El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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A principios de setiembre, la Cámara de Comercio Paraguayo Británica, en conjunto con la Red de Exportaciones e Inversiones (Rediex), realizó un conversatorio denominado “Oportunidades de comercio entre Paraguay y Reino Unido - Grado de inversión”, donde autoridades locales y diplomáticos hablaron sobre la coyuntura económica del país y cómo fortalecer las relaciones comerciales con Reino Unido.

El embajador de Reino Unido en Paraguay, Ramín Navai, expresó que las relaciones comerciales y bilaterales entre los gobiernos son fundamentales, y que gracias a la cámara se avanzó mucho, pero aún queda mucho por hacer. “El intercambio del comercio está creciendo, pero necesitamos más inversión británica acá en Paraguay y es en lo que yo estoy enfocado”, señaló.

Por su parte, Walter Ismachowiez, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica, dijo que al margen de celebrar la Semana Británica o “British Week”, este conversatorio fue llevado a cabo con el objetivo de saber cuál es el futuro que le depara a Paraguay a partir del grado de inversión y cómo seguir trabajando comercialmente con Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

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En este evento también fue lanzado un informe elaborado por Rediex, en el que se detalla el potencial económico que se puede lograr ampliando los lazos comerciales con Reino Unido. Indicaron que se puede obtener un volumen de exportaciones de hasta USD 900 millones anuales en productos clave como derivados de la soja, carne, arroz, entre otros productos.

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), el saldo de las inversiones directas de Inglaterra en el país en el 2022 fue de USD 257 millones, donde se destacan los sectores de comercio, minería y producción de papel. También se encuentran los rubros de transporte e intermediación financiera, los sectores de servicios inmobiliarios y servicios a las empresas.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, enfrentado a los peores disturbios ocurridos en el Reino Unido en 13 años, preside este lunes una reunión de crisis tras un fin de semana de gran violencia ultraderechista contra mezquitas e inmigrantes.

El final del fin de semana y los cientos de detenciones efectuadas por la policía suscitaron esperanzas de una vuelta a la calma en un país conmocionado por las imágenes de los últimos días: ataques a albergues de solicitantes de asilo y mezquitas, saqueo de comercios, enfrentamientos con la policía.

La violencia estalló tras un ataque con cuchillo que se cobró la vida de tres niñas hace una semana en el noroeste de Inglaterra. Fue alimentada por rumores y especulaciones en internet sobre la identidad del sospechoso, difundidas por “influencers” de ultraderecha.

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Tras adoptar una postura dura en los últimos días contra quienes calificó de “matones de ultraderecha”, Starmer convocó al gabinete de crisis, compuesto por ministros y representantes de la policía, a última hora del lunes en su residencia oficial de Downing Street, en Londres.

El domingo por la tarde, el primer ministro acudió a la televisión para asegurar a los alborotadores que “lamentarán” haber participado en los altercados de los últimos días, directa o indirectamente, “al haber provocado estas acciones en internet”.

El líder laborista, un exabogado de derechos humanos y exresponsable de la fiscalía británica que llegó a Downing Street en julio, prometió que su gobierno hará “todo lo necesario” para llevarlos ante la justicia cuanto antes. La violencia supone un gran reto para Starmer, elegido hace sólo un mes tras liderar la aplastante victoria de los laboristas sobre los conservadores.

Diputados de todo el espectro político le han instado a que convoque al parlamento, actualmente en receso estival, incluidos la exministra del Interior ultraconservadora Priti Patel y el ultranacionalista líder de Reform UK, Nigel Farage, conocido por sus posturas antiinmigración.

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Desde el ataque con cuchillo del pasado lunes en Southport, en el noroeste de Inglaterra, se multiplicaron los disturbios y los enfrentamientos entre la policía, los manifestantes y, en ocasiones, los contramanifestantes antirracistas en numerosas ciudades británicas, desde Liverpool en el noroeste hasta Bristol en el suroeste, pasando por Leeds y Sunderland, en Inglaterra, o Belfast en Irlanda del Norte.

El domingo, estas concentraciones, bajo el lema “Ya es demasiado” en referencia a la llegada al Reino Unido de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en barcas neumáticas, desembocaron en ataques contra dos hoteles que albergaban a solicitantes de asilo.

En Rotherham, en el norte de Inglaterra, varios centenares de personas se concentraron, rompieron ventanas, provocaron incendios y lanzaron proyectiles contra los agentes de policía, mientras otros gritaban consignas como “Expúlsenlos”. Al menos diez policías resultaron heridos, pero ningún empleado del hotel ni ningún huésped, según la policía local.

En Tamworth, cerca de Birmingham, en el centro del país, la policía dijo que había intervenido cerca de un hotel que había sido atacado por un “gran grupo de individuos”. “Lanzaron proyectiles, rompieron ventanas, prendieron fuego y atacaron a la policía”, agregó. El Reino Unido no vivía una ola violencia de este tipo desde 2011, tras la muerte de un joven mestizo, Mark Duggan, a manos de la policía en el norte de Londres. Según los medios británicos, más de 400 personas han sido detenidas en la última semana.

La policía ha responsabilizado en particular a la English Defense League, un grupo de ultraderecha creado hace 15 años, cuyas acciones contra la inmigración se han visto a menudo marcadas por exabruptos. En términos más generales, algunos comentaristas y responsables políticos creen que el auge de la retórica antiinmigración entre los políticos británicos ha legitimado a los manifestantes.

Fuente: AFP.