Desde finales del 2019, Líbano ha estado lidiando con su peor crisis económica en décadas, tensiones sociales y agitación política. Además de eso, y tras la llegada de la pandemia del COVID-19 a principios del 2020, una gran explosión arrasó con Beirut, la capital, en agosto.

Estas crisis sobrepuestas han exacerbado la vulnerabilidad de las personas y han empujado a miles a la pobreza. Todo esto se suma a una situación precaria y prolongada para las personas desplazadas. Este pequeño país alberga al mayor número de personas refugiadas per cápita del mundo.

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“Esta situación ha agravado las necesidades de la población”, asevera la Dra. Caline Rehayem, coordinadora médica adjunta de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Líbano. “La presión socioeconómica, sobre todo, ha hecho que el costo de los productos básicos, incluyendo los alimentos, sea cada vez más difícil de pagar para muchas personas”.

“Los honorarios médicos también se han vuelto prohibitivos para los grupos vulnerables del país”, dice el Dr. Rehayem. “Se espera que este contexto empeore las condiciones de salud de las personas y el acceso a la atención, y nuestros equipos sobre el terreno ya han comenzado a observar signos de deterioro”.

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Durante el año pasado, el personal que trabaja en las clínicas de MSF ha observado un aumento de la vulnerabilidad entre nuestros pacientes. Muchos de ellos y ellas están experimentando problemas financieros relacionados con la situación económica del país, que en algunos casos están teniendo un impacto en su capacidad para seguir adecuadamente su tratamiento. El impacto en el bienestar psicológico de las personas también es notable y es una gran preocupación para Médicos Sin Fronteras.

Según la ONU, más de la mitad de la población de Líbano está atrapada en la pobreza, casi el doble de la tasa que había el año pasado. En cuanto a la población refugiada siria que vive en el país, se estima que el 89% vive por debajo del umbral de pobreza extrema.

Esto significa que viven con menos de 10.000 libras libanesas por persona por día, el equivalente a alrededor de US$ 1, según la tasa de negociación no oficial actual en el mercado. Un número creciente de libaneses ha estado llamando a las puertas de las clínicas de MSF durante el último año, al no ser capaces de cubrir sus gastos médicos, especialmente en áreas remotas.

En nuestra clínica en Hermel, en la parte norte del Valle de Bekaa, el número de pacientes con enfermedades no transmisibles que solicitaron nuestros servicios se duplicó con creces entre el 2019 y 2020. En Arsal, otra ciudad del valle de Bekaa, el número de consultas pediátricas para pacientes libaneses en nuestra clínica también aumentó en un 100 por ciento en un año.

El sistema de salud altamente privatizado del Líbano ya era una barrera importante para las personas más vulnerables del país, que luchaban por acceder a una atención asequible. La tasa de inflación anual, que aumentó al 133 por ciento en noviembre de 2020, afectó tanto a la población libanesa como a la población refugiada, y ha afectado directamente su capacidad para acceder a la atención médica.

“Hace dos meses, mi esposo perdió su trabajo. Siempre hemos sido pobres, pero al menos antes podíamos lidiar con los gastos”, relata Fátima, una mujer libanesa de 58 años que vive en Hermel, tiene diabetes y sufre graves complicaciones a causa de su enfermedad.

“Comemos principalmente lentejas, trigo bulgur y papas, muchas papas. No es una dieta muy buena para mi condición médica, pero eso es todo lo que podemos pagar. Sin MSF, tendría que depender de la caridad de las personas para obtener mis medicamentos “.

Se recomienda a las personas con diabetes que sigan una dieta adecuada para ayudar a controlar su nivel de azúcar en sangre y reducir los riesgos de desarrollar complicaciones. Sin embargo, en las clínicas de MSF en todo el país, ver a pacientes que reportan tener dificultades para acceder a alimentos básicos como la carne, el pollo e incluso algunas verduras debido a problemas económicos, se ha convertido en una realidad diaria.

Ahmed es un refugiado sirio que vive en un asentamiento informal de tiendas de campaña en las afueras de Arsal. Hace cuatro meses, a su hija menor, Zeinab, le diagnosticaron anemia. “Se veía muy enferma. Estaba muy pálida y comía muy poco”, relata.

“El médico le recetó un suplemento de hierro y nos aconsejó que la alimentáramos con más verduras y frijoles, pues ya no podemos pagar la carne. Todo se ha vuelto al menos cuatro veces más caro y la situación sigue empeorando”.

La pandemia del COVID-19 que azotó el país en la primavera y que fue seguida de la gran explosión en el puerto de Beirut en agosto del 2020, ha empeorado la terrible situación en Líbano. El frágil sistema de salud pública, que ya enfrentaba una escasez regular de medicamentos y otros suministros médicos debido a la crisis financiera, se ha visto aún más afectado.

La explosión de agosto, que dejó miles de personas heridas y desplazadas, también destruyó la infraestructura sanitaria, incluyendo varios hospitales.

Además, el almacén central del Ministerio de Salud, donde se almacenan todos los suministros médicos nacionales, resultó gravemente dañado. Una encuesta que los equipos de MSF realizaron en una muestra aleatoria de 253 pacientes con enfermedades no transmisibles, consideradas como parte de la respuesta de emergencia posterior a la explosión, mostró que el 29 por ciento de estas personas ya había interrumpido o racionado su medicación antes de la explosión.

Casi la mitad de esos pacientes mencionaron las dificultades financieras como la principal razón para esa interrupción; mientras que el 11 por ciento dijo que se debía a la escasez de medicamentos. “Cuando voy al centro de salud, a menudo me dicen que no hay medicamentos disponibles.

Desde agosto del 2020, Médicos Sin Fronteras ha intensificado sus esfuerzos para responder a la respuesta ante el COVID-19 en Líbano y apoyar al sistema nacional de salud para hacer frente a la pandemia. Ha convertido temporalmente su hospital en Bar Elias, en el Valle de Bekaa, en una instalación para tratar COVID-19 y apoya a un centro de aislamiento en Sibline, en el sur del país.

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