La vacunación contra el COVID-19 desencadenó este lunes una polémica en Bolivia, con denuncias de la gobernación opositora de Santa Cruz (este) de supuesta mala distribución de las dosis y uso discrecional.
El jefe de Epidemiología de Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo que el gobierno boliviano comunicó la semana pasada que a esa región le entregaría más de 147.000 dosis, pero sólo les dio 100.000.
El gobierno “nos hace planificar con 147.212 dosis y nos deja aquí en la puerta 100.000 dosis. Se llevaron 47.210 dosis que iba a ser para completar el personal de salud [de Santa Cruz] y abrirnos a personas con patología de base y población en general”, afirmó Hurtado.
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El gobierno boliviano compra las vacunas en el exterior y las entrega a los servicios de salud de las nueve gobernaciones para su uso. Según la queja, las faltantes son parte de un lote de 500.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm que llegó la semana pasada a Bolivia.
La crítica de Hurtado se sumó a la denuncia que hizo este fin de semana el secretario de Salud de esa gobernación, Joaquín Monasterios, sobre una supuesta “vacunación clandestina” de 63 personas, sin identificarlas.
Monasterio dijo que el gobierno izquierdista de Luis Arce no sigue “el programa correspondiente” de vacunación. La gobernación de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, está en manos de la derecha opositora.
El ministro de Salud, Jayson Auza, respondió las críticas este lunes y dijo que “las vacunas no han sido adquiridas para ningún servicio departamental de salud”, sino son “para personas con males renales que son parte del pueblo”.
Bolivia inició el 29 de enero la vacunación del personal de salud y el jueves comenzó a aplicar las dosis a pacientes de riesgo. Además de las chinas, Bolivia adquirió 15,2 millones de vacunas: cinco millones de la rusa Sputnik V, más de 10 millones del consorcio británico AstraZeneca/Oxford y unas 100.000 del grupo estadounidense Pfizer.
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Inicialmente la vacunación empezó en Santa Cruz, pero este lunes comenzó en La Paz, tanto del personal de salud como de personas con patologías de riesgo, como renales o cáncer. Bolivia, con 11,5 millones de habitantes, acumuló más de 249.000 contagiados y más de 11.640 fallecidos.
Fuente: AFP.
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Día Mundial del Consumidor: la ciudadanía es más consciente de sus derechos
Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, fecha que busca reforzar la conciencia sobre los derechos de las personas en su relacionamiento con el mercado. En Paraguay, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) observa que la ciudadanía es más consciente de sus derechos, lo que explica el aumento de consultas a la institución.
“El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una fecha fundamental para reforzar la conciencia sobre los derechos de los consumidores y promover el consumo responsable”, dijo a La Nación/Nación Media la ministra Sara Irún, titular de la Sedeco, además de asegurar que la institución vela por los derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como el acceso a la información veraz, la seguridad y calidad de los productos y servicios, la protección contra la publicidad engañosa, entre otros.
Los datos proveídos por la institución señalan que existe un creciente acercamiento de las personas hacia la Sedeco. Precisamente, al cierre de 2024 atendieron más de 8.600 consumidores frente a los 7.250 de 2023, lo que implica un aumento del 18,6 %. En cuanto a los reclamos, se gestionaron 1.729, lo que representa un promedio de 144 reclamos mensuales, con una variación interanual del 39 % entre 2023 y 2024.
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Problemas frecuentes
La ministra afirmó a la LN que los problemas más frecuentes que enfrenta el consumidor local son principalmente la falta de información clara en precios y condiciones, así como la publicidad engañosa, el incumplimiento de garantías, sobrecostos no justificados, demoras en la entrega de productos o servicios. Sin embargo, señaló como hecho preocupante también el incremento de las estafas en compras online.
La incursión de la tecnología a pasos agigantados es un desafío para la Sedeco, ya que se abren más frentes en los que proteger a los consumidores y usuarios. Irún indicó que la institución a su cargo se encuentra abocada en la educación digital de los consumidores, que incluye buenas prácticas en el comercio electrónico y en la prevención de fraudes financieros.
Explicó que trabajan en conjunto con instituciones como Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, así como con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic). “La digitalización ha facilitado las compras y el acceso a información, pero también ha generado nuevos desafíos, como el aumento de fraudes y la dificultad para reclamar en comercios sin presencia física”, expresó.
Educación y cultura del reclamo
La ministra recalcó que su administración en la Sedeco se enfoca fuertemente a defender los derechos del consumidor y a capacitar a las personas para que sean conscientes sobre sus derechos y responsabilidades con respecto al consumo. Aseguró que “un consumidor informado es un consumidor protegido”.
También señaló que los comercios deben reforzar su atención al consumidor y estar en regla con las normas vigentes. “En Sedeco tenemos como una misión la formalización del mercado, por tanto, instamos a la ciudadanía a exigir facturas, comprobantes de compras, que permitan identificar la relación de consumo, así como la formalización de reclamos en caso de conflictos”, manifestó.
Sectores más reclamados
Los sectores que más reclamos tuvieron el año pasado fueron el de servicios financieros y seguros, con un 29 % del total; le sigue telecomunicaciones con 22 %, productos electrodomésticos y electrónicos con 9 %, salud con 8 %, el sector automotor con 4 %. Estos rubros señalados representan el 73 % de los reclamos del 2024, según datos de la Sedeco.
En los rubros más intervenidos en 2024 lideran las estaciones de servicio con 71 intervenciones, de cuya cifra 65 fueron fiscalizaciones y 6 verificaciones. Las farmacias ocupan el segundo puesto con 59 intervenciones, de las que 28 fueron fiscalizaciones y 31 verificaciones. Cierra el podio el sector de supermercados, con 42 intervenciones, 15 de ellas fiscalizaciones y 31 verificaciones.
Consultada acerca de cómo funcionan las fiscalizaciones, Irún explicó que se realizan de oficio y a partir de denuncias de los consumidores. La labor incluye supervisión del cumplimiento de normativas en comercios, verificación de la publicidad, etiquetado de productos y eventual aplicación de sanciones en caso de ser necesario.
“En el último año, Sedeco aplicó sanciones en diversos sectores, principalmente en cuanto a servicios financieros, electrodomésticos y electrónicos y telecomunicaciones. Las multas se impusieron por prácticas abusivas, publicidad engañosa y falta de información”, detalló Irún.
Descentralizar la protección
La ministra manifestó que la meta de la Sedeco para este 2025 es llegar a más municipios del país con oficinas municipales de protección al consumidor mediante el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, herramienta que permite a la institución una descentralización operativa.
Así también, señaló que buscan fortalecer la fiscalización, digitalizar más procesos de atención al consumidor, aumentar las capacitaciones y fomentar una cultura de consumo responsable, además de continuar trabajando en la prevención de fraudes y estafas digitales.
Actividades por el día
La Sedeco, junto con la Organización Mundial de Conservación - Paraguay (WWF-Paraguay), realizará este sábado 15 de marzo una feria en la Costanera de Asunción, frente a Turista Róga, de 18:00 a 21:00. La intención es empoderar a los consumidores y a la vez concienciar sobre el mes de la Hora del Planeta que busca fomentar el consumo sostenible con el medio ambiente.
En ese marco, se realizarán actividades para todas las edades, incluso con un espacio de juegos para niños que promoverá el aprendizaje y la participación en familia acerca de sus derechos como consumidores, con la intención de instruir desde tempranas edades.
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Denuncian que falsos inspectores extorsionan a comercios de Asunción
Este jueves, desde la Policía Municipal Fiscalizadora de la ciudad de Asunción reportaron que ya recibieron varias denuncias sobre falsos inspectores que habrían extorsionado a comerciantes.
Pruebas documentales, como números de celulares, fotos, y videos de cámaras de seguridad de los locales visitados por estas personas fueron entregados al Ministerio Público que ya impulsó una investigación.
Desde la institución indicaron que son varios los comerciantes que ya realizaron las denuncias correspondientes contra estas personas que se hacen pasar por inspectores. Se trata de delincuentes que se dedican a llamar a los propietarios a quienes exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no cerrarles sus negocios.
“Nos llegan varias denuncias de ciudadanos, de que personas ajenas a la Municipalidad de Asunción se hacen pasar por funcionarios y que atacan a los comercios. Les llaman a los propietarios, a los encargados de los locales y les dicen mañana voy a cerrar tu local, pero podemos evitarlo dando tal monto de dinero”, afirmó Constantino Ayala, director de la Policía Fiscalizadora.
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Resaltó que las víctimas presentaron varias evidencias como números de teléfonos desde donde realizaron las extorsiones e imágenes de las personas que llegaron a sus locales para cobrar. “Tenemos algunos datos como son números telefónicos, tenemos algunas fotos, videos de circuitos cerrados que nos envían los dueños de los locales, también tenemos números de cuentas bancarias”, refirió.
Agregó que todas las pruebas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para que se pueda iniciar una investigación y que se pueda solucionar esta problemática. “Cuando tuvimos conocimiento de la situación, fuimos al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente”, aclaró Ayala.
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Empresa denunció el desmonte de su propiedad por parte de desconocidos
La Unidad Especializada del Medio Ambiente de Presidente Hayes llevó adelante un allanamiento en la propiedad de la empresa Atenil S.A., ubicada en la zona de Puerto Pinasco, en el departamento de Presidente Hayes, luego de que los responsables de la empresa realizaron varias denuncias indicando que personas desconocidas ingresaban al lugar para realizar talas ilegales.
Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de postes lisos y rajados, horcones y un volumen considerable de madera de palo santo. Además, se verificaron camiones y tractores previamente incautados, uno de los cuales contenía aproximadamente 20 metros cúbicos de palo santo.
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El procedimiento contó con la participación de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona), la Asociación de Productores y Exportadores de Carbón Vegetal (Aper) y la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
“Es usual nuestra colaboración con el Ministerio Público, Infona, Mades y Policía Nacional para combatir actividades ilícitas como la caza furtiva de animales silvestres y la tala ilegal de bosques. Esta intervención, particularmente, es consecuencia de una de tantas denuncias que hemos realizado. No existe permiso alguno para estas extracciones, que significan un daño patrimonial y ambiental, tanto para Atenil como para el país”, comentó Sebastián Cantero, gerente de comunicaciones de Atenil S.A., en conversación con La Nación/Nación Media.
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Cantero remarcó que desde la empresa se encuentran cooperando con todas las autoridades pertinentes, proporcionando la información y documentación que solicitan, esto con el objetivo de dar con los culpables de los actos ilícitos que se cometieron y que sean castigados como corresponde.
“Condenamos enérgicamente cualquier actividad que atente contra la conservación de nuestra fauna y bosques autóctonos; reafirmamos nuestro compromiso con seguir avanzando en proyectos sostenibles que sean para beneficio de las comunidades de la zona y para la prosperidad económica de los paraguayos”, expresó el gerente de Atenil S.A.
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Hace cinco años, la OMS calificó al covid-19 como “pandemia”
- Ginebra, Suiza. AFP.
“Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”. Hace cinco años, el 11 de marzo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud soltó la frase que hizo tomar conciencia al mundo entero de la gravedad de la situación.
Pero ya desde el 30 de enero, la OMS había declarado su más alto nivel de alerta frente al nuevo coronavirus detectado en China a mediados de diciembre de 2019: la Urgencia de Salud Pública de Alcance Internacional o USPPI. Una fórmula que no impactaba en la opinión pública.
Presionado por las preguntas de los periodistas, Tedros Adhanom Ghebreyesus también mencionó “la amenaza de la pandemia” el 9 de marzo, pero el electrochoque tuvo lugar dos días después.
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Una sala, un ambiente
El miércoles 11 de marzo, muchos periodistas se agolparon en torno a las mesas en forma de U en una pequeña sala en las entrañas de la imponente sede de la OMS en las alturas de Ginebra, no lejos de la frontera francesa.
La conferencia de prensa, prevista para las 17H00 locales, pudo ser seguida en las redes sociales, por teléfono y por Zoom.
Frente a los periodistas, Tedros, a su derecha Mike Ryan, encargado de urgencias en la OMS, y a la izquierda la directora general, Maria Van Kerkhove, encargada del expediente del covid-19. Esta científica desconocida del gran público encarnará desde entonces la lucha contra la pandemia.
El jefe de la OMS sacó dos bolígrafos de su saco, ajustó sus gafas y leyó su declaración.
“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y de gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción” en el mundo, dijo.
Y entonces declaró: “Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”.
En ese momento, menos de 4.300 personas habían muerto en el mundo, según cifras oficiales.
Cinco años más tarde los muertos se cuentan por millones, pero a mediados de marzo de ese año todavía no habían empezado los confinamientos, los hospitales no estaban desbordados y el hundimiento de la economía no se avizoraba.
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“Todos empezaron a actuar”
“La palabra ‘pandemia’ cambió la situación”, recuerda John Zarocostas, periodista que cubre para la AFP las agencias y ONG internacionales desde hace más de 30 años. “Tengo la impresión de que tenían que hacerlo” porque no lograban la reacción esperada de los Estados miembros desde el desencadenamiento de la USPPI
Para este veterano de las relaciones internacionales, “eso modificó la dinámica en términos de reacción de los gobiernos nacionales: todos empezaron a actuar”. Un retardo que frustró a la OMS. “El mundo está obsesionado por la palabra pandemia”, dijo Mike Ryan, para quien la advertencia de enero era más importante.
Nuevo botón de alarma
¿Puede repetirse una catástrofe similar? Para la OMS, la próxima pandemia solo es cuestión de tiempo. En diciembre de 2021, los Estados miembros de la organización, conscientes de las graves fallas frente al covid-19, comenzaron a trabajar en torno a un acuerdo internacional y obligatorio sobre la prevención y la preparación a las pandemias, para tratar de evitar que vuelvan a repetirse los mismos errores.
Las negociaciones son difíciles y una última sesión de negociaciones está aun prevista del 7 al 11 de abril, para finalizar el proyecto a tiempo para la asamblea anual de la OMS en mayo.
En espera, los países miembros lograron desempolvar el reglamento sanitario internacional. Y a partir de septiembre de este daño, el jefe de la OMS podrá declarar una “urgencia pandémica”.
En los cinco años transcurridos desde marzo de 2020, la OMS declaró la USPPI en dos ocasiones, ambas por epidemias de mpox.
El jefe de la OMS advierte regularmente a los países que no repitan el ciclo de negligencia seguido de pánico que caracterizó la pandemia de covid-19.