Una funcionaria administrativa de la seguridad social de Ecuador fue destituida por haber recibido una de las primeras vacunas contra el coronavirus, que estaban destinadas exclusivamente para médicos de primera línea y ancianos, indicó el sábado la autoridad competente.
“Se procedió a la inmediata destitución. Ella no está en los listados que maneja el MSP (Ministerio de Salud Pública) y el IESS y no aceptaremos que nadie se meta por la ventana”, dijo en Twitter el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated.
La trabajadora, encargada de las relaciones públicas del hospital quiteño Carlos Andrade Marín, el más grande del IESS, apareció en redes sociales recibiendo la primera dosis del medicamento cuando “la vacunación es estrictamente para quienes el MSP establezca”, advirtió el directivo.
Ecuador adquirió alrededor de 2,1 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, de las cuales 86.000 llegarán de manera progresiva hasta febrero.
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Un primer lote de 8.000 inyectables, que arribó el miércoles, empezó a aplicarse en hospitales al personal de primera línea contra el coronavirus, que deja 238.232 contagios, incluidos 14.596 muertos en esta nación andina de 17,4 millones de habitantes.
El presidente Lenín Moreno anticipó que en esta etapa inicial la vacunación atenderá “los parámetros de selección previamente establecidos” y que no permitirá “cambios de último momento de beneficiarios”, por lo que advirtió que “los infractores serán depuestos de sus cargos y judicializados”.
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Mientras tanto, seguía la fase inicial de inmunización entre el personal médico y a personas de centros geriátricos en Quito, Cuenca (sur) y el puerto de Guayaquil (suroeste). El lunes se ampliará al resto del territorio.
A partir de marzo, Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia en la región, arrancará con la etapa masiva de vacunación gratuita que será reforzada con otros 16 millones de dosis de varios laboratorios y a través de la iniciativa Covax de la OMS. Ecuador espera inmunizar a nueve millones de personas, la mitad de su población.
Fuente: AFP.
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Funcionaria no declaró acciones en empresa mimada por Prieto
Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, no presentó declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto. Según los documentos aportó el equivalente a cien meses de su salario para ser accionista de la firma.
- Por Juan Carlos Lezcano.
La funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este Lumma Silva Battochi, del área de la secretaría, además aparece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió más de USD 1,5 millones de contratos con la comuna esteña en poco más de un año.
De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
Básicamente, para poder cumplir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gastar siquiera en comida o servicios básicos.
NO PRESENTÓ DD. JJ.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Contraloría General de la República (CGR), Lumma Silva Battochi no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extrapoder.
Fuentes de la CGR confirmaron a LN que la funcionaria inició el proceso digital para presentar su primera manifestación de bienes, pero no cumplió con el paso de presentar la versión física del documento, algo que se debe realizar cuando se cumple con esta obligación constitucional por primera vez.
Actas posteriores revelan que, a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Battochi ya había ingresado a la comuna esteña.
Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanastra, la funcionaria comunal.
De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.
Tampoco existen registros de que Silva Battochi haya presentado declaración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vínculos con la institución en la que cumple funciones.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y Prieto le adjudicó G. 10.706 millones en contratos para obras en menos de 2 años.
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Funcionaria municipal aparece ligada a firma mimada por Prieto
Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.
- Por Juan Carlos Lezcano
Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.
Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administración Prieto y a la que adjudicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fondos provienen del Fonacide.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Como actividades secundarias declararon “construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción”. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Entre los accionistas de la asamblea del cambio de denominación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Battochi, quien como mencionamos líneas arriba es la funcionaria denunciada.
CERCANOS A PRIETO
Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Graciela Benítez.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
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Ecuador aprueba la extradición en referendo
La extradición en Ecuador impulsada por el presidente Daniel Noboa como medida de lucha contra el crimen organizado fue aprobada el domingo por un 72% de la votación en una jornada violenta, según un sondeo a boca de urna divulgado en vivo por el canal Teleamazonas.
El Sí a favor de la extradición, una de las once preguntas propuestas por Noboa, recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% de la votación total, incluidos blancos y nulos, según la encuesta a boca de urna de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno, de acuerdo con la televisora.
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Principales puntos
Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán “Sí” o “No”, serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.
Referendo
- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.
Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.
- Permitir la extradición.
La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.
- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.
- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.
En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.
- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.
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Consulta popular
- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.
Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.
- Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.
- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.
- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.
- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).
De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial. En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.
Fuente: AFP.
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Ecuador: asesinan a director de cárcel en medio de referendo
El director de una cárcel de la costera provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, fue asesinado a tiros este domingo, cuando se celebra un referendo para endurecer la guerra contra el crimen organizado, informó el servicio penitenciario (SNAI).
Damián Parrales, director de Centro de Privación de Libertad Manabí número 4, conocido como El Rodero, “fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida”, señaló el organismo en un comunicado. En Ecuador las prisiones son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre presos que dejan más de 460 fallecidos desde 2021.
Los ecuatorianos votan este domingo para decidir en referendo si dan luz verde a la extradición y se endurecen las penas contra narcotraficantes, bajo un clima de terror por el asesinato de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y una crisis eléctrica.
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Unos 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, para quien la consulta popular será un termómetro de cara a una eventual reelección en febrero próximo.
Con camisa blanca y pantalón oscuro, el gobernante sufragó en el balneario costero de Olón (suroeste), bajo un fuerte resguardo militar. Noboa, quien se retiró sin dar declaraciones, recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del CNE previsto para esta noche.
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El referendo “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado”, dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17:00 locales (22:00 GMT) tras diez horas de votación.
La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Un 59% del electorado estaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza, en un país con voto obligatorio. La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.
Fuente: AFP.