La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), integrada por entidades de productores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, expresa su total desacuerdo y repudio a la decisión anunciada por el director general de la cadena multinacional de distribución de origen francés, Carrefour, Alexandre Bompard, de suspender la compra de carne del Mercosur.

“Esta actitud arbitraria, proteccionista y equivocada perjudica al bloque e ignora los estándares de sostenibilidad, calidad y cumplimiento que caracterizan la producción agrícola en sus países miembros”, expresa el documento. El gremio remarca que la carne en la región se produce bajo estrictos estándares socioambientales y sanitarios, en línea con los más exigentes estándares internacionales, demostrando ser líder mundial en prácticas de sostenibilidad en el sector agrícola.

Señalan que la decisión de Carrefour ataca injustamente la reputación de miles de productores rurales comprometidos con la seguridad alimentaria y la preservación del medioambiente, y, si bien las decisiones comerciales son competencia interna de las empresas, la postura pública del director general de Carrefour, va más allá de los límites aceptables.

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“Esta no es una decisión aislada, sino un ataque directo a la credibilidad y la contribución del sector agrícola del Mercosur a la seguridad alimentaria mundial”, sostiene la FARM de forma tajante. Solo en 2023, los países del Mercosur produjeron 38 millones de toneladas de carne vacuno, porcino y aves, de las cuales exportaron 11 millones.

Lo dicho evidencia que la región es el principal proveedor de proteína animal del mundo, y que la producción de alta calidad llega a más de 160 países, por lo que los productores rurales de la FARM y sus entidades representadas no aceptarán ataques injustificados. Se reservan el derecho de reaccionar con firmeza, ya sea por medios económicos o institucionales, para proteger la imagen y los intereses del sector agrícola en sus países.

Reafirman de esta manera el compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable, pilares del agronegocio en la región, y esperan que la citada cadena mundial de supermercados revise su anuncio y adopte una postura coherente con los principios de diálogo y respeto, que deben guiar las relaciones comerciales globales.

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El gerente comercial del banco atacado con explosivos, Jorge Woitchack, confirmó que ningún personal se encontraba en el lugar al momento de la explosión que ocasionó severos daños materiales al local. El directivo pidió reforzar la seguridad en todo el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

“Lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación. Es lo que nos toca hoy experimentar y por lo que tenemos como datos la sucursal fue dañada en términos edilicios de una forma bastante importante”, señaló a la 1020 AM. Expresó que la entidad no cuenta con mucha información aún sobre las pérdidas destacando que “lo más importante es daño a la gente no tuvimos”.

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“La sucursal no tenía ninguna presencia física de personal allí y solamente hubo daños materiales. Y se está haciendo el recuento, ya las autoridades están presentes y nosotros estamos llegando. Y más datos vamos a tener más tarde”, añadió.

Se excusó de proporcionar información sobre el dinero de la bóveda al mencionar que “se está relevando datos y no tenemos datos precisos todavía”. Esta es la primera vez que la sede de Bancop es atacada por delincuentes, por lo que el gerente abogó el refuerzo policial en la zona.

“Todos sabemos que Naranjal es una zona muy productiva, de mucha gente que se dedica a la producción agrícola principalmente. Y básicamente es una de nuestras sucursales agrícolas”, subrayó el gerente comercial de la entidad bancaria.

Garantizó que el banco cuenta con el respaldo de una compañía de seguro, aunque en todo momento se negó a adelantar si la bóveda fue vaciada por los malvivientes. “Ya es cuestión de las autoridades correspondientes y creo que lo estarán haciendo”, significó sobre la necesidad de reforzar la dotación de la Policía en este distrito del país.

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Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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La policía brasileña investiga como un “acto terrorista” el fallido ataque de un individuo que el miércoles pasado se hizo estallar frente a la corte suprema en Brasilia y cree que tiene “posibles conexiones” con la asonada de bolsonaristas del 8 de enero de 2023. Las explosiones ocurrieron antes de que Brasil acoja el lunes y el martes la cumbre de líderes del G20 en Rio de Janeiro, y el miércoles al presidente chino, Xi Jinping, en Brasilia.

El hombre murió cuando hizo estallar una bomba frente al Supremo Tribunal Federal (STF), en la Plaza de los Tres Poderes, contigua también con el palacio presidencial de Planalto y el Congreso. Su embestida no dejó otras víctimas. Su cadáver fue retirado el jueves por la mañana, constató la AFP. La policía identificó al atacante, cuyas motivaciones se desconocen, como Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, un excandidato a concejal por el Partido Liberal, actual formación del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en las municipales de 2020.

La plaza de los Tres Poderes fue escenario hace menos de dos años de una asonada contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por parte de bolsonaristas disconformes con la derrota electoral de su líder. La policía federal aseguró este jueves que investiga el ataque fallido como “un acto terrorista” y un intento de “abolición violenta del estado democrático de derecho”, hipótesis “no excluyentes”, indicó su director, Andrei Passos Rodrigues. “No es un hecho aislado”, dijo además Passos en rueda de prensa.

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Afirmó que existen indicios de una “planificación de largo plazo” y posibles “conexiones” con los episodios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando los simpatizantes bolsonaristas causaron graves daños a las tres sedes de poder. Un día después de las explosiones, el edificio del STF fue rodeada nuevamente de vallas de seguridad que no se veían desde febrero.

“¿Dónde perdimos la luz de nuestra alma afectuosa, alegre y fraterna ante la oscuridad del odio, la agresividad y la violencia?”, reflexionó durante una sesión del tribunal su presidente, Luis Roberto Barroso. Lula aún no se pronunció sobre el suceso. El jueves recibió a varios embajadores en Planalto, que entraron por un acceso lateral en vez de la rampa principal, constató la AFP. En un inusual mensaje conciliador, Bolsonaro llamó al “diálogo” y la “pacificación” de los brasileños, en un mensaje en redes sociales.

Alrededor de las 19:30 (22:30 GMT) del miércoles, un vehículo, que según la policía le pertenecía a Francisco Wanderley Luiz, estalló en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. “El individuo salió corriendo del interior del vehículo”, donde había “una especie de bomba, varios explosivos fraccionados, atados con ladrillos”, detalló el sargento Rodrigo Santos. Segundos después ocurrió otra explosión, que mató a Wanderley Luiz frente a la corte.

En un video de las cámaras de seguridad obtenido por la AFP, puede verse que el atacante lanzó artefactos explosivos en dirección al edificio del Supremo desde la explanada contigua, mientras dos guardias de seguridad intentaban abordarlo. Luego se echó al suelo y se autodetonó. Horas antes el mismo hombre había estado circulando por la Cámara de Diputados, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales.

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El atacante había llegado a la capital brasileña meses antes de su acción del miércoles y había alquilado una casa y un tráiler, donde fueron hallados más explosivos de fabricación “artesanal”. En su residencia también se encontró un mensaje escrito alusivo a los eventos del 8 de enero de 2023.

La policía determinó que el atacante había estado en Brasilia en aquella fecha, aunque aún se investiga si participó en la asonada. El poderoso juez del STF Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación de los episodios del 8 de enero y llamado de “dictador” por Bolsonaro, también asumió este jueves la del ataque fallido. Se trata del “peor ataque” contra el STF desde la asonada, afirmó.

Fuente: AFP.