El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ayer miércoles ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de “copresidenta”.

La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en los próximos días. “Se está trabajando para la pronta aprobación”, según la prensa oficialista.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país.

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La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango: “La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, que se elegirán en comicios “cada seis años”, no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.

Los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que la Constitución vigente reconocía como independientes. La reforma “consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses”, afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, ante los diputados, que analizarán el texto en una comisión especial.

Es “meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial” y una “agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”, reaccionó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Organizaciones en el exilio rechazaron la iniciativa. “Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades”, dijo en un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

La reforma consigna que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.

Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.

Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras. “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”, subrayó.

Además, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”, agrega el texto. Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.

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En la reforma, el gobierno propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad. Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.

Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado “revolucionario” e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Fuente: AFP

Las Personas Privadas de Libertad que se dedican a la artesanía en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación- Cereso se beneficiarán con el primer lote de exportación de sus productos a la República de China (Taiwán). Así se informó desde el Ministerio de la Defensa Pública.

El programa se denomina Exportando Sueños y está encabezado por el Ministerio de la Defensa Pública, en el marco del plan de oportunidad laboral y reinserción digna de las personas privadas de libertad. Además, beneficiará a sectores vulnerables que se dedican a la artesanía.

El programa se presentó este lunes, en un evento que se realizó en la sede administrativa del Ministerio de la Defensa Pública. En la oportunidad, su titular, Javier Esquivel González expresó su emoción por el proyecto que surgió como una idea de reinserción social, “así como para dar sustentabilidad en el trabajo y dignidad a las personas”.

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Destacó además que, el proyecto se concreta gracias a la buena predisposición de la Embajada de la República de China (Taiwán), ya que el primer lote de productos será exportado a dicha nación. “La intención de esta iniciativa es que las personas privadas de libertad tengan un ingreso económico para ellos y sus familias y que, al recuperar su libertad, estas puedan seguir trabajando”, remarcó el defensor general.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; Khaled Al-Ajmi, encargado de negocios de la embajada del Estado de Qatar en Paraguay, y José Chih-Cheng Han, embajador de la República de China (Taiwán). El programa es la primera experiencia en Paraguay y América Latina y fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados.

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El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.

La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.

El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).

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En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.

Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.

Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.

El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.

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Este miércoles, la Policía Nacional de la ciudad de Ñemby logró detener a tres hombres que serían presuntos autores del atraco a un local de venta de celulares y buscan a un cuarto implicado. La intervención se realizó en una vivienda y lograron incautar celulares, ropas y réplicas de armas largas.

Según el reporte policial el atraco se reportó la semana pasada en la ciudad de Itauguá contra un local de venta de celulares. Son tres las personas detenidas y una cuarta persona que no estaba en el sitio, a quienes se los ve claramente en imágenes de circuito cerrado, la última persona actuó como rescate.

“Estas tres personas son las que fueron plenamente identificadas en imágenes de circuito cerrado y que fueron identificadas con nombre y apellido”, explicó el comisario Hugo Velázquez, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Los detenidos fueron identificados como Lucas Fabián Barrios, Gustavo Alberto Villalba Oviedo y Elio José Cabrera Pérez. Espera realizar más procedimientos en búsqueda de un cuarto implicado.

Afirmó que uno de los hombres tiene una herida en el muslo que sería producto de un disparo accidental que se produjo durante el atraco. “Le notamos raro a una persona que salió de una vivienda que sería allanada y llegó a la precaria vivienda, donde estaban estas personas. Uno de ellos tenía una herida en el muslo”, apuntó.

Aseguró que cuando uno intentó huir los otros dos se percataron y también quisieron darse a la fuga, pero todos fueron detenidos. Se logró incautar ocho celulares, también una réplica de arma de fuego de alto poder y ropas. “Estamos contentos de sacar de circulación a tres personas altamente peligrosas”, indicó.

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