“Soy el presidente del COVID-19”, dijo Luis Lacalle Pou en marzo, poco después de asumir y de que aparecieran, apenas 13 días después, los primeros casos del nuevo coronavirus en Uruguay.

La pandemia que azota al mundo cambió todos los planes del nuevo gobierno, pero también terminó convirtiéndose en una inesperada carta de popularidad. Las encuestas marcan que 60% de los uruguayos aprueba su administración, cuando solo el 48% le dio su voto en noviembre pasado.

El crédito obtenido por el mandatario de centroderecha que puso fin a 15 años de gobiernos del izquierdista Frente Amplio (FA), y que este martes cumple seis meses en el poder, corre en paralelo con la exitosa gestión de la crisis sanitaria.

En un continente con altísimas cifras de contagio, el país de 3,4 millones de habitantes ha sido elogiado por su control de la enfermedad: registra 1.570 casos y 44 fallecidos de COVID-19. Estados Unidos reconoció a Uruguay como “modelo” en la región por su manejo de la pandemia y es, sobre esa base, la única nación latinoamericana a la que la Unión Europea le abrió sus fronteras.

No obstante, muchos se preguntan por cuánto tiempo el gobierno podrá capitalizar este éxito sanitario, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia que ha llevado a más de 200.000 uruguayos al seguro de paro.

“Resulta lógico que los uruguayos juzguen al gobierno por cómo tramitó el principal tema de la agenda, que por su naturaleza representaba una amenaza para la vida”, dice a AFP el politólogo Daniel Chasquetti. Pero, destaca, “la vida en Uruguay se ha ido normalizando y eso permite que otros asuntos comiencen a despertar especial interés”.

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Frente a la Torre Ejecutiva (sede de Presidencia) se ven cada semana movilizaciones de sectores públicos, que protestan por recortes presupuestales, y privados, que reclaman más medidas para reactivarse.

Estas manifestaciones se han acelerado en vistas a la votación del Presupuesto, que el Parlamento empezará a discutir el martes para definir las asignaciones de recursos durante el quinquenio del gobierno.

Mientras, políticos frenteamplistas reclaman un ingreso básico de emergencia y aseguran que el gobierno está invirtiendo recursos insuficientes para atender los efectos socioeconómicos de la pandemia. La oposición blande un informe de la Cepal que consignó que Uruguay es uno de los países de la región que menos esfuerzos ha realizado para evitar el crecimiento de la pobreza.

Según un estudio oficial presentado a fines de julio, hay 2.553 personas en situación de calle, un 25% más que en el 2019, mientras las ollas populares se multiplican por todo el país.

Actualmente, “el principal tema de preocupación es la situación económica”, dice Chasquetti. “El gobierno no tiene un plan concreto para afrontar esta situación (…) Apuesta a realizar ajustes en la macroeconomía”, reducir el gasto, para favorecer una recuperación en el 2021.

Lacalle Pou busca atraer inversiones en el país de la carne, la soja, la celulosa, el software y el turismo para hacer frente a las dificultades. Con un ya fuerte déficit fiscal heredado de 5%, el gobierno prevé que éste aumentará a 6,5% al fin del 2020, junto con una caída de la actividad económica de 3,5%.

En ese marco, el analista cree “muy probable que en los próximos meses el humor social cambie y el fuerte respaldo que hoy tiene se vaya erosionando”.

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Lacalle Pou también ha enfrentado disonancias en la coalición oficialista, a la que muchos pronosticaron poco tiempo de vida desde que se formó el año pasado para enfrentar al FA en las elecciones presidenciales.

La renuncia del canciller Ernesto Talvi por diferencias con el presidente y las constantes discrepancias con representantes del ultraderechista Cabildo Abierto (CA) han reavivado esos temores.

Sin embargo, analistas creen que la coalición superó su primera prueba de fuego al aprobar el paquete de leyes clave para el gobierno conocido como Ley de Urgente Consideración (LUC). “Ahora tendrá que pasar una segunda prueba fuerte que será el Presupuesto”, dice a AFP el politólogo Eduardo Bottinelli.

Para Bottinelli, es “esperable” que la coalición no dure todo el período. “En los próximos 2-3 años deberíamos esperar perfilismos más acentuados y probablemente disonancias fuertes. Los socios de la coalición tienen la necesidad de generar su propia agenda y diferenciación de cara a las elecciones del 2024”, señala.

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Mucho antes, el 27 de setiembre, aguarda otra cita electoral, en la que los uruguayos elegirán intendentes, ediles y alcaldes para los 19 departamentos del país.

En esta elección, el FA pone en juego sus seis intendencias, de las que según encuestas retendría cuatro, incluidas las dos más importantes del país: Montevideo y Canelones. ¿Podrá influir la alta aprobación del gobierno en los comicios municipales?

Para Chasquetti, “normalmente, la política nacional influye poco en las elecciones departamentales”. “Hay suficiente evidencia que muestra que los departamentos tienen agendas locales propias. El departamento más sensible a la política nacional es Montevideo, pero las encuestas no muestran un traslado de la popularidad del gobierno a la intención de voto de su candidata”, concluye.

Fuente: AFP