Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, se hospeda en un alojamiento poco habitual: un motel normalmente usado para citas sexuales, con habitaciones dotadas de columpios y tubos de striptease. Como muchos delegados que llegaron a la ciudad colombiana de Cali, su reserva de hotel se frustró en el último momento y Rwetsiba tuvo que cambiar de planes.

Con los hoteles tradicionales a reventar, los moteles acudieron al rescate. Mientras enseña a la AFP su habitación en el Motel Deseos, el delegado señala la gran cama matrimonial, la ducha a ras del piso y un curioso elemento: un espejo en el techo. Algunas de sus prendas están colgadas en perchas a lo largo de la mampara de la ducha. Otras están dobladas en un pequeño pasadizo que atraviesa la pared y suele usarse para pasar discretamente bebidas a los enamorados sin molestarlos.

Las habitaciones en los moteles normalmente se alquilan por unas horas, y no suelen tener armarios. “No sé si he entendido bien lo que debe ser un motel, pero he visto algunas características únicas... Como el espejo del techo. Nunca lo había visto en un hotel”, afirma Rwetsiba. También se sorprendió con el único enchufe que había junto a la cama, en lugar de al lado de la mesa, donde necesita corriente para su portátil. “La configuración es bastante diferente”, dijo. “Nunca he visto un hotel en el que cada habitación tenga un patio de aparcamiento”, cada uno cerrado, con una puerta privada que da directamente a la habitación.

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La gerente del Motel Deseos, Diana Echeverry, mostró orgullosa a la AFP las instalaciones, con 40 habitaciones en dos plantas y un ala reservada para los 12 delegados de la COP16 que allí se hospedan. En el otro, las habitaciones cuentan con comodidades como jacuzzis, sillas “kamasutra” y tubos de baile.

“Lo que hemos hecho es adaptar un poco nuestro establecimiento para poder tener a los huéspedes de la COP16 y a los extranjeros”, aseguró Echeverry a la AFP. Contactado con poca antelación por las autoridades locales, el motel fijó rápidamente una tarifa diaria de 150.000 pesos colombianos (unos 35 dólares) por noche, e introdujo un servicio de desayuno.

Los precios suelen oscilar entre 65.000 y 100.000 pesos por tres horas, equivalentes a 15 y 23 dólares. También “retiramos los columpios del amor, las máquinas del amor, los sillones Kamasutra y dejamos las habitaciones sin esos tipos de elementos”, dijo.

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La cumbre sobre biodiversidad ha sido un buen negocio, aseguró Echeverry. Con esas reservas, ha podido “garantizar que las habitaciones estén ocupadas durante esos días”, pues las que “quedan disponibles, ahora rotan mucho más para poder suplir las demandas de nuestros huéspedes habituales”, agrega. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había dicho a la prensa esta semana que los hoteles de la ciudad estaban llenos “al 100 %”, al igual que las casas, departamentos y alojamientos en Airbnb.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que entre 12.000 y 15.000 personas asistirían a la COP16, pero al final se acercaron más a los 23.000 delegados inscritos, dijo Eder. Según la Cámara de Comercio local, Cali es la ciudad con más moteles en Colombia, con 166 registrados. Llevan nombres como “Kama Sutra”, “Cupido” y “Éxtasis”.

Encantado con las amenidades del Motel Deseos, Rwetsiba dijo que había informado también a otros colegas, y que ahora había cinco delegados ugandeses en habitaciones “más cómodas” que las de muchos hoteles tradicionales. “Es... espacioso. Por eso estamos aquí. No nos quejamos”, dice con una gran sonrisa. “Todos estamos contentos”.

Fuente: AFP.

La pobreza, en particular la precariedad laboral, triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales, alerta el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU en un informe en el que culpa al consumo material y la competitividad de “poner en jaque la salud mental”. En el reporte “La economía del ‘burnout’: pobreza y salud mental” que presenta este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas el relator especial, el belga Olivier De Schutter, subraya que los “trastornos mentales que genera la pobreza constituyen a su vez un obstáculo para salir de ella”.

“Las personas con rentas más bajas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales comunes que aquellas con rentas más altas”, dice. Más de 970 millones de personas en todo el mundo -el 11 % de la población mundial- padecen algún trastorno mental, de ellos 280 millones sufren depresión y 301 millones, ansiedad, según el reporte, que recuerda que cada año se suicidan 700.000 personas, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La depresión es la principal causa de enfermedad. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre un tercio y la mitad de las solicitudes de prestaciones por incapacidad se deben a motivos de salud mental, y entre los adultos jóvenes se calcula que superan el 70 %, agrega. Solo durante el primer año de la pandemia de covid-19, los trastornos mentales aumentaron un 25 %, según el informe.

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Con más de 1 billón de pérdidas anuales para la economía, “las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto”, alerta. Más que en el debate sobre “cómo aumentar el presupuesto” para los problemas de salud mental, De Schutter aconseja incidir en los “factores que subyacen a esta epidemia de depresión, ansiedad y agotamiento”.

En particular, la “precarización laboral”, aunque también el cambio climático, dijo a la AFP. “Se ha demostrado que el trabajo precario empeora aún más la salud mental, debido a la inseguridad, la falta de poder de negociación, los salarios injustos y los horarios de trabajo extremadamente impredecibles, que hacen imposible lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal”, dice.

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Hace un llamado a los gobiernos a establecer “protecciones legales” que garanticen un “trabajo decente y un salario digno” y “refuercen la protección social proporcionando una renta básica incondicional, desestigmaticen los trastornos de salud mental y faciliten el acceso a espacios verdes que permitan volver a conectar con la naturaleza”.

“Nuestra obsesión por el crecimiento ha creado una economía del agotamiento: una carrera para aumentar los beneficios de una pequeña élite en la que millones de personas han quedado demasiado enfermas para correr”, dice el informe. Aumentar el PIB a toda costa está creando un “maremoto de mala salud mental” en las personas en situación de pobreza, concluye.

Fuente: AFP.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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El Poder Ejecutivo nombró a Mario Raúl Cano Ricciardi como embajador de la misión permanente de la República del Paraguay ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos especializados, con sede en Ginebra (Suiza). A través del decreto 2704, emitido el 14 de octubre pasado, se confirmó este cargo para el diplomático que, desde agosto de 2022, venía desempeñándose como representante paraguayo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la capital suiza.

Raúl Cano Ricciardi pasará a ocupar el puesto dejado en Ginebra por Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi, quien en mayo último fue nombrado para representar al país ante la ONU en su sede en Nueva York (Estados Unidos). Previamente a la OMC, el funcionario se había desempeñado desde 2020 como viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, cartera donde también lideró las direcciones de Negociaciones Comerciales, y de Integración Económica.

Economista por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (1984-1989), Mario Raúl Cano Ricciardi obtuvo una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Ottawa (Canadá) con especialización en Finanzas Internacionales (1997-2000). En dicha ciudad canadiense, se había desempeñado como encargado de Negocios de la embajada paraguaya (1995-1998), así como encargado de la Sección Económico-Comercial (1998-2002).

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Dentro del ámbito diplomático, el Ejecutivo también emitió el decreto 2703, el 14 de octubre, en que se nombra a Juan Ángel Delgadillo Franco como embajador ante la República Cooperativa de Guyana, con sede en Brasil. Este alto funcionario representaba a Paraguay ante la República de Surinam, también con sede en Brasil, desde octubre de 2023, y, previamente, desde 2019 habí sido el embajador paraguayo ante el Gobierno del Brasil.

En tanto, el decreto 2642 del 10 de octubre autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores a establecer las concurrencias por el cierre de las embajadas ante Egipto, Portugal, Australia y Suiza, una propuesta presentada por la cartera diplomática “atendiendo a una combinación de factores, entre ellos, la necesidad de ajustar el presupuesto y la búsqueda de una reciprocidad en las relaciones, para alcanzar objetivos de eficiencia y economicidad en el gasto de la Administración Pública”.

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