El gobierno de España anunció el miércoles que abandonará las reglas de disciplina presupuestaria para 2020 y 2021 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las finanzas públicas. “El gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales de forma extraordinaria para los años 2020 y 2021”, anunció en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justo después de conocerse que la deuda pública española se situó en el segundo trimestre en 110,1% de su PIB, un récord en su historia reciente.
Esta decisión se basa en el “paréntesis en el pacto de estabilidad” decidido por la Comisión Europea a fin de permitir a los países miembro relajar el control del gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, precisó la ministra. “Esta decisión sin precedentes (...) tiene como único objetivo dar esa capacidad a todas las administraciones públicas de poner la totalidad de sus recursos al servicio de los ciudadanos”, señaló.
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“Es el momento (...) de mantener una política social y de estímulo económico que no deje a nadie” atrás, dijo la ministra del gobierno de izquierda del presidente socialista Pedro Sánchez. Este abandono temporal de la disciplina presupuestaria abarca a las administraciones del Estado, regionales y municipales, que podrán endeudarse hasta un límite que determinará el gobierno.
“Se suspenden las reglas fiscales, no se suspende la responsabilidad fiscal que tenemos las administraciones (...). Quiero dejar claro que el gobierno de España no renuncia al principio de estabilidad presupuestaria”, remarcó Montero.
El objetivo es encontrar un equilibrio “que no suponga una dificultad añadida al crecimiento económico, pero mantener firme nuestra responsabilidad fiscal para que empleen los recursos que vienen de los impuestos de los ciudadanos de la forma más eficaz posible”, acotó. Ciertas reglas se mantendrán en vigor, en particular aquellas que obligan a las administraciones a honrar los pagos a proveedores privados.
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En mayo, el gobierno reconoció que la gestión de la pandemia tendría un efecto devastador para las cuentas públicas, golpeadas por una caída de los ingresos, debido a la crisis económica derivada del confinamiento, y un alza de los gastos. El gobierno financió planes de desempleo parcial para millones de trabajadores, lo que ha significado unos 4.000 millones de euros mensuales desde abril, y tomó medidas para ayudar a las empresas.
Fuente: AFP.