El analista político, Mario Paz Castaing, opinó sobre el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional Itaipú. El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esto es gravísimo, porque impacta en un elemento muy fuerte de las relaciones internacionales y, en particular, en las relaciones bilaterales: la confianza. Tenemos una asociación muy fuerte con Brasil en emprendimientos del tamaño de Itaipú, entre otros. En términos diplomáticos, el gobierno de Lula dio una respuesta muy rápida, pero muy lacónica”, dijo a la 1020 AM.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutado por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

“Ante una acción ilegal que daña e impacta en la confianza y la transparencia en las relaciones bilaterales, yo hubiese esperado una investigación seria, que el gobierno de Lula da Silva se comprometa a determinar quienes fueron los autores materiales, intelectuales y mediante el resultado de esas investigaciones que se ratifique los intereses y vínculos que compartimos con el Brasil”, sostuvo Castaing.

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Señaló además que dependerá del presidente de la República, Santiago Peña, determinar las acciones legales a tomar en el ámbito internacional. “Un país serio se comprometería a investigar a fondo esta situación; esperaba que Brasil diga que trabajará en esto para determinar a los responsables. Peña es quien maneja las relaciones internacionales en términos constitucionales. Tenemos un servicio de inteligencia, un área que se llama Codena, que deberá estudiar y ver hasta dónde llegan las responsabilidades sobre este tema”, comentó.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

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Desde algunas agen­cias de comunicación de Brasil, como UOL y el diario O Estado, revela­ron un supuesto esquema de hackeo contra autoridades del gobierno paraguayo durante la gestión del actual presi­dente de la República Fede­rativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo a la investigación realizada por un columnista del medio UOL, Aguirre Talento, el plan de espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin) en la era Lula da Silva. El objetivo sería obtener infor­mación sensible y confiden­cial del gobierno paraguayo antes de las negociacio­nes de la tarifa de la Itaipú entre Paraguay y Brasil en el marco del Anexo C.

De acuerdo a la publicación periodística, la acción de espionaje habría sido eje­cutada por el actual direc­tor de Abin, Luiz Fernando Corrêa. La agencia de inteli­gencia ingresó a las compu­tadoras de las instituciones del Estado de Paraguay para obtener las informaciones reservadas, que de acuerdo a la información periodís­tica, resultó en la captura de diversos objetivos vinculados a autoridades de Paraguay.

El trabajo de investigación del columnista se basa en las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. Estas declaraciones fueron obtenidas de manera exclusiva por el profesional de periodismo. Los datos tam­bién fueron confirmados por UOL con tercera persona, que también tuvo acceso de las informaciones de esta acción.

“La referida operación fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y dejada sin efecto por el direc­tor interino de la Abin el 27 de marzo de 2023, tan pronto la actual administración tuvo conocimiento del hecho”. También deslinda al actual director de Abin, Luiz Fer­nando Corrêa, como ejecutor del supuesto esquema de espionaje.

“El actual director gene­ral de la Abin estaba, en ese momento, en proceso de apro­bación de su nombre por el Senado Federal y recién asu­mió el cargo el 29 de mayo de 2023″, aclara el documento. Finalmente, se ratifica el compromiso del mandatario brasileño con las relaciones diplomáticas con el Paraguay.

“El gobierno del presidente Lula reitera su compromiso con el respeto y el diálogo transparente como elemen­tos fundamentales en las rela­ciones diplomáticas con Para­guay y todos sus socios de la región y del mundo”, ratifica el escrito.

De acuerdo a la publicación del medio brasileño UOL, la Policía Federal investiga en este momento si esta operación de hackeo tuvo carácter ilegal. La misma se realizó meses antes de concluir la negociación entre Paraguay y Brasil con respecto a la tarifa de la Itaipú Binacional sobre la energía que compra el país vecino, en mayo del 2024, por lo que se investiga también si el espionaje tuvo incidencia en estas negociaciones.

La investigación se da entorno a desvíos de la Agencia de Inte­ligencia, bajo el exdirector Alexandre Ramagem, en el gobierno de Bolsonaro, pero también se detectaron supuestas irregulari­dades en la gestión del actual director. Esta investigación llevó al supuesto esquema de espionaje contra Paraguay.

En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos. “El Cobalt Strike era una herra­mienta utilizada para el desenvolvimiento de un artefacto de intrusión en las computadoras del gobierno paraguayo para datos relacionados a las negociaciones de Itaipú. El objeto de la operación era la obtención de los valores que serían negociados del Anexo C de los valores de venta de la energía producida por Itaipú”, esta es la transcripción publicada de la declaración del funcionario.

El canciller paraguayo Rubén Ramírez indicó ayer que Paraguay no tiene ninguna evidencia de que Brasil haya atacado sus sistemas informáticos para obtener información.

“Esto es algo de carácter per­manente, no es algo puntual, pero tampoco podemos decir que Brasil ha hackeado nues­tro sistema. Nosotros tene­mos la tranquilidad de que la información que administra­mos en el marco de nuestras negociaciones internaciona­les están resguardadas”, dijo hoy el canciller consultado sobre el supuesto hackeo del Brasil al sistema informático del Paraguay.

Añadió que con Brasil actual­mente no se están negociando tarifas, las cuales han sido ya establecidas a satisfacción de ambas partes hasta el 2027, y que las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú también tienen un acuerdo de plazo de conclusión entre ambas partes.

“Estamos trabajando orde­nadamente y con todos los elementos que nos permi­tan resguardar la informa­ción de nuestro país”, rati­ficó Ramírez.

Así también afirmó, con rela­ción a las publicaciones perio­dísticas vertidas ayer sobre el supuesto hackeo, que “jamás la diplomacia paraguaya se administra bajo publicaciones de medios y todos nues­tros canales y conductos de comunicación con el Brasil son de carácter institucional y oficial para tomar las deter­minaciones”.

En ese sentido indicó que está en contacto permanente con su par brasileño y que “nues­tros organismos de inteligen­cia y seguridad también están en contacto”.

Señaló que las investigacio­nes sobre el supuesto hackeo están en marcha y que todos los organismos de investiga­ción, así como el Ministerio de Tecnologías de la Informa­ción y Comunicación (Mitic), están haciendo las averigua­ciones.

“Los organismo de inteligen­cia también están en comu­nicación con el Brasil y me informaron que va a haber una aclaración respectiva de parte del Brasil”, añadió. Ramírez reconoció que Para­guay sufre ataques ciberné­ticos de manera constante y que todos los organismos de seguridad del gobierno están permanentemente actuando, con la cooperación particu­larmente de Estados Unidos y de Taiwán.

• Tokio, Japón. AFP.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes una visita de cuatro días a Japón junto a una delegación de 100 empresarios, en momentos en que los aranceles estadounidenses impulsan a los países a buscar otras relaciones comerciales. Lula y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, deben discutir también de un proyecto conjunto de desarrollo de biocombustibles antes de la cumbre climática COP30 en la ciudad amazónica brasileña de Belém.

Los dos gobernantes se reunirán el jueves para reafirmar su compromiso con el libre comercio, según fuentes de ambos países, tras los nuevos aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso al aluminio, el acero y otros productos. “Todos los que hablaban de libre comercio ahora aplican el proteccionismo”, expresó Lula, de 79 años, antes de partir.

“Creo que este proteccionismo es absurdo”, declaró el dirigente izquierdista en una entrevista con varios medios japoneses. Brasil es el segundo mayor exportador de acero a Estados Unidos, después de Canadá, con cuatro millones de toneladas enviadas en 2024.

Medios japoneses indicaron que Lula e Ishiba acordarán celebrar visitas recíprocas regulares y establecer un diálogo estratégico sobre seguridad y otros temas. También podrían defender la importancia de un orden internacional basado en reglas.

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Lula será recibido el martes con una ceremonia en el Palacio Imperial de Tokio, seguido de un banquete esa misma noche. Se trata de la tercera visita de Lula, en su condición de presidente de Brasil, a Japón, la cuarta economía mundial. Lula aspira a aumentar las exportaciones brasileñas a Japón, desde carne hasta aparatos del fabricante aeronáutico Embraer. Para ello, el miércoles asistirá a un foro económico en busca de nuevas oportunidades.

China es actualmente el primer socio comercial de Brasil, con un comercio bilateral que superó los 160.000 millones de dólares en 2023. Japón, en cambio, es su 11º socio comercial, según autoridades brasileñas. Brasil “aumentó su dependencia económica de China en los últimos años”, indicó a AFP Karina Calandrin, profesora de la escuela comercial Ibmec de Sao Paulo.

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Desde que volvió al poder en enero, Trump aumentó a 20% los aranceles a las exportaciones chinas, que el año pasado alcanzaron niveles récord. Según Calandrin, esto “pone a Brasil en riesgo, al hacerlo más vulnerable a los cambios en el escenario internacional”.

No obstante, los esfuerzos por diversificar el comercio exterior podrían resultar difícil dada la “dependencia estructural” de la potencia suramericana con el comercio con China, indicó Roberto Goulart, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Brasília.

Consideró poco probable un panorama comercial más equilibrado para Brasil “en el corto plazo”. Por su parte, Tokio podría considerar una relación más estrecha con Brasilia como una forma de evitar que Brasil se acerque más a China y Rusia, sus socios en los BRICS.

Brasil alberga una de las mayores diásporas japonesas del mundo, tras una inmigración masiva a inicios del siglo XX. El gobierno de Lula pidió perdón el año pasado por la persecución de los inmigrantes japoneses durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

Miles de ellos radicados en la costa del estado de Sao Paulo fueron expulsados de sus tierras en 1943, y al menos 150 inmigrantes japoneses y sus hijos fueron encarcelados en una isla remota. Pedir perdón es “lo menos que podemos hacer para reconocer nuestros errores del pasado”, declaró Lula a medios japoneses antes del viaje.

La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fue informada por la Justicia de España que quedó firme la extradición de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, actualmente prófugo.

De acuerdo a la información, las autoridades del país europeo a través de la resolución firmada el 4 de marzo de 2025, se declaró la firmeza del Auto de fecha 23/01/2025 y se acordó declarar procedente en fase jurisdiccional la extradición de la ciudadana uruguaya, confirmado por Auto de fecha 28/02/2025 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal, resolviendo recurso de súplica.

Con la presente resolución solo se espera la determinación del Gobierno de España para que se pueda materializar la extradición de la pareja del presunto narco Sebastián Marset quien es requerida en nuestro país por el caso A Ultranza Py.

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Gianina García fue detenida en el aeropuerto de Madrid, España, el 7 de julio del 2024, tras bajar de un vuelo proveniente de Dubái. Igualmente la Justicia de Bolivia solicitó la extradición de la mujer por delitos relacionados a lavado de dinero.

La imputación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak determinó que García Troche constituyó una sociedad para asegurar las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y además abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

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