La Fiscalía de Brasil aceptó prorrogar el miércoles último, pero por menos de cinco meses, la misión del equipo de investigadores de Curitiba que lidera la operación anticorrupción Lava Jato, debilitada por cuestionamientos a sus dos principales figuras, el exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.

La Fiscalía General de la República (PGR) renovó los mandatos de los 14 fiscales de la Fuerza Tarea de Lava Jato en Curitiba (sur), que vencían este jueves, hasta el 31 de enero del 2021, precisó un comunicado de la institución.

El vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, no atendió el pedido de los fiscales de prorrogar por un año esa misión, que desde el 2014 llevó a la cárcel a empresarios y políticos poderosos, entre ellos el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, y tuvo ramificaciones en varios países del continente y de África.

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Medeiros adujo que la limitación temporal de la misión se debió a restricciones presupuestarias. “Prorrogar una fuerza tarea de gran porte que aspira a crecer cuando ya no hay más concursos de funcionarios ni de fiscales (...) no es una cuestión de mera buena voluntad”, afirmó.

Lava Jato sufrió en los últimos meses varios reveses judiciales ante instancias que admitieron que hubo abusos de procedimientos como las delaciones premiadas que sirvieron como base para sentencias importantes.

El Fiscal General, Augusto Aras, llamó recientemente a cambiar el rumbo de la lucha anticorrupción para que “el ‘lavajatismo’ no perdure”. Lava Jato, que descubrió una enorme trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras, se extendió a otros estados de Brasil.

Pero la Fuerza Tarea de Curitiba, la capital de Paraná, tuvo a cargo la mayoría de las investigaciones más resonantes, bajo la égida de Dallagnol, que fueron juzgadas luego en primera instancia por Moro y les valieron a ambos un enorme prestigio en un país gangrenado por la corrupción.

“Ganar tiempo”

Moro, sin embargo, se vio cuestionado igualmente por decisiones que pudieron favorecer la elección en el 2018 del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien lo nombró ministro de Justicia antes de deshacerse de él en abril de este año, por desavenencias en el manejo de la Policía Federal.

Sus adversarios, tanto juristas como políticos, reprochan a Lava Jato haber debilitado la garantía de presunción de inocencia, de provocar un estallido del sistema político que favoreció la victoria de Bolsonaro y de haber arruinado a empresas que garantizaban miles de empleos, en plena recesión económica.

Las críticas se acrecentaron cuando el portal The Intercept Brasil publicó en junio del 2019 mensajes pirateados que dan indicios de un posible entendimiento entre los fiscales y Moro para impedir que la izquierda volviera al poder.

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Este caso está pendiente de juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) y podría llevar a la anulación de las sentencias contra Lula tratadas por el juzgado de Moro. Dallagnol, que dimitió de su cargo la semana pasada por problemas familiares, alertó que “en Brasilia se están tomando o se tomarán decisiones que afectarán” a la operación.

Según Geert Aalbers, socio de la consultora Control Risks, la decisión del miércoles “gana tiempo para construir una nueva solución, probablemente más centralizada”, en la lucha contra la corrupción.

Fuente: AFP.

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