Las autoridades egipcias ejecutaron el martes a 11 presos condenados por delitos comunes, mientras los defensores de los derechos humanos han denunciado decenas de ejecuciones en 2020, indicaron fuentes de seguridad.
Las nuevas ejecuciones tuvieron lugar en la prisión de Borg Al Arab, cerca de Alejandría (norte), según la misma fuente, que afirmó que los detenidos ejecutados “habían sido condenados por asesinatos cometidos en los últimos años en las gobernaciones de Alejandría y Beheira (norte)”. El sábado, otras cinco personas, entre ellas tres mujeres, fueron ejecutadas en Ismailía (noreste), también por delitos comunes.
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En diciembre, Amnistía Internacional había denunciado un “frenesí de ejecuciones” en Egipto, con decenas de detenidos muertos en los últimos meses de 2020. “Las autoridades egipcias se han embarcado en un horrible frenesí de ejecuciones en los últimos meses” dijo Philip Luther, director de la oficina de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
La organización también denunció las condenas obtenidas tras “‘confesiones’ contaminadas por la tortura”. Por su parte, Human Rights Watch afirmó en octubre que se habían llevado a cabo 49 ejecuciones en diez días de ese mes y pidió el “cese inmediato” de las mismas. La organización considera que bajo la presidencia de Abdel Fatah al Sisi, elegido en 2014, Egipto se ha convertido en uno de los diez países con mayor número de penas de muerte.
La sharía, o ley islámica, es la principal fuente del derecho egipcio, según la constitución de 2014, y legitima la aplicación de la pena capital. Las ejecuciones afectan a presos comunes, pero también a opositores acusados de terrorismo y otros delitos. Desde la destitución por el ejército en Egipto en 2013 del presidente islamista Mohamed Morsi y la llegada al poder al año siguiente de Abdel Fatah Al Sisi, aumentó la represión sobre todas las formas de oposición, islamista o liberal.
Fuente: AFP.