Tras el golpe de Estado en Birmania, los expertos se preguntan sobre las motivaciones de los militares y evocan el riesgo del aislamiento internacional, una crisis económica agravada por la pandemia y ver tambalear un sistema político históricamente controlado por el ejército.

“El golpe de Estado fue una sorpresa”, afirma Sophie Boisseau du Rocher, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. “Hacía tiempo que había fricciones entre el gobierno civil y los militares, pero no pensábamos que fueran a actuar tan repentinamente”.

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Los acontecimientos --el despliegue de soldados y vehículos blindados alrededor del parlamento, el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi, jefa de Estado de facto del país, y la oleada de detenciones-- despiertan muy malos recuerdos entre los birmanos que vivieron bajo el yugo de la dictadura militar durante casi 50 años desde la independencia del país, en 1948.

Los generales justificaron su golpe por las irregularidades en las elecciones parlamentarias de noviembre, ganadas mayoritariamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, irregularidades desmentidas por la comisión electoral. El golpe desencadenó numerosas condenas internacionales, incluida la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que amenazó con sanciones.

Estos sucesos “dañan considerablemente la imagen del país, ya empañada por la tragedia de los musulmanes rohinyás”, dijo Sebastian Strangio, autor de varios libros sobre el sudeste asiático.

Más de 750.000 rohinyás huyeron en 2017 de los abusos del ejército para refugiarse en Bangladés, una crisis que ha llevado a Birmania a ser acusada de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU.

El golpe también destruye el frágil equilibrio entre el gobierno civil y los militares, que era sin embargo en gran medida favorable a los militares. El ejército se hizo una Constitución a medida, aprobada en 2008, que le permite mantener un fuerte control de la política birmana, incluso cuando no está en el poder.

Los militares controlan tres ministerios (Ejército, Seguridad Interior y Fronteras) y el 25% de los escaños del parlamento y también están presentes, a través de poderosos conglomerados, en la economía del país.

“La relación entre el gobierno y el ejército era complicada”, afirma a la AFP Hervé Lemahieu del instituto Lowy en Australia. “Este régimen híbrido, no autocrático del todo ni completamente democrático, se ha derrumbado bajo el peso de sus propias contradicciones”.

Había numerosos puntos de discordia. Aung San Suu Kyi no era elegible para el puesto de presidente, según la Constitución. Pero el cargo que se inventó a su medida (Consejera de Estado) para dirigir de facto el país no gustó nada a los generales.

También se produjeron desacuerdos sobre las conversaciones de paz con las facciones rebeldes y la reforma constitucional a la que se oponía el ejército y que era una prioridad de la nueva legislatura para la LND.

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La victoria masiva (más del 80% de los escaños) de la Liga Nacional para la Democracia en las elecciones de noviembre “exacerbó aún más las tensiones, convenciendo al jefe del ejército, Min Aung Hlaing, de que la Constitución ya no era un baluarte suficiente” para proteger las prerrogativas de los militares, dijo Strangio.

El general, que ahora concentra el poder, está cerca de la jubilación y los expertos creen que este golpe también le permite satisfacer sus ambiciones políticas personales. Por el momento, el ejército parece poco preocupado por las condenas internacionales, especialmente porque China se ha limitado a pedir a las partes que “solucionen sus diferendos”.

“No creo que el riesgo de oprobio internacional preocupe a los altos mandos”, afirma Renaud Egreteau, experto en Birmania de la Universidad de Hong Kong. Su principal prioridad es tratar de encontrar una salida a la “casi mítica Aung San Suu Kyi”, que sigue siendo venerada en su país, asegura.

Los birmanos volvieron este miércoles a las calles por quinto día consecutivo pese a la violenta represión y el ataque nocturno del ejército contra la sede del partido de Aung San Suu Kyi, que muestra la determinación de los generales golpistas ante los llamados a restablecer la democracia.

Decenas de miles de personas, según varias estimaciones, marcharon este miércoles por el centro de Rangún, la capital económica del país, pese al recrudecimiento de la represión el martes. “Haremos cualquier cosa para rechazar al gobierno militar”, dijo a la AFP Kyaw Kyaw, un empleado de hotel.

“No queremos dictadura. Tengo un poco de miedo después de la represión de ayer”, dijo por su parte el estudiante Khin Nyein Wai. Varios miles de personas se concentraron también en Naipyidó, capital administrativa de Birmania, en el centro del país.

En el estado de Kayah, en el este, algunos policías se unieron a los manifestantes, según medios locales. La ONU condenó el martes el uso “desproporcionado” e “inaceptable” de la fuerza del ejército, que el 1 de febrero perpetró un golpe de Estado y puso fin a diez años de experimento democrático.

El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, condenó el uso de la fuerza y aseguró que la policía había disparado contra una mujer en Naipyidó, que resultó herida de bala. En las redes sociales, los internautas compartieron masivamente las imágenes que recogían esta acción policial.

“Pueden disparar contra una mujer, pero no pueden robar la esperanza y la determinación de un pueblo”, escribió el miércoles Tom Andrews. “El mundo se solidariza con los manifestantes de Birmania”.

Según explicó el miércoles por la mañana un médico del hospital de Naipyidó, la joven, Mya Thwe Thwe Khin, herida en la cabeza, está en “cuidados intensivos pues necesita ayuda para respirar y sigue inconsciente”.

El martes, un médico aseguró que las fuerzas de seguridad dispararon munición real a juzgar por las heridas que sufrieron dos jóvenes hospitalizados en estado crítico. En Mandalay (centro), la segunda ciudad del país, la policía lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes que enarbolaban banderas de la Liga Nacional para la Democracia (LND), la formación de Aung San Suu Kyi.

Según la LND, los militares allanaron los locales de esa formación en Rangún. “El dictador militar entró y destruyó el cuartel general de la LND hacia las 21H30” (15H00 GMT), dijo el partido en su página de Facebook, mientras en varias ciudades del país las fuerzas de seguridad reprimían las manifestaciones con cañones de agua y disparos de balas de goma.

Un miembro de la LND, Soe Win, declaró el miércoles a la AFP que un vigilante había visto el allanamiento a través del sistema de videovigilancia por control remoto, pero que no había podido intervenir a causa del toque de queda.

Por la mañana, constataron que habían forzado las cerraduras. Dentro de la sede, cortaron cables de la red eléctrica y del servidor, faltaba material informático y los documentos bancarios habían desaparecido de la caja fuerte. Según Soe Win, el partido prevé denunciar los hechos ante la policía.

Las autoridades prohibieron el lunes por la noche todas la congregaciones de más de cinco personas en Rangún, Napypidó y otras ciudades y decretaron un toque de queda. En los últimos días, centenares de miles de manifestantes salieron a las calles del país, pidiendo la liberación de los detenidos, el fin de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, hecha a medida del ejército.

Desde el golpe de Estado, el 1 de febrero, el número de personas detenidas hasta este miércoles ascendía a 190, según una oenegé que ayuda a presos políticos. Este viento de protesta no se veía desde 2007, cuando la “Revolución de azafrán” liderada por monjes fue violentamente reprimida por los militares.

El riesgo de represión es real en el país que ya ha vivido cerca de 50 años bajo la férula militar desde su independencia en 1948. El golpe de Estado fue condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y muchos otros países.

Nueva Zelanda anunció que suspendía sus relaciones militares y políticos de alto nivel con Birmania, convirtiéndose en el primer país en tomar medidas para aislar a la junta. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará el viernes una sesión especial para analizar estos acontecimientos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó por su parte a la liberación de los detenidos.

Fuente: AFP.