Tras una investigación, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron la detención de un ciudadano boliviano y una paraguaya, quienes formaban parte de un esquema criminal dedicado al envío de encomiendas con droga que tenían como destino final diferentes puntos de Europa.

El operativo se inició cuando el personal apostado en el local de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Mariscal Estigarribia, con apoyo del can detector de drogas “Sora”, interceptó una encomienda compuesta por 79 figuras religiosas y decorativas de cerámica.

Durante la inspección de rutina los intervinientes detectaron que las piezas contenían una sustancia tipo pasta negra en su interior, que posteriormente fue identificada como cocaína. En total, el cargamento de droga alcanzó los 3 kilos con 110 gramos.

Podés leer: Fin de semana con lluvias, pronostica Meteorología

El ciudadano boliviano detenido fue identificado como Raimundo Núñez Núñez, responsable del envío, quien en el momento de la captura se encontraba a bordo de un ómnibus de larga distancia proveniente de Bolivia con destino a la ciudad de Asunción.

Así también, tras cotejar diversas informaciones, el personal de la Senad destacado en la Estación de Buses de Asunción logró la detención de María Antonia Amarilla Rolón, ciudadana paraguaya, quien fue aprehendida en plena vía pública en Villa Elisa. La mujer, aparentemente, sería la encargada de retirar la encomienda.

Según informaron los intervinientes, la investigación arrojó que el ciudadano boliviano pretendía llegar a Asunción con el objetivo de coordinar la logística para un nuevo envío, esta vez vía aérea hacia Europa. Las evidencias recabadas indican que el esquema desarticulado ya habría concretado envíos anteriores mediante el mismo modus operandi.

“Es común en esta zona del país, debido justamente a lo limítrofe que somos con Bolivia. Esta cantidad de droga tranquilamente puede estar destinada al microtráfico acá en Asunción o el área Central, pero en este caso el objetivo era enviarlo a Europa, un lugar donde esta droga tiene un valor mínimo por kilo de 45.000 dólares”, indicó el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Lea tambien: Cerro vs. Sporting Cristal: Policía demora a 41 personas

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.

Varios miles mineros bloquearon ayer miércoles las principales arterias del centro de La Paz en protesta por la escasez de combustible y la crisis económica que atraviesa Bolivia, constató la AFP.

Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para importar combustible. Los mineros reclaman mayor atención del Gobierno y señalan que la producción del sector enfrenta serios problemas, a pesar de ser una de las principales fuentes de ingresos económicos del país.

Honorato Condori, dirigente del gremio de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), explicó a la AFP que las cooperativas enfrentan dificultades debido a “la falta de diésel”, combustible esencial para sus operaciones, y a “la falta de material explosivo”.

Podés leer: Basílica de San Pedro recibe a miles de fieles en su segundo día de adiós al papa

Los mineros marcharon de manera pacífica por La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, y bloquearon las principales vías del centro de la ciudad. La policía antimotines cerró el paso por las calles que dan acceso a la plaza de armas, donde se encuentran las oficinas presidenciales y el Congreso.

El ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, llamó al diálogo y aseguró que “el tema de fondo” es la provisión de explosivos y que no suba de precio. Tras un fallido intento de negociación entre los líderes de los manifestantes y el gobierno, Josué Caricari, otro dirigente minero, señaló que esperan un encuentro con el presidente Luis Arce y descartan uno con sus subalternos del gabinete ministerial.

“Hemos pedido que el presidente haga caso a nuestras demandas, de lo contrario vamos a radicalizar (endurecer) nuestras medidas de presión”, adelantó. De manera paralela, varios cientos de mineros decidieron pernoctar en vías públicas y mantener los cortes de calles y avenidas de la sede de gobierno.

Te puede interesar: Che Róga Porã 2.0 arranca con 4 nuevas modalidades

De enero a septiembre de 2024, Bolivia exportó bienes por valor de 6.687 millones de dólares, de los cuales el 49,8% correspondió a la minería, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Fuente: AFP

• Fuente: AFP

Más de 600 camiones cisterna bolivianos aguardan desde hace semanas a las afueras de Asunción, en difíciles condiciones de salubridad, para cargar gasolina y gasoil debido a que, según fuentes del sector, su gobierno no paga al proveedor de combustible.

Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para adquirir combustible a los importadores.

“Llegué con la esperanza de cargar y retornar, pero lamentablemente me encontré con montones de colegas en una situación incierta. Nadie sabe cuándo se le va a cargar”, dijo este martes a la AFP el camionero Carlos Herebia, que lleva dos semanas esperando. Otros, denuncian, esperan desde hace 30 o 40 días.

De 37 años, Herebia tenía pensado volver a casa antes de Semana Santa, pero su camión cisterna, al igual que otro más de medio millar, está en un parque cerrado conocido como El Avispón, en la localidad de San Antonio, a las afueras de la capital paraguaya.

Otro centenar de vehículos hace fila en las afueras de este parque, a orillas del río Paraguay, a la intemperie y en malas condiciones de salubridad. Las autoridades de San Antonio instalaron algunos baños portátiles en el lugar, pero son insuficientes.

La semana pasada, el dirigente del sindicato del sector en Bolivia, Domingo Ramos, denunció que cientos de camioneros en Paraguay aguardaban el pago por combustible para reanudar las actividades de carga y transporte.

“Los señores de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) solo están alargando la agonía de este gobierno y todos los transportistas”, acusó Ramos, de acuerdo al medio local Unitel.

Lea más: Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht

Bolivia compra combustibles de países vecinos a precios internacionales y los vende en su mercado interno a un costo subvencionado. Esta subvención, además de la caída de las exportaciones de su gas natural, resultan en buena parte en la escasez de dólares que padece el país.

Esta incapacidad de pago a los importadores ha causado que, en Bolivia, transportistas y particulares esperen por horas en las estaciones de servicio para cargar combustible.

El año pasado ocho camioneros bolivianos murieron en Paraguay, por distintas causas, en general víctimas de la precariedad de la situación y las altas y altas temperaturas.

“Yo vengo desde hace cinco años a Paraguay y cada vez es peor. Somos más de 600 camiones, la mayoría de 35.000 a 37.000 litros. Los que no están en el parque están afuera. Y siguen viniendo, o sea, de nuestro país los siguen enviando. Ya no tenemos ni donde pararnos”, describió Herebia. Esa es la razón por la que están concentrados en el parque. “Ni siquiera tenemos acceso a agua potable”, protestó.

Te puede interesar: Justicia argentina confirma que expresidente Fernández irá a juicio por violencia de género