El papa Francisco recibió el jueves en el Vaticano a 16 israelíes que permanecieron meses secuestrados en Gaza como rehenes del movimiento islamista Hamás, indicó la web oficial de noticias Vaticannews.

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En el grupo había diez mujeres, cuatro hombres y dos niños, según la misma fuente.

Varios de los exrehenes mostraron al pontífice argentino pancartas o fotos de sus seres queridos que siguen cautivos.

Francisco ya recibió en abril de este año y en noviembre de 2023 a familiares de rehenes, pero esta es la primera vez que se reunió con personas que sufrieron en carne propia el cautiverio.

Desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás, el papa reclamó en numerosas ocasiones la liberación inmediata de los rehenes israelíes, pero también denunció el sufrimiento de la población palestina.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos islamistas atacaron el sur de Israel y mataron a 1.206 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes que incluyen a los rehenes muertos en cautiverio.

De los secuestrados, 97 siguen cautivos en Gaza, pero el ejército israelí estima que 34 de ellos murieron.

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La ofensiva militar lanzada en respuesta por Israel ha matado al menos a 43.736 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás.

Fuente: AFP

El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

Pequeños productores de hortalizas de Guairá resaltaron la importancia del programa Hambre Cero para su sector, ya que a través de esta iniciativa han podido encontrar mercado para sus productos. La legislación vigente obliga a las empresas proveedoras a adquirir productos de provenientes de la agricultura familiar campesina y de las pequeñas y medianas empresas.

“El propio gobernador nos había dicho que Hambre Cero era el camino correcto y hoy nosotros estamos confiando y estamos sintiendo que este es el camino para la comercialización, sin intermediarios”, destacó el productor Efraín Vera, quien añadió, “vivíamos en zozobra porque a causa del contrabando no podíamos vender”.

Una asociación de pequeños productores del distrito de Independencia indicó que tuvieron una reunión con el jefe departamental, César Sosa, en la que pusieron sobre la mesa las diversas dificultades que atraviesa el sector. Como fruto de este encuentro se puede destacar la primera comercialización de papas y cebollas, productos que servirán para la alimentación escolar de los niños de Guairá.

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“Vamos a hacer la primera entrega para Hambre Cero gracias a nuestro gobernador. Nos habíamos acercado a él y este es el primer resultado, es un orgullo para nosotros porque nos habíamos reunido con el gobernador con mucha esperanza, fuimos junto a él y nos dijo que no nos quería ver en la calle, y justo por eso fuimos a buscar ayuda y ahora vemos los resultados”, sostuvo Cecilio Quiñónez, productor.

Por su parte, el gobernador Sosa manifestó a través de sus redes sociales que está convencido de que el programa de alimentación escolar, Hambre Cero, cambiará la historia del país no solo porque más de un millón de niños y jóvenes recibirán alimentos saludables, sino también porque abre las puertas a miles de productores de todo el país. “La chacra vuelve a ser un pilar fundamental de nuestra economía”, afirmó.

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La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano presentará este martes su primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia, en el que se identificarán aquellas medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos, pero se pondrán en evidencia también las lagunas que deja el sistema.

Según anunció este departamento del Vaticano, este informe será presentado por el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, el cardenal Seán Patrick O’Malley; el miembro de la Comisión y presidenta del Informe Anual, Maud De Boer Buquicchio; el secretario de la Comisión, el obispo Luis Manuel Alí Herrera, y la secretaria adjunta de la Comisión, Teresa Kettelkamp.

“Nuestro objetivo es elaborar un informe anual con un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, en solidaridad con las víctimas y los supervivientes de todo el mundo”, señaló O’Malley.

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El departamento del Vaticano definió la publicación de este informe como el primer paso de un proceso de recopilación de datos y elaboración de informes dentro de la Iglesia católica, que comenzó por una petición expresa del papa formulada en abril de 2022. En este sentido, su publicación se enmarca en la voluntad de Francisco de adoptar prácticas más transparentes en los procesos de rendición de cuentas.

La responsable última del informe, De Boer-Buquicchio, nombrada en 2021, trabajó en varias organizaciones internacionales como secretaria general adjunta del Consejo de Europa de 2002 a 2012, y como relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de los niños de 2014 a 2020.

Sobre el informe comentó cómo en su elaboración han podido explorar “muchas de las preocupaciones sobre la falta de datos disponibles”. “El informe anual es una herramienta para promover un cambio de mentalidad en la Iglesia que adopte la responsabilidad y la transparencia”, añadió. “El informe anual es una herramienta para promover este proceso de conversión pastoral”, valoró.

El también miembro de la comisión Benyam Dawit Mezmur, profesor de Derecho en la Universidad de Western Cape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante los últimos 12 años, destacó por su parte que una revisión de la Santa Sede realizada en 2013 por la comisión de la ONU reveló varias cuestiones críticas.

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En ese sentido indicó “la necesidad de contar con una base de información sólida, la importancia de tener buenas prácticas y el papel que las intervenciones a nivel local pueden desempeñar realmente para prevenir, pero también para abordar los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia”.

“El Informe anual piloto contribuye realmente de forma significativa a abordar algunas de estas cuestiones”, afirmó a este respecto el profesor Mezmur. “Será un proceso, y ese proceso de información contribuirá inevitablemente de forma significativa a proporcionar intervenciones que puedan reproducirse en diferentes partes del mundo con vistas a prevenir y abordar la violencia sexual y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia”, concluyó.

Fuente: Europa Press