Las precarias y superpobladas cárceles de Brasil sumaron un nuevo mal: la pandemia de coronavirus, que agravó la deficiencia de los servicios de salud y dejó a los presos más aislados que nunca de sus familias.
“Tengo miedo de perder a mi marido en la cárcel. Nunca hubo una atención [médica] adecuada, pero ahora la preocupación es mayor porque lidiamos con un enemigo invisible”, dijo por teléfono a la AFP ‘Mónica’, cuyo esposo está detenido desde hace cuatro años en el estado de Sao Paulo.
Desde que se detectó el primer caso en abril en una cárcel de Rio de Janeiro, el coronavirus se ha propagado rápidamente entre los más de 748.000 presos de Brasil -la tercera mayor población carcelaria del mundo- pese a que las visitas y los traslados se habían suspendido a finales de marzo.
A la superpoblación carcelaria -que llega hasta un 300%, en celdas con pésima ventilación e iluminación- se suma el racionamiento de agua y una alimentación pobre. Condiciones que hacen casi imposible evitar la propagación del virus.
"La salud en las cárceles ya era un problema importante; ahora, con la COVID-19, no sabemos qué va a pasar", dice a la AFP la investigadora en salud pública Alexandra Sánchez, del prestigioso centro científico Fiocruz.
Sin datos fiables
Más de 17.300 prisioneros están contagiados (2,3% del total) y casi un centenar murió de coronavirus, según el Departamento Penitenciario Nacional (Depen). Pero existe una subnotificación de casos, al igual que en todo Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia con más de 112.000 decesos y 3,5 millones de casos declarados. En las cárceles, solo un 7,8% de los detenidos fue sometido a un test de COVID. "No conocemos la situación real", advierte Sánchez.
‘Sol’ está preocupada por su hijo de 29 años, preso por tráfico de drogas y en cuya celda hay 42 personas, en la misma penitenciaría donde está el esposo de Mónica. “Madre estoy enfermo, hay varios presos con dolor en el cuerpo y no hay atención en la enfermería”, le contó su hijo en una de las pocas cartas que recibió desde abril. Un levantamiento reciente mostró que un 38% de los 2.095 presos en la cárcel de Sorocaba II en Sao Paulo son positivos al virus.
"Esa tasa es altísima, la circulación del virus es impresionante", dijo Sánchez, observando que la cifra supera a la de favelas de Rio de Janeiro con mayor prevalecencia de la enfermedad, con hasta 25%.
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Presos y carceleros
La suspensión de visitas y de los permisos para salir a trabajar a los prisioneros en régimen flexible produjo motines y fugas masivas; también hubo disturbios ante el temor de que los agentes penitenciarios lleven la COVID a las cárceles, como finalmente ocurrió.
De los casi 110.000 funcionarios penitenciarios, 7.143 se contagiaron y 75 fallecieron de COVID, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
“Es desesperante esta situación, porque nos omiten información (…), sabemos que las cosas no están bien”, dice Sol, quien antes de la pandemia visitaba cada 15 días a su hijo. La visita de familiares es fundamental para proveer a los detenidos de alimentos y productos de higiene. Para paliar la situación se autorizó el envío de estos productos por correo, pero no llegan a todos.
Derechos humanos
El 8 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "preocupación" por la rápida propagación del virus en las cárceles brasileñas y pidió que las autoridades tomen medidas para reducir la sobrepoblación y permitir la liberación de presos.
"En este periodo de pandemia, se observa una potenciación de las violaciones a los derechos humanos de las personas presas", dice a la AFP Leonardo Biagioni de Lima, coordinador del núcleo carcelario de la Defensoría Pública de Sao Paulo, que presta asesoría legal a personas sin recursos.
Durante una inspección en Sorocaba II, esa Defensoría constató que presos con COVID-19 o con síntomas compartían celda con otros asintomáticos. El ministerio de Justicia asegura que ha tomado "todas las medidas" que le competen, aunque expertos y defensores públicos aseguran que estas son insuficientes.
El defensor De Lima critica el "muy tímido" acatamiento por parte de los tribunales de una recomendación de la CNJ para liberar a presos que no hayan cometido crímenes violentos.
El ministerio de Justicia sostiene que liberó 49.747 presos (6,6%), pero criminalistas aseguran que la recomendación de la CNJ puede beneficiar a un número muy superior de detenidos, incluidas unos 2.000 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Fuente: AFP.