La pandemia redujo las emisiones contaminantes en todo el planeta, pero no evitó nuevos registros alarmantes de deforestación de las selvas de América Latina ni dio tregua a los defensores del medio ambiente, que continuaron siendo asesinados.

“La Amazonía está mucho más amenazada que hace ocho años” debido al “avance de las actividades de extracción, de los proyectos de infraestructura, así como de los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono”, advirtió recientemente un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

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El área deforestada de la mayor selva tropical del mundo se triplicó entre 2015 y 2018. Y la deforestación continuó: entre agosto de 2019 y julio de 2020, aumentó un 9,5% respecto del mismo periodo previo, un segundo récord consecutivo en 12 años. En este período se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados de bosques y selva, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), más de siete veces la superficie de Ciudad de México.

“A causa de la deforestación, Brasil debe ser el único gran emisor de gases de efecto invernadero que incrementa sus emisiones el año en que la economía global paró debido a la pandemia”, estimó el Observatorio del Clima, una coalición de oenegés brasileñas enfocadas en el cambio climático.

Esta y otras organizaciones y expertos han responsabilizado reiteradamente del incremento de la tala y la quema al presidente Jair Bolsonaro y su discurso a favor de actividades extractivas y del agronegocio en áreas protegidas. El balance del INPE, estimó el Observatorio, “refleja el resultado de un proyecto exitoso en aniquilar la capacidad del estado brasileño y de los órganos de fiscalización que cuidan nuestra selva y combaten el crimen en la Amazonía”.

Los incendios provocados para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas se sumaron a una sequía prolongada, atribuida en parte a los efectos acelerados del propio cambio climático. En el Pantanal, el humedal más grande del planeta, que se extiende por Brasil, Paraguay y Bolivia, la sequía fue de las más severas en casi medio siglo.

También los fuegos. Imágenes de árboles calcinados y de caimanes, pájaros y serpientes carbonizados dieron la vuelta al mundo: una cuarta parte de la zona quedó devastada por las llamas entre enero y septiembre. Los incendios marcaron máximos también en la región aledaña del Gran Chaco (Bolivia, Paraguay y Argentina), el segundo espacio vegetal de Sudamérica después de la Amazonía.

En el Delta del Paraná, en Argentina, otro vasto humedal donde existe una rica variedad de especies animales y vegetales, los incendios se incrementaron un 170% este año, dijo Elisabeth Möhle, investigadora en políticas ambientales de la Universidad Nacional de San Martín.

“Han muerto reptiles, aves migratorias, pequeños mamíferos, tortugas”, detalló a la AFP el naturalista argentino César Massi. “Durante la anterior sequía en 2008 hubo incendios, pero este año ha sido más fuerte, más intenso y más extendido en el tiempo”. Las pérdidas de biodiversidad, coinciden expertos, son difíciles de cuantificar.

A mediados de junio, la Amazonía perdió a uno de sus más ardientes defensores, el cacique brasileño Paulinho Paiakan, fallecido por COVID-19 a los 65 años. Pero no solo el coronavirus significó un peligro. Indígenas, campesinos y otros activistas denunciaron amenazas por enfrentarse a intereses de mineras, madereras, agronegocios, empresas eólicas, hidroeléctricas o gasoductos.

Nueve de los 20 países con más homicidios de defensores del medio ambiente en el mundo el año pasado fueron latinoamericanos, según Global Witness, una ONG que documenta estos crímenes desde hace casi una década. Colombia, Brasil, México y Honduras encabezaron la lista.

En un informe presentado en marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Michel Forst, entonces relator especial sobre los defensores de derechos humanos, declaró que ambientalistas, campesinos, afrodescendientes e indígenas en Colombia sufren violaciones y abusos “cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos”.

Honduras fue otro punto caliente de esa violencia. Varios activistas de ese país corrieron en 2020 la misma suerte que Berta Cáceres, la reconocida ambientalista asesinada en 2016 por oponerse a una represa.

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En abril, la dirigente campesina Iris Álvarez Chávez murió en manos de unos guardias de seguridad durante un desalojo violento de tierras en el sur del país. La lista de hondureños siguió creciendo: Marvin Castro Molina; Roberto Antonio Argueta; José Antonio Teruel, su esposa Francisca Aracely Zelaya y su cuñado Marco Tulio Zavala... todos asesinados.

En septiembre, Óscar Eyraud Adams, un kumiai que se oponía al acaparamiento del agua por parte de una firma cervecera en el municipio mexicano de Tecate, fue muerto a balazos. Más de dos tercios de los 212 homicidios de activistas de 2019 se produjeron en América Latina, la región más afectada por ese tipo de violencia, según Global Witness. La tendencia apunta a perpetuarse en 2020.

Fuente: AFP.