agregó el comunicado. Moya es máster en economía con experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos, según su despacho.

Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña previa.

Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de 2023, el mandatario, de 36 años y que se autodefine de centro-izquierda, nombró a su vice para que ocupe el cargo de embajadora en Israel, lo que profundizó la ruptura.

En septiembre último, ante una escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de Abad, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.

En agosto, Abad, de 47 años, denunció a Noboa por violencia de género ante el máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que aún está en trámite y que el gobernante tildó de “traición”. Abad calificó el domingo de “grosera violación” a la ley la decisión de suspenderla sin sueldo por 150 días (hasta abril).

“Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Sostuvo que se trata de una maniobra “con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”.

Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, buscará ser reelegido en febrero para el período 2025-2029. La campaña empezará en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.

Tras ser enviada a Israel, Abad pasó a ser una fuerte crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.

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“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (...) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, expresó Abad el domingo. El 5 de noviembre, el TCE multó a Abad con 8.500 dólares por considerar que realizó campaña anticipada en redes sociales para los comicios de 2023.

Fuente: AFP

Las autoridades de Lima han confirmado que al menos ocho personas han fallecido en las últimas 24 horas en incidentes con armas de fuego producidos en medio de una ola de violencia que afecta a la capital peruana y que ha provocado que las autoridades decretaron hace semanas el estado de emergencia en parte de la región.

En concreto, seis de los fallecidos se encontraban en Ate, uno de los distritos sobre los que rige el citado estado de emergencia. Según han detallado las autoridades, uno de los episodios ocurrió en la comuna de Huaycán, donde desconocidos dispararon mortalmente a una madre y dos de sus hijos ante la presencia de otros dos menores más.

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En la misma tarde del jueves se registró otro ataque en Villa María del Triunfo, donde sujetos armados dispararon contra un vehículo en el que se encontraban dos personas, hiriendo mortalmente a una de ellas. En San Juan de Miraflores ha fallecido otra persona cuando le intentaron robar su camión.

Estos ataques se produjeron un día después de que transportistas y comerciales de Lima paralizarán sus actividades como señal de protesta precisamente por la ola de violencia que afecta a la capital peruana, según informa la emisora RPP, que recuerda que las manifestaciones se prolongan desde hace semanas.

La situación de inseguridad en la capital de Perú ha provocado que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tuviera que decretar a finales de septiembre el estado de emergencia en 14 distritos limeños. Sin embargo, las denuncias por ataques violentos y asesinatos en Lima se siguen produciendo.

Fuente: Europa Press

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