Un candidato republicano resultó elegido el martes para la Asamblea del estado de Dakota del Norte, en el norte de Estados Unidos, un mes después de haber fallecido a consecuencia del nuevo coronavirus. David Andahl, ganadero y empresario, falleció el 5 de octubre a los 55 años “tras una breve batalla contra el COVID-19”, precisó su familia en la página de Facebook de su candidatura para la Cámara local de Representantes.
“Fue funcionario durante años y ansiaba servir en el cuerpo legislativo del estado”, añadieron sus allegados. Pero su deseo recién se concretó a título póstumo. Expiloto profesional de carreras, Andahl se adjudicó la última victoria de su vida en la octava circunscripción electoral de Dakota del Norte, tras conseguir más de un tercio de los sufragios emitidos (había dos puestos en juego para cuatro candidatos).
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Anticipándose a esta posibilidad, el fiscal general de este estado rural había señalado que la situación sería similar a una dimisión o a una salida por jubilación y que le correspondería al Partido Republicano local designar un sustituto para ocupar su escaño.
Las elecciones estadounidenses de mitad del mandato de 2018 ya habían registrado una victoria póstuma. En aquella ocasión, un conocido propietario de burdeles, Dennis Hof, fue elegido para la asamblea de Nevada, también por el partido republicano, algunas semanas después de su muerte.
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Fuente: AFP.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Condenan a Greenpeace a pagar USD 660 millones a operador de oleoducto
Washington, Estados Unidos. AFP.
Un jurado de Dakota del Norte condenó el miércoles a la oenegé Greenpeace a indemnizar con más de 660 millones de dólares a una empresa energética que la demandó por protestar contra la construcción de un oleoducto, en un caso clave sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. El veredicto es un duro golpe para el grupo ecologista, que fue acusado por Energy Transfer (ET) de orquestar una campaña de violencia y difamación durante la edificación de su cuestionado oleoducto Dakota Access hace casi una década.
El jurado impuso la multa por daños y perjuicios a tres entidades de Greenpeace, citando cargos que incluyen allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad. “Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso”, celebró la compañía tras la decisión.
“Aunque nos complace que Greenpeace tenga que rendir cuentas por sus acciones, esta victoria es realmente para la gente de (la ciudad de) Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace”, añadió ET.
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Greenpeace apelará
La oenegé ecologista, que había denunciado durante el juicio que el caso tenía como objetivo “silenciarla”, aseguró que recurrirá la sentencia. “No se puede llevar a la quiebra a un movimiento”, zanjó a la AFP la directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman. “Este movimiento existe en todo el mundo: personas que quieren un planeta más limpio y más verde, una democracia más vibrante e inclusiva, la protección de los océanos, los bosques y la tierra. La gente que da poder a organizaciones como Greenpeace... no se les puede llevar a la bancarrota, y el trabajo continuará”, sostuvo.
Greenpeace Internacional interpuso una contrademanda contra ET en Países Bajos, al acusar a la compañía de utilizar los procesos judiciales para reprimir la disidencia. Una audiencia está prevista para el 2 de julio. En el centro del proceso judicial contra la ONG en Estados Unidos estuvieron las protestas desencadenadas entre 2016 y 2017 contra el proyecto Dakota Access.
La tribu indígena sioux de Standing Rock y movimientos en pro del medioambiente como Greenpeace, a los que se unieron en varias ocasiones miles de manifestantes, intentaron en vano impedir la construcción de un tramo del ducto que, según los nativos, atraviesa lugares sagrados y amenaza sus fuentes de agua potable.
Cientos de personas en aquellas protestas resultaron heridos y otros tantos detenidos, por lo que la ONU mostró su preocupación por las presuntas violaciones de la soberanía de los indígenas. A pesar de las protestas, el oleoducto -destinado a transportar crudo obtenido mediante fracturación hidráulica a refinerías y a los mercados mundiales- entró en funcionamiento en 2017.
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“Amedrentar”
Aún con su tubería construida, Energy Transfer siguió adelante con las acciones legales contra Greenpeace. Primero recurrió a un tribunal federal, donde pedía una indemnización de 300 millones de dólares, pero la demanda fue desestimada. Luego el grupo empresarial presentó el caso en Dakota del Norte. El juicio comenzó a finales de febrero en la ciudad de Mandan y, tras más de dos días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto.
Críticos han calificado este proceso como un caso más de las denominadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, SLAPP por sus siglas en inglés. “Este tipo de demandas, que pueden tener el efecto de aplastar protestas legítimas y amedrentar la libertad de expresión, deberían estar sujetas a los mayores niveles de escrutinio que conlleva la legislación anti-SLAPP”, explicó a la AFP Michael Burger, abogado y académico de la Universidad de Columbia.
Sin embargo, Michael Gerrard, profesor de derecho medioambiental del mismo centro educativo, no fue tan lejos: “Este veredicto enfriará las protestas que obstruyan físicamente los proyectos de combustibles fósiles”. “Pero no debería afectar a las manifestaciones pacíficas y no obstructivas y, desde luego, no detendrá los litigios contra esos proyectos”, añadió.
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Diputados fija plazo de tres semanas para consensuar representante ante el JEM
La mesa directiva de Diputados, encabezada por Raúl Latorre, tomó la decisión de extender por tres semanas más la elección del futuro representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras la renuncia del exparlamentario por Central, Orlando Arévalo.
La información fue dada a conocer este miércoles por la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, quien tiene intención de ocupar el cargo. El objetivo de la prolongación se centra en sellar un consenso entre todas las bancadas, sin la necesidad de desatarse una puja política por el cupo.
“Tratamos de llegar a un consenso y si no se puede, bueno que se planteen los nombres de candidatos en plenaria y que ahí se vote”, dijo Vallejo a los medios de comunicación. Sin embargo la legisladora reconoció que en la propia oposición aún no se logró unificar criterios para proponer un candidato único.
“Realmente nadie se acercó a hablar conmigo, hubo conversaciones iniciales entre algunos, pero los sucesos posteriores fueron enterrando este tema, tal vez se reviva esto en las próximas semanas. Acá siempre se plantea que los espacios deben ser ocupados de acuerdo a las mayorías que se tenga, en ese sentido, siempre salimos perdidosos”, refirió.
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La parlamentaria, tras reclamar el cupo político para la oposición, acotó: “Este nuevo plazo es improrrogable. Se siguen las conversaciones y vamos a ver que pasa”. Entre los posibles aspirantes al cargo también se encuentran José Rodríguez del movimiento Honor Colorado y los liberales Arnaldo Valdez y Rodrigo Blanco.
El pasado 26 de febrero la mesa directiva de Diputados había fijado inicialmente un plazo de 15 días para definir a su representante ante el órgano extrapoder liderado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo. Sin embargo, este periodo término feneciendo.
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Salud reporta aumento del 46 % de casos de covid en la última semana
Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en la última semana se reportó un aumento sostenido del 46 % de casos de covid-19, que se verificaron en 14 regiones del territorio nacional. La mayor cantidad se reportan en Asunción y departamento Central. También se registraron 26 pacientes hospitalizados, uno de ellos ingresó a la terapia intensiva, así como una persona fallecida.
En la última semana, la cartera sanitaria procesó 1.041 muestras para detección de SARS-COV2, de los cuales el 13,5 % dieron un resultado positivo, equivalente a 206 casos de la enfermedad a nivel país. “Evidenciando un aumento del 46 % con respecto a la semana anterior”, resaltaron en el informe.
Los casos identificados se dieron en 14 regiones, sin embargo, el 65 % se reportaron en el área metropolitana; el 33 %en el departamento de Central y, en la ciudad de Asunción, el 32 %. Para evitar contagios es importante el uso de tapabocas en hospitales y el lavado de manos constante.
Niños internados y un fallecido
De los casos positivos se hospitalizaron 26 pacientes y uno de ellos fue ingresado a cuidados intensivos. Sin embargo, son los pacientes pediátricos los que más requirieron internación, el grupo etario afectado son menores de 5 años equivalente al 23 % y en adultos mayores de 60 años son el 31 %.
Lamentablemente, se confirmó un fallecido, se trata de una persona de la tercera edad que no estaba protegida con la vacunación. “Se confirmó un fallecido por la enfermedad al cierre de la semana (SE) 09, una persona adulta mayor sin registro de vacunación”, puntualizaron. Recordaron que están disponibles las dosis de las vacunas contra el covid para evitar complicaciones.
Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u otros, la cartera sanitaria insta a usar mascarilla en sitios cerrados con aglomeración de personas, acudir a la consulta médica oportuna para recibir un tratamiento. Afirmaron que es muy importante cumplir con el reposo para impedir la propagación del virus y la recuperación total de la enfermedad.
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