La represión de los militares birmanos contra los manifestantes que protestan contra su golpe de Estado causó el viernes una primera víctima mortal, con el fallecimiento de una mujer que fue herida de bala, en un contexto de creciente presión internacional contra la junta.

Mya Thwate Thwate Khaing, empleada de una tienda de comestibles, recibió un disparo en la cabeza el 9 de febrero, en una manifestación contra el golpe de Estado en NaiPyidó, la capital administrativa de Birmania. El jueves pasado, cuando cumplió 20 años, estaba en coma en el hospital.

Los enfrentamientos estallaron aquel día cuando las fuerzas de seguridad empezaron a lanzar balas de goma contra los manifestantes. Los médicos del hospital de la ciudad dijeron entonces a la AFP que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad por balas reales, una de ellas la joven fallecida este viernes. Buena parte del país se rebeló cuando la junta derrocó a la jefa del gobierno civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero, y desde entones la mantiene en arresto domiciliario.

Las presiones se han multiplicado sobre los militares, que hasta ahora hacen oídos sordos frente a las múltiples condenas y sanciones internacionales. Reino Unido, antigua potencia colonial, anunció el jueves que sancionaba a tres generales birmanos por “graves violaciones de derechos humanos”.

Canadá, por su parte, sancionará a nueve responsables militares birmanos, y acusó a la junta de haber llevado a cabo “una acción sistemática de represión a través de medidas legislativas coercitivas y el uso de la fuerza”. El jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, se ha convertido en un paria internacional tras los atropellos cometidos contra los musulmanes rohinyás en 2017.

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La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que Washington bloquearía el acceso de los generales a un fondo de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Los grupos de defensa de derechos humanos se congratulan por estas iniciativas, pero creen que hay que ir más lejos. Las sanciones “no son suficientes para pedir cuentas a los militares y socavar su fuerza económica” observó Paul Donowitz, de la oenegé británica Global Witness. “Esperamos un anuncio de sanciones de la Unión Europea el lunes”, precisó Thinzar Shunlei Yi, uno de los militantes que lanzó la campaña de desobediencia civil.

Pese a la dura represión, prosiguen los llamados a la desobediencia civil con numerosas manifestaciones y huelgas. El país ha sufrido cortes de internet por quinta noche consecutiva, según una organización especializada instalada en Reino Unido, indicando que hubo una reanudación del servicio el viernes a las 9:00 locales.

A esa hora ya se habían congregado centenares de personas en las grandes avenidas de Rangún, la mayor ciudad del país, con retratos de Aung San Suu Kyi, y pidiendo “libertad para nuestra líder”. En la remota región de Sagaing, los manifestantes desfilaron en la ciudad de Monywa, con tres dedos de la mano levantados, signo de rebelión. La junta sigue deteniendo a aliados de la exjefa de gobierno, así como a funcionarios que participan en el movimiento de protesta.

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La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), con sede en Rangún, denunció más de 520 arrestos desde el golpe militar del 1 de febrero. Los militares justifican su golpe alegando fraude en las elecciones legislativas de noviembre ganadas masivamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.

La Premio Nobel de la Paz, de 75 años, que no ha sido vista desde su arresto domiciliario, está acusada por motivos no políticos, como importar ilegalmente talkie-walkies y haber violado “la ley sobre la gestión de catástrofes naturales”. Debe comparecer ante la justicia el 1 de marzo.

Fuente: AFP.