A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.

La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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• Caracas, Venezuela. AFP.

El ‘dólar negro’ se dispara en Venezuela y con ello se reavivan los temores de un repunte de la inflación y el recuerdo de los peores años de la crisis económica que forzó a migrar a millones de venezolanos. Mientras reina la incertidumbre por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la cotización del dólar rompió esta semana la barrera de los 100 bolívares en el mercado paralelo que nació a la sombra de un férreo control cambiario que estuvo vigente por 15 años.

La tasa oficial, en contraste, es de 69,5 bolívares por dólar. La brecha entre ambas cotizaciones, que bordea el 50 %, genera presión sobre los precios, mientras las autoridades obligan a los comercios a regirse por el cambio oficial bajo amenazas de cierres y multas.

Ya había comenzado a abrirse en el segundo semestre de 2024, rondando 20 %, pero el fenómeno se agravó tras la decisión de la administración de Donald Trump de suprimir la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones, coinciden expertos. La compañía energética tiene plazo hasta el 27 de mayo para permanecer en el país caribeño.

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“El anuncio” de la salida de Chevron “generó de inmediato una inquietud muy grande”, dice a la AFP César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados. Ello derivó en un aumento de la demanda de dólares, con los venezolanos buscando cubrirse las espaldas, en un momento en el que la oferta en el mercado formal ha disminuido. “Hoy tenemos una demanda que excede muchísimo la oferta”, apunta Aristimuño.

“Nos está afectando”, lamenta Darwin Contreras, de 40 años, vendedor en una tienda de ropa en Caracas. “Aumenta la comida, aumenta todo”. “Es algo insoportable”, añade este hombre, que rememora la grave crisis vivida durante los ocho años de recesión que encadenó este país entre 2013 y 2020, en los que la economía se redujo 80 % y los venezolanos remaban contra la hiperinflación, que llegó a 130.000 % en 2018, y una aguda escasez de alimentos y medicinas.

Con el fin de dar estabilidad a la tasa oficial, el gobierno inyecta periódicamente dólares en el mercado cambiario. Solo en 2024 fueron colocados 5.000 millones de dólares, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados. Las llamadas “intervenciones cambiarias”, sin embargo, han caído para ubicarse de acuerdo con esta firma en 634 millones de dólares en 2025 frente a los 934 millones que sumaban a estas alturas en el año anterior.

En ese contexto, llegó el anuncio del fin de la licencia a Chevron, así como la amenaza de Washington de imponer aranceles a los compradores de crudo venezolano. Aristimuño cree que la violenta alza del dólar paralelo es “coyuntural”, producto de lo que denomina “efecto Chevron”.

“Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas (...), que fortalecía y complementaba de una u otra manera las divisas que viene dando el Banco Central de Venezuela (BCV) vía intervención cambiaria”, explica. Un 25 % de la producción petrolera venezolana, actualmente alrededor de los 900.000 barriles diarios, proviene de las operaciones de Chevron, según estimaciones privadas.

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Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de “una guerra económica”, en la que enmarcó las sanciones estadounidenses para presionar, sin éxito, por su salida del poder. El gobernante izquierdista, cuya reelección en 2024 es desconocida por Trump entre denuncias de fraude de la oposición, retomó ese discurso este viernes al referirse al aumento del dólar paralelo y reconocer que la demanda de divisas en el mercado formal aumentó 40 % en las últimas semanas.

“El dólar de guerra” es “un viejo enemigo de la economía venezolana”, dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. “Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, lanzó el mandatario. La inflación venía cayendo. Cerró en 48 % el año pasado, según Maduro, después de ubicarse en 189,8 % en 2023, 234 % en 2022 y 686,4 % en 2021 de acuerdo con el BCV, que dejó de publicar reportes sobre este indicador en octubre.

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas tras una explosión en una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, según un informe del equipo de seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El estallido ocurrió durante la madrugada y las causas aún se desconocen.

La barcaza pertenecía a una empresa de mantenimiento de pozos que opera en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Fueron encontrados tres cuerpos “lamentablemente sin signos vitales” y “hay 06 heridos de los cuales 04 fueron trasladados a Ciudad Ojeda y 02 a Maracaibo”, señaló el informe sin añadir más detalles.

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Hace seis meses dos personas murieron y otras cuatro desaparecieron tras hundirse otra barcaza de la misma empresa en el lago de Maracaibo. En esa oportunidad, PDVSA atribuyó el incidente a “malas condiciones climáticas”.

El Lago de Maracaibo fue epicentro de la industria petrolera, golpeada en los últimos años por la corrupción, la falta de inversión y el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos. La producción venezolana de petróleo, que sobrepasaba los 3 millones de barriles diarios hace 25 años, está hoy alrededor de 1 millón, después de caer a mínimos históricos.

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Fuente: AFP

• Caracas, Venezuela. AFP.

El gobierno de Venezuela anunció ayer domingo la reducción de la jornada laboral en la administración pública debido a la “emergencia climática” reflejada en el descenso de los embalses, vitales en la producción de energía eléctrica en el país. La medida, que comenzará el lunes 24 de marzo, recuerda a las aplicadas durante los años 2016 y 2018 por el presidente Nicolás Maduro, que alertó entonces sobre la reducción del caudal en la hidroeléctica Guri, que genera 80% de la energía al país, por la sequía.

“Producto de la emergencia climática que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina”, indicó el gobierno en un comunicado.

Por ello, “se ajustará el horario laboral desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm durante las próximas seis semanas”. Además, “se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día no laborable”. De esta forma, la atención en las oficinas públicas se reducirá a tres días a la semana con jornadas de cuatro horas y media. Los organismos a cargo de servicios esenciales quedan exceptuados.

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El gobierno llamó a la población a acompañar estas acciones con medidas como el “ajuste de la temperatura de los aires acondicionados a 23°C, el aprovechamiento de la luz natural y la desconexión de aparatos electrónicos” cuando no se estén utilizando.

En 2019, luego de un apagón masivo, también se redujo la jornada laboral y se suspendieron las clases. Los racionamientos eléctricos son habituales desde hace más de 15 años en los estados del interior. Entre 2019 y 2024 el país ha quedado a oscuras por días debido a apagones que expertos atribuyen a falta de mantenimiento y el gobierno achaca a sabotajes.

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