La justicia de Rio de Janeiro ordenó este jueves el cierre de playas, hoteles y restaurantes en el paradisíaco balneario de Búzios, a 170 km de Rio de Janeiro, y dio 72 horas para que los turistas abandonen la ciudad, que vive un repunte de infecciones por coronavirus.
La medida generó protestas entre decenas de comerciantes y operadores del turismo local, que temen los efectos de un nuevo estancamiento de las actividades. “La Alcaldía no amplió el número de camas de hospitales” como había prometido, por lo que existe un “elevado riesgo de colapso de la red de salud y la necesidad de un aislamiento social completo”, escribió el juez Raphael Campos en su fallo.
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“Los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad aumentaron a 453 en siete días, con las mismas once camas de UTI” (Unidades de Tratamiento Intensivo), añadió el magistrado. La Alcaldía afirmó en un comunicado que cumplirá la orden, que tiene efecto inmediato y vigencia hasta fines de diciembre, mientras intenta revertirla en otras instancias judiciales.
Según datos del Ministerio de Salud, hay una curva ascendente de casos desde hace una semana, con más de 100 por primera vez desde junio el pasado miércoles 10 de diciembre. Decenas de trabajadores del sector comercial protestaron frente a la sede del juzgado con carteles que decían “Lockdown no” o “Buzios no cierra”, según mostró la prensa local.
El nuevo ministro de Turismo, Gilson Machado, también criticó la medida: “El sector no aguanta un nuevo confinamiento”, afirmó al asumir su cargo esta mañana. Búzios, una península con playas de agua cristalina, se volvió famosa en los años ’60 tras la visita de la actriz francesa Brigitte Bardot y hoy cuenta con numerosos hoteles de lujo y un polo gastronómico que mueven la economía para unos 30.000 habitantes.
Brasil vive desde noviembre un repunte de casos de coronavirus y el miércoles registró un récord diario de 70.500 infecciones nuevas, de un total de 7 millones de casos y 183.735 muertes notificadas desde el inicio de la pandemia. Rio de Janeiro, con 17 millones de habitantes, es el estado con mayor tasa de muertes: 140 cada 100.000 habitantes, frente a 87 de todo el país o 96 de Sao Paulo, el estado más poblado.
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Fuente: AFP
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Justicia de EE. UU. aplaza indefinidamente caso de Trump con Stormy Daniels
El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
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En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.
Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.
El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
Caso inédito
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.
El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.
El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.
Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.
Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.
Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.
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Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.
Fuente: AFP
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Préstamo para compra de Super Tucano debe pasar por el Congreso
La firma del acuerdo de préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la compra de seis aviones Super Tucano se realizó ayer martes en Brasil entre los ministros de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y de Brasil, Fernando Haddad.
Este acuerdo de préstamo fue autorizado por decreto del Poder Ejecutivo el pasado viernes 15 de noviembre por un valor de USD 101.606.009 para financiar la compra de las aeronaves de la empresa Embraer. Para su autorización este acuerdo debe pasar por el Congreso Nacional, de acuerdo al ministro de Economía en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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“Firmamos la intención del contrato de financiamiento que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social de Brasil, ahora podemos presentar al Congreso para su aprobación y con eso ya tener dispuesto los fondos que van a ser utilizados para la compra de los Tucano”, indicó.
El secretario de Estado sostuvo que la compra de los seis aviones Super Tucano hace parte de la proyección del Gobierno de fortalecer la Fuerza Aérea paraguaya en el marco de la protección del espacio aéreo y la lucha contra el crimen organizando y el narcotráfico, que será complementado con la adquisición de los radares.
Dotar de mayor seguridad
“Esto no es una cuestión aislada, porque vi también gente que criticaba la adquisición de los aviones, esto es todo un esquema de dotarle de mayor seguridad aérea al país que no tiene absolutamente en este momento, porque no tenemos aviones, ni tenemos radares. Ambas cosas nosotros estamos gestionando”, apuntó.
Fernández Valdovinos añadió que tanto con las aeronaves y los radares, Paraguay podría dejar de ser la ruta del tráfico. “Este préstamo es para la adquisición de los tucanos y después van a venir los radares, entonces finalmente Paraguay va tener protección aérea y vamos a dejar de ser lo que estuvimos convirtiéndonos recientemente, que es un lugar de tránsito para las drogas que se usan en otros países”, puntualizó.
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Brasil se acerca aun más a China: Lula recibe a Xi tras la Cumbre del G20
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe este miércoles en Brasilia a su par chino, Xi Jinping, para conversar sobre economía y comercio, después de que ambos se encontraron en la cumbre del G20 en Rio de Janeiro.
La visita de Estado del mandatario chino, con una multitud de acuerdos bilaterales previstos, buscará consolidar una robusta relación entre los dos gigantes del Sur global, en un mundo en “turbulencia”, en palabras de Xi. Xi espera sostener conversaciones con Lula “sobre una mejora de las relaciones entre China y Brasil promoviendo la sinergia de las estrategias de desarrollo de los dos países”, según la agencia estatal china Xinhua.
Brasil buscará diversificar sus exportaciones “con productos brasileños con mayor valor agregado”, dijo el secretario para Asia de la cancillería brasileña, Eduardo Paes. Con 160.000 millones de dólares en intercambio bilateral en 2023, China es el mayor socio comercial de Brasil. La potencia agrícola suramericana envía a China soja y otras materias primas, mientras el país asiático vende semiconductores, teléfonos, vehículos y medicamentos.
Xi se reunirá con Lula en la residencia presidencial de la Alvorada, bajo una fuerte presencia policial en el distrito gubernamental de la capital brasileña, una semana después de que un individuo cometiera lo que la policía investiga como un “acto terrorista” al hacerse estallar con explosivos frente a la corte suprema.
“Sur Global en ascenso”
La cita entre los líderes de China y Brasil, segundo y séptimo país en población en el mundo, respectivamente, se da en un marco internacional complicado, demostrado por los tímidos avances logrados por la cumbre del G20 en las guerras en Ucrania y Medio Oriente y la cuestión climática.
El regreso de Donald Trump augura un enfoque aislacionista y de más confrontación en la Casa Blanca, especialmente en el comercio con China. “El mundo está entrando en un nuevo período de turbulencia y cambio”, dijo Xi en Rio de Janeiro, al margen de la cumbre de las veinte principales economías.
“El Sur Global está en ascenso colectivo”, señaló el líder chino en un artículo publicado en la prensa brasileña previo a su visita. Xi llega a Brasilia después de sostener reuniones bilaterales con varios mandatarios al margen del G20 en Rio, entre ellos el argentino Javier Milei, fuerte aliado de Trump.
“Xi Jinping busca claramente llenar el vacío que surgirá con la elección de Trump, que no valora el multilateralismo”, dijo Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas.
El gobierno de Lula no obstante ha sido ambiguo frente a la iniciativa “Belt and Road” (Iniciativa de la Franja y la Ruta, IFR) para obras de infraestructura, un pilar de Xi para ampliar la influencia de China en el mundo, y que ha sido adoptada por otros vecinos latinoamericanos.
Brasil “intenta balancear su interés por una relación política, comercial y hasta militar cada vez más fuerte con China, con mantener una buena relación con Estados Unidos”, dijo a la AFP Evan Ellis, analista del centro de estudio CSIS en Washington.
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Proverbio chino
Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, dijo a la AFP que Washington alienta a Brasil a “evaluar con ojos abiertos los riesgos y beneficios de un acercamiento con China”. “Como dice un proverbio chino: quien usa unos zapatos es el único que sabe si realmente le van bien esos zapatos”, dijo en respuesta una fuente diplomática china.
“China y América Latina y el Caribe son los que tienen la última palabra sobre el desarrollo de su vínculo”, agregó.
Fuente: AFP
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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