El Tribunal Supremo británico aceptó pronunciarse sobre el oro de Venezuela guardado en el Banco de Inglaterra cuyo control se diputan Nicolás Maduro y Juan Guaidó, pero el caso tendrá que esperar hasta la segunda mitad de 2021.

“La orden del Tribunal Supremo que da a Guaidó permiso para apelar fue emitida ayer (por el 10 de diciembre pasado) por la tarde, aún no tenemos una fecha para la audiencia pero no se espera que tenga lugar hasta la segunda mitad de 2021”, dijo a la AFP Jane Wessel, abogada del gabinete que representa a la oposición venezolana, en diciembre último.

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Por su parte, el abogado de la administración Maduro, Nicholas Vineall, aseguró que este complejo caso, en que la justicia británica ya había dado la razón al líder opositor para luego quitársela, podría ahora tener que esperar hasta “octubre o noviembre del año que viene”.

Por una orden de la Corte de Apelación emitida en octubre, la magistrada Sara Cockerill, del juzgado comercial de la Alta Corte de Londres, debía determinar si la justicia volvía a preguntar al gobierno de Boris Johnson a cuál de los dos rivales políticos reconoce como “presidente de facto” de Venezuela.

Sin embargo, la juez decidió que dado que el Tribunal Supremo autorizó la víspera revisar ese fallo “sería inapropiado seguir adelante” con un procedimiento paralelo. “Así que anularemos las vistas que teníamos previstas en enero y abril y esperaremos a lo que el Tribunal Supremo tenga que decir en su debido momento”, afirmó.

El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva más de dos años intentando sin éxito recuperar unas 30 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos de un régimen que califica de “cleptócrata”.

Con el argumento de necesitar el dinero para combatir la pandemia de COVID-19, Caracas se querelló en mayo contra el Banco de Inglaterra y aseguró que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria.

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La institución, que custodia fondos para numerosos países, dijo sin embargo encontrarse atrapada entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.

En julio el juzgado comercial falló a favor de la oposición, considerado que el reconocimiento de Guaidó por Londres como presidente encargado le otorgaba el poder de decir el futuro de los fondos. Londres aplicó sanciones contra tres militares venezolanos por violaciones de derechos humanos, un hecho que Caracas vinculó con la disputa legal por el oro.

“Surge la duda razonable sobre la relación entre estas decisiones y el secuestro de 32 toneladas de oro del pueblo venezolano en ese país, gracias a la actitud irresponsable de las instituciones británicas”, reseñó un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano.

El fallo del juzgado comercial fue anulado en octubre por la Corte de Apelación, que consideró ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, cuando en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como “presidente interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles”.

Tres jueces consideraron que podía tratarse de una mera declaración política y que era posible que el ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo “de facto” a la administración de Maduro. Londres anunció el lunes que “no reconocerá la legitimidad” de la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones del domingo -boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%- que devolvieron el control del parlamento a Maduro.

Y reiteró en un comunicado su apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Sin embargo, sigue manteniendo su embajada en Caracas y relaciones diplomáticas mínimas con la administración bolivariana.

La existencia de dos “presidentes” rivales lleva tiempo dificultando que el gobierno venezolano pueda acceder a los fondos del país en el sistema financiero internacional. Si el Tribunal Supremo acaba dando la razón a la junta ad hoc nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.

Fuente: AFP.