Ecuador conoció el miércoles la barbarie que se apoderó por horas de sus principales cárceles: 79 reclusos murieron en batallas simultáneas que dejaron cuerpos decapitados y que revelaron el poder de las mafias del narcotráfico en sus prisiones sobrepobladas.

Se trató de “un exterminio entre bandas delincuenciales”, afirmó el presidente Lenín Moreno, al día siguiente de una jornada sangrienta que juzgó como “barbarie”.

Nunca antes este país de 17,4 millones de habitantes había enfrentado una crisis carcelaria de esas dimensiones. En Guayaquil, Cuenca y Latacunga -que concentran el 70% de la población carcelaria- estallaron el martes una serie de enfrentamientos por el aparente control de los centros de reclusión.

Temprano el sistema penitenciario elevó de 75 a 79 el número de víctimas: 37 en Guayaquil, 34 en Cuenca y ocho en Latacunga. La Fiscalía refirió más de 20 reclusos y policías heridos solo en el puerto guayaquileño. Fue una “masacre sin precedentes”, apuntó la Defensoría del Pueblo.

Tercera ciudad de Ecuador con unos 600.000 habitantes, Cuenca digería el shock ante las revelaciones del fiscal local Leonardo Amoroso: “Alrededor de unos 18 cadáveres fueron decapitados, inclusive han tratado de ser incinerados”.

El gobierno cree que se trató de un ataque coordinado de un grupo delincuencial involucrado con el narcotráfico para eliminar a una banda rival.

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“Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional”, apuntó Moreno.

Las autoridades sostienen “que es una guerra de bandas”, pero el hacinamiento y la precariedad en las cárceles “es generalizada y eso también es un tipo de violencia y origina violencia”, dijo a la AFP el experto en temas penitenciarios Jorge Núñez, del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos.

En las afueras de la prisión de Turi, Digna Pacho espera que alguien le dé noticias sobre el cuerpo de su hijo de 33 años. Jackson España, ‘El Ñato’, había sido trasladado desde las costas de Esmeraldas hasta la andina Cuenca tras recibir una condena ampliada de 35 años por un asesinato que cometió durante una revuelta carcelaria.

La mujer de 63 años viajó 14 horas por carretera. Sentada al filo de una acera, titiritando de frío, asegura a la AFP que ‘El Ñato’ se comunicó el martes con su abogada para pedirle ayuda porque “le iban a matar”. “Solo quiero que me entreguen el cuerpo de Jackson y me regreso a Esmeraldas”, añadió. Entre otros familiares regía la ley del silencio.

Ana Arpi, una vendedora de comida fuera de la cárcel, asegura que nunca había visto algo así como lo del martes: “Gente desesperada, presos que salían a la terraza, disparos por todo lado, gritos de desesperación”.

Según su relato a la AFP, algunas personas que estaban de visita huyeron despavoridos de “terror porque les iban a matar. Todo fue una locura”.

Las autoridades han identificado dentro de las prisiones a bandas como Los Pipos, Los Lobos, Tigrones y Chone Killers.

A raíz de la crisis, el presidente Moreno asignó a los militares el “control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario”.

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La pareja de Maribel, una comerciante de 33 años que vive en Quito, está recluido en Turi cumpliendo una condena de 22 años por violación. Tras la revuelta pudo comunicarse con él por teléfono.

Las familias de los reclusos “no podemos dormir tranquilas, pensando en qué pasará mañana porque las cárceles no son seguras”, señaló a la AFP.

La oficina de la ONU en Ecuador pidió este miércoles “una investigación pronta e imparcial”. También pidió sancionar “a los responsables, y una gestión de la crisis conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Las autoridades aseguraron haber retomado el control de las prisiones.

En una de las operaciones que siguieron a la revuelta en Guayaquil se hallaron “armas de fuego, cuchillos, machetes, teléfonos celulares y drogas. Las armas fueron utilizadas en las agresiones entre los internos”, afirmó el fiscal local Carlos Vaca.

Ecuador tiene alrededor de 60 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 29.000 personas, pero la sobrepoblación ronda el 30%.

Hoy hay cerca de 38.000 reclusos bajo la custodia de unos 1.500 guardias. Según expertos, se necesitan 4.000 para ejercer un control efectivo de las cárceles.

El gobierno intentó contener la violencia carcelaria decretando un estado de excepción que estuvo vigente hasta noviembre. Apoyado en esa medida, envió a militares para reforzar la vigilancia.

Pero solo en 2020 hubo 103 asesinatos en las prisiones, según la Defensoría del Pueblo, que reportó un aumento de las muertes violentas.

Fuente: AFP.