El gobierno de Nicaragua juramentó ayer miércoles a 30.000 civiles encapuchados como “policías voluntarios”, quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política.

Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, los encapuchados formaron filas al anochecer en la Plaza de la Fe en Managua, la capital del país, para jurar con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la “copresidenta” Rosario Murillo. “Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz”, dijo Murillo.

La “policía voluntaria” fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda). Desde hace algunas semanas, unos 50.000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad.

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En un informe publicado en Ginebra ayer miércoles sobre derechos humanos en Nicaragua, un grupo de expertos de la ONU indicó que “el Gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran a la ‘policía voluntaria’”.

“Los llamados ‘policías voluntarios’ [...] evocan el papel nefasto de los grupos enmascarados que protagonizaron la represión letal de las protestas antigubernamentales de 2018″, dijo a la AFP Reed Brody, uno de los expertos.

Durante esas protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, hombres encapuchados fuertemente armados, que el gobierno llamó el “pueblo”, intervinieron para retirar las barricadas que habían colocado en las calles los manifestantes, buena parte de ellos universitarios.

El gobierno de Ortega considera las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros seis años en su cargo, que asumió en 2018 en medio de las protestas.

“Recibo el bastón de mando [...] para garantizar y defender la paz y seguridad”, dijo Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial y está sancionado por Estados Unidos. Brody expresó que “estos grupos ahora se suman a la Policía Nacional y al Ejército, que, según la nueva Constitución, puede ser desplegado en tareas policiales, consolidando así el poder represivo del gobierno”.

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Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años.

Ortega repasó en un discurso pasajes de la lucha revolucionaria y al finalizar dijo algunas consignas, coreadas por los “policías voluntarios”. “Sabemos que tenemos la fuerza para trascender todos los desafíos”, declaró Murillo tras la ceremonia.

Fuente: AFP

La reforma constitucional que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arrogarse más competencias ha entrado en vigor ayer miércoles tras ser aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y pese a las críticas de Naciones Unidas, así como de organizaciones de Derechos Humanos.

La medida, que ha sido publicada en el diario ‘La Gaceta’, declara al presidente Ortega como el “coordinador” último de los poderes legislativo y judicial, mientras que también formaliza a su mujer, Rosario Murillo, como “copresidenta”.

Asimismo, permite ampliar un año más el mandato presidencial -de cinco a seis-, incluye la retirada de la nacionalidad a todas aquellas personas declaradas como “traidores a la patria” y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna.

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El texto, que tiene un lenguaje “vago”, también elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución y rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de “seguridad”, según denunciaron un grupo de expertos de Naciones Unidas en noviembre.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró en noviembre que la reforma permite a Ortega incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. Por su parte, el Parlamento Europeo también condenó la medida en febrero a través de una resolución.

El Gobierno de Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, ha impulsado una violenta campaña de persecución de la oposición, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.

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Fuente: Europa Press

El Ministerio de Justicia apura la coordinación de acciones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para implementar un sistema de digitalización de registros y así optimizar procesos administrativos del Registro Civil de las Personas.

En una iniciativa conjunta, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General del Registro del Estado Civil (REC) de las Personas y, el Mitic, sostuvieron una mesa de trabajo que tiene como eje principal la actualización y modernización de los registros de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; la directora general de Gabinete del MJ, Fátima Cabrera, y el director general del REC, Maximiliano Ayala.

También asistieron, el titular del Mitic Gustavo Villate, y el viceministro de tecnología del Mitic, Klaus Pistilli.

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La colaboración entre ambas entidades busca mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los registros civiles, garantizando que la información sea precisa, actualizada y al alcance de la ciudadanía. Durante el encuentro, se discutieron estrategias para implementar nuevas tecnologías que faciliten la digitalización de los registros y optimicen los procesos administrativos.

El ministro Nicora destacó la importancia de esta colaboración interinstitucional, señalando que la actualización de los registros no solo mejora la gestión pública, sino que también fortalece los derechos de los ciudadanos al garantizar la disponibilidad de documentación vital.

Por su parte, el ministro Villate subrayó el compromiso de su ministerio en apoyar la modernización del estado civil mediante el uso de plataformas digitales, que permitan agilizar los trámites y mejorar la experiencia del usuario.

Ambas instituciones del Ejecutivo reafirmaron su compromiso de trabajar unidos para avanzar en la implementación de procesos más eficientes, seguros y accesibles, beneficiando así a toda la población.

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Nicaragua anunció ayer martes su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y exigió el cierre de sus oficinas en Managua, en rechazo a un informe que asegura que el hambre creció en ese país centroamericano.

“La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato”, según un comunicado firmado por el canciller Valdrack Jaentschke.

Según el informe, la prevalencia de subalimentación en Nicaragua pasó de 17,8 % en 2018 a 19,6 % en 2023. En América Latina y el Caribe solo están peor Haití (50,4 %) y Honduras (20,4 %). El gobierno dijo rechazar el informe “por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos”.

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Además, acusa a la FAO de publicar en el informe datos “que no fueron autorizados ni consultados” con las instituciones nicaragüenses “ni validados” por el gobierno. Medios oficialistas aseguraron que la carta de protesta fue entregada a la sede de la FAO en Roma, que hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto.

El economista nicaragüense en el exilio, Enrique Sáenz, consideró que los resultados del documento de la FAO “son resultado del modelo económico impuesto por la dictadura bicéfala”, en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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“Casi el 30 % de los nicaragüenses no gana ni para la comida (...) es lógico entonces que el hambre, la desnutrición, la anemia sean crecientes”, dijo en la red social X. Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.

Desde el pasado 30 de enero, Ortega y Murillo, como presidente y “copresidenta”, consolidaron su poder a través de una reforma constitucional que les permite controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil. Unas 5.600 oenegés han debido cesar sus operaciones en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según un informe de Naciones Unidas dejaron más de 300 muertos.

El exguerrillero consideró esas protestas contra su gobierno como un golpe de Estado de Washington apoyado por organizaciones internacionales humanitarias. A inicios de enero, el gobierno izquierdista anunció la clausura de la ONG Save the Children International.

Fuente: AFP.