Gerardo Werthein asumió ayer lunes como canciller argentino al jurar frente al presidente Javier Milei, quien echó a su antecesora por votar en la ONU contra el embargo a Cuba y tras poner en marcha una auditoría para “identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad” en ese ministerio.

En un acto atípico en el protocolo del Ejecutivo argentino, cuyos funcionarios suelen aceptar sus cargos sobre la biblia cristiana, Milei tomó juramento a Werthein sobre la Torá, el libro sagrado del judaísmo. “‘Muchos éxitos y bendiciones’, diría el ‘Rebe’ (líder de la corriente judía Jabad Lubavitch)”, dijo a su nuevo canciller.

Werthein, un acaudalado empresario que no había tenido mucha injerencia en la función pública, oficiaba de embajador en Estados Unidos antes de que el gobierno comunicara, el miércoles pasado, que sería nombrado jefe de la diplomacia argentina.

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La decisión fue publicada en la red social X apenas unas horas después de que la ahora excanciller Diana Mondino apoyara en la Asamblea General de la ONU en Nueva York una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba. El texto fue aprobado con 187 votos a favor y dos en contra -Estados Unidos y su aliado Israel, con quienes Milei está alineado incondicionalmente- y una abstención, la de Moldavia.

En el comunicado en el que designaba a Werthein, el gobierno argentino aseguró que se oponía “categóricamente a la dictadura cubana” e “iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”.

Milei calificó de traidores a la patria a quienes estuvieron involucrados en el voto en la ONU y adelantó que está “listo para echarlos a todos”, en una entrevista este lunes brindada a su novia, la exvedette Amalia “Yuyito” González, en el canal local Magazine. “La política exterior la fija el presidente”, remarcó.

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Tras ganar las elecciones el año pasado, Milei viajó a Nueva York a visitar la tumba de Menachem Mendel Schneerson, “el Rebe”, principal líder y rabino de Jabad Lubavitch. El mandatario se percibe católico pero es un admirador de la religión judía y dice estudiar la Torá todas las semanas.

Fuente: AFP

Murió a los 99 años Mirta Acuña de Baravalle, una de las fundadoras de los organismos de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo y madre de Ana María Baravalle, desaparecida durante la última dictadura militar argentina (1976-83). “Despedimos a otra compañera de lucha, fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle. A sus 99 años, Mirta partió sin el abrazo de su nieto o nieta. Al suyo y a todos, los seguiremos buscando. ¡Hasta siempre, querida Mirta!”, publicó el sábado pasado en sus redes la cuenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Mirta Baravalle era madre de Ana María Baravalle, que tenía 28 años y estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada en agosto de 1976 junto a su marido, Julio César Galizzi, durante la última dictadura militar. Desde ese momento, Mirta Acuña de Baravalle dedicó su vida a la búsqueda de su hija y de su nieto o nieta y fue una de las primeras mujeres que, en 1977, comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia, para exigir información sobre sus hijos e hijas desaparecidos.

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Fue igualmente una de las fundadoras de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, creada en 1977 para localizar y restituir a sus familias de origen a niños desaparecidos por la dictadura. “Tenía los valores y principios más grandes que conocí. Las historias sobre cómo buscó a los niños apropiados son impresionantes, sus disfraces, sus estrategias para llegar a ellos”, recordó en sus redes la dirigente de izquierda y abogada Myriam Bregman.

“Se fue sin encontrar a Camila o Ernesto, su nieta o nieto apropiado. ‘Mi esqueleto está cansado’, me dijo hace poco”, escribió Bregman. La dictadura argentina (1976-83) causó unos 30.000 desaparecidos, según los organismos de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando aún a unos 300 nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres.

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Fuente: AFP.

El arquitecto Jorge Enrique Bonavita, de 55 años, que estaba a cargo de la construcción que se estaba realizando en el edificio que desplomó en Villa Gesell, fue el sexto detenido en la investigación. Mientras un tercer cuerpo fue hallado ayer sábado, el sobrino de Rosa Stefanic, exdueña del establecimiento hotelero, y quien también murió en el lugar; mientras continúa la búsqueda de otras cinco personas que estarían debajo de los escombros.

Rescatistas hallaron el jueves pasado a la segunda víctima fatal del derrumbe de un hotel en obras ocurrido el martes último en la ciudad argentina de Villa Gesell. “Lo sabemos por una confirmación que hizo la familia a través de la fotografía de un tatuaje que ella tenía en el brazo derecho”, confirmó el ministro de Seguridad local, Javier Alonso, en una improvisada conferencia de prensa desde el lugar del derrumbe, acerca de la exdueña fallecida.

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Desde que ocurrió el siniestro, cuatro personas fueron detenidas: dos albañiles, un capataz y otro sujeto vinculado a la obra, que se encuentran bajo investigación por “estrago culposo agravado” y podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el lugar del derrumbe el miércoles y se reunió con el Comité de Crisis.

“Vamos a continuar trabajando sin descanso hasta que removamos todos los escombros, encontremos a las víctimas y se pueda establecer qué ocasionó tamaña tragedia”, escribió en la red X. El Apart Hotel Dubrovnik, fundado en 1986 y emplazado a poco más de 200 metros de la playa, se desplomó hacia la 1:00 local (4:00 GMT) del martes.

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Tres de los diez pisos del complejo cayeron sobre un edificio lindante matando a un hombre de más de 80 años e hiriendo a su esposa, una mujer de 79 que fue trasladada a un hospital. Los rescatistas trabajan desde entonces con perros, drones, sonares, sondas con cámaras y micrófonos y una grúa para remover paredes, losas y vigas.

Se desconocen las causas del derrumbe, pero el municipio de Villa Gesell informó en un comunicado que en el hotel se llevaba a cabo una obra “en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal” y que ya había sido detenida en agosto.

Fuente: AFP.

Un tribunal argentino ha citado al expresidente de ese país, Alberto Fernández, a prestar declaración el próximo 20 de noviembre por presuntos hechos de corrupción en relación a irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas mientras gobernaba entre 2019 y 2023.

El juez federal Julián Ercolini ha convocado a Fernández y a otras 38 personas a declarar con respecto a “haber intervenido (...) en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”, según ha recogido el diario Página 12.

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Según la imputación, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros”.

El ex jefe de Estado está culpado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La maniobra, añade la resolución, habría requerido de “la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La investigación ha detallado que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros”. Esto “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores”.

Este caso se suma a la imputación previa de Fernández por presuntos delitos de lesiones y amenazas contra la ex primera dama, en los primeros compases de un proceso que ha sacudido la política argentina.

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También, el pasado 5 de setiembre, la Fiscalía de Argentina imputó a Fernández por presunto abuso de autoridad violación de sus deberes como funcionario público al considerar que extendió “de forma indebida” la cuarentena decretada por la pandemia de covid-19, que fue una de las más largas del mundo.

Fuente: Europa Press