El 28 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de la Asamblea Anual de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), que significó un acontecimiento trascendental para Paraguay y la región. En este encuentro se realizó la elección de las nuevas autoridades para el periodo 2025-2027.

La superintendente de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), Jazmín Bernal, fue electa, en representación de nuestro país, para formar parte del directorio de la ASSAL por los siguientes dos años. De esta forma, se convirtió en la primera mujer paraguaya en ocupar un puesto en el máximo órgano de decisión de la asociación latinoamericana.

Este reconocimiento no solo resalta el liderazgo y la capacidad de supervisión del sector asegurador en Paraguay, sino que también abre camino para una mayor representación femenina en los espacios de toma de decisiones a nivel regional.

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Durante su intervención en la asamblea, Bernal destacó la importancia de una regulación ágil y adaptable a los mercados emergentes. Asimismo, reafirmó el compromiso de Paraguay con el fortalecimiento del mercado de seguros en la región, garantizando su estabilidad y la protección de los consumidores.

La nueva conformación queda de la siguiente manera: Guillermo Pedro (Superintendente de Seguros de Argentina) es presidente del directorio. Los vicepresidentes son Augusto Iglesias Palau (Comisión para el Mercado Financiero de Chile) y Luis Enrique Bandera (Superintendente de Seguros de Panamá).

Forman parte del directorio: Jazmín Bernal Lugo (Superintendente de Seguros del Banco Central de Paraguay); Ricardo Ochoa Rodríguez (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México); Carlos Izaguirre Castro (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú) y César Ferrari (Superintendencia Financiera de Colombia).

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En marzo del 2024, el presidente de la República, Santiago Peña, designó a la doctora Adriana Jazmín Bernal Lugo como nueva superintendente de Seguros del Banco Central, quien lleva 20 años prestando servicios en la banca y formó parte de la unidad jurídica donde fue procuradora y ejerció varios cargos.

¿Estamos listo para adopción de la IA en América Latina?, es lo que se pregunta el Informe Trimestral Económico Bancario de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que en uno de sus apartados aborda el reto de la inteligencia artificial en el contexto actual para la región.

El reporte señala que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la IA presenta distintos avances en la región que no pueden pasar desapercibidos dada su actual importancia, tanto estratégica como táctica para el mundo empresarial, los gobiernos y los agentes económicos individuales.

Pero, lejos de ser una amenaza, se considera que la IA es una oportunidad que debe ser incorporada a la mayor velocidad posible a la matriz de insumo-producto de la economía general, remarca el artículo. Y la disponibilidad de datos, infraestructura, capacidad de cómputo, y talento humano son algunos factores que determinarán quienes avanzan más rápido en el tema.

Explica que en términos generales, Latinoamérica necesita más talento humano en ingenierías de la computación, mayor innovación en desarrollo de modelos propios de IA, y superar los atrasos de implementación en tecnologías 3G y 5G, entre otros retos. Desde el punto de vista empresarial, se observan pocas empresas nuevas incursionando en el campo de la IA, razón por la cual la inversión privada y las necesidades de financiamiento aún están por determinarse.

El FMI (2024) considera que en la región existen importantes avances en el campo digital y en el campo de los ecosistemas. Un ejemplo que destacan es el relacionado con la banca y el sector financiero, tras la creación de marcas digitales y firmas privadas que dinamizaron el campo de los pagos.

Igualmente, la formación de algunos sistemas masivos, universales por parte de los bancos centrales para permitir una mayor masificación de los pagos y transacciones, lo que implicó un crecimiento de tecnologías de amplio alcance, remarca el informe.

Un panorama distinto se plantea en el campo de la Inteligencia Artificial y su impacto, ya que según el índice de preparación para la adopción de la IA. se dice que “la región muestra significativas brechas en infraestructura digital y regulaciones que soporten el tema”. Se estima, de acuerdo con diversos sondeos de opinión, que solo el 22,5 % de las empresas no invirtieron en temas de Inteligencia Artificial.

Muy recientemente, el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Haussman mencionó la preocupación que existe por el bajo nivel de empresas que están relacionadas con la inteligencia artificial en la región, y los pocos avances propios que se exhiben en esa temática.

Entidades como el FMI y CEPAL coinciden en que, para avanzar en temas de IA y potenciarlas como factores determinantes para la productividad regional, es necesario adoptar distintas políticas públicas como; a) incentivar la competencia en el sector de la tecnología, b) disminuir las barreras de entrada para las firmas que propongan propuestas de valor en temas de software, hardware y formación de habilidades digitales.

La lista sigue con; c) mejorar los estándares de ciberseguridad en los países, d) mejorar el acceso a la educación digital, el entrenamiento y reentrenamiento de trabajadores y empresas, e) mejorar e incentivar las posibilidades de inversión en temas de creación de infraestructura digital.

Esto último va mas allá de permitir el mejor acceso al internet, porque implica construcción de torres de transmisión de datos, entregar internet gratuito en sitios como bibliotecas, plazas públicas, estaciones de transporte masivo, hospitales y escuelas.

En la actualidad se habla de la experiencia de Trinidad y Tobago, donde se han creado centros de tecnología abiertos al público para poder tener acceso a equipos, programas de ultima generación, banda ancha, servicios de impresión y escaneo que incentiven a las personas a formarse en estos temas.

Y f) la inteligencia artificial puede ser una herramienta que incentive y busque las firmas jóvenes no formales, para dar el salto a la formalidad. Este tipo de programas y aplicaciones serían una forma de ayudar para no incrementar las cargas laborales, contables y tributarias de manera significativa.

• Quito, Ecuador. AFP.

El colapso de un dique que ayudaba a contener parte de los más de 25.000 barriles de petróleo vertidos por la ruptura de un oleoducto hace casi dos semanas en el noroeste de Ecuador agravó la emergencia ambiental, donde ríos y playas del Pacífico están contaminados. El gobierno atribuyó a un sabotaje el daño en un oleoducto de propiedad estatal el 13 de marzo, que provocó el derrame de 25.116 barriles de crudo afectando tres ríos y el suministro de agua a varias poblaciones, según autoridades.

Debido a las intensas lluvias que caen desde enero en el país, el martes pasado colapsó un dique de contención en el río Caple, que se conecta con otros torrentes de la provincia costera de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, indicó el miércoles la estatal Petroecuador en un comunicado. Agregó que siete barreras de contención fueron instaladas en el río Viche, donde maquinaria retiraba palos contaminados de crudo. También se colocó material absorbente adicional en ese afluente, así como en el Caple y Esmeraldas, que desemboca en el Pacífico.

La entidad señaló que los trabajos buscan además proteger un refugio natural de vida silvestre, con más de 250 especies como nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. “Esto ha sido un desastre total”, dijo a la AFP Ronald Ruiz, el dirigente de los residentes del poblado de Cube, en cuya área está situado el dique. Añadió que el duro invierno “hizo que el afluente creciera, trayendo palizadas y por ende rompiera los diques que estaban conteniendo el petróleo, que estaba acumulado para su evacuación”.

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El dirigente apuntó que unas 750 familias estaban afectadas en Cube, donde la gente se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. “Tenemos ya el río totalmente muerto por ahora, no hay actividad de pesca, no pueden regar los cultivos”, expresó Ruiz. Según el dirigente, los ganaderos debieron evacuar sus animales hacia otras zonas. “Los animales que toman agua de este afluente aparecen muertos por ahí”, dijo.

Tras el derrame, la provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental, durante la cual se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua. El colapso del dique volvió a dejar a pobladores sin agua, lo que obligó a que el miércoles se distribuyera en carrotanques, según Petroecuador. Las autoridades también reparten raciones de alimentos y kits de limpieza.

El vertido de petróleo es de los más grandes de los últimos años en el país. En 2022, unos 6.300 barriles afectaron la Amazonía ecuatoriana, donde dos años antes cerca de 16.000 contaminaron varios ríos. Ecuador explotó en 2024 unos 475.000 barriles diarios (bd) de petróleo, su principal producto de exportación. Ese año vendió un 73 % de la producción, que le generó unos 8.647 millones de dólares. El crudo es extraído en pozos de la selva amazónica y llevado por dos tuberías hasta puertos en Esmeraldas.

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• Quito, Ecuador. AFP.

Ecuador entró ayer domingo en campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril entre el mandatario Daniel Noboa y la opositora de izquierda Luisa González, con la violencia narco como telón de fondo. Noboa, empresario de 37 años que se autoproclama de centroizquierda, obtuvo en la primera vuelta apenas 16.746 votos más que González, abogada de 47 años y delfina del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

“Es un inicio de segunda vuelta tenso, con una tensión que viene, yo creo, en parte dada por el empate” en las elecciones generales de febrero, dijo a la prensa el jefe adjunto de la misión de observadores de la Unión Europea (UE), José Antonio de Gabriel.

La campaña arrancó con concentraciones de simpatizantes de los aspirantes en Quito con ocasión de un debate obligatorio, que duró dos horas y en el que ambos se lanzaron en vivo una serie de acusaciones de corrupción e incluso de vinculación con el narco. González, quien aspira a convertirse en la primera presidenta ecuatoriana elegida en las urnas, señaló a Noboa de ser propietario de una empresa investigada por presunto narcotráfico y propuso que ambos se sometan a una “prueba antidoping” tras el debate.

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Para reforzar la lucha anticrimen, sobre lo que Noboa dijo que se necesita ayuda de Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y España, el jefe de Estado insistió en su proyecto de que la Constitución sea reformada para eliminar la prohibición de que haya bases militares extranjeras en Ecuador, lo que propuso al opositor Congreso y a lo que el correísmo se opone.

Correa dio por terminado en 2008 un convenio que permitía a Washington usar una instalación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto de Manta (suroeste) para vuelos antidrogas. El sábado, Noboa denunció que un miembro de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) fue asesinado en Canuto (suroeste), un pequeño pueblo costero de donde es oriunda González.

Más de 30 políticos, autoridades judiciales y periodistas han sido asesinados desde 2023 en Ecuador, incluido el presidenciable Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito antes de los comicios anticipados de ese año, en los que Noboa fue elegido para gobernar 18 meses.

Quien gobierne el país durante los próximos cuatro años también deberá hacer frente a una crisis económica. La deuda pública se sitúa en torno al 57% del PIB y una guerra contra el narco resulta costosa. La contienda se avizora muy reñida, en medio de la violencia de bandas con nexos con cárteles internacionales. “Es un panorama muy complejo el que vive el Ecuador”, dijo a la AFP el analista Leonardo Laso, exministro de Comunicación.

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Laso señaló que encuestas recientes “muestran un empate cerrado” para el balotaje, al que están llamados unos 13,7 millones de electores. “La campaña es compleja” ya que la mayoría de los votantes ya se inclinó en primera vuelta por Noboa o por González. “La pelea por lo que queda va a ser muy dura”, será “voto a voto”, expresó.

En febrero, Noboa y González captaron el 88,17% de los casi 10,3 millones de votos válidos, que se repartieron entre 16 candidatos. El líder indígena de izquierda Leonidas Iza se ubicó tercero (5,25% de los sufragios) y la ambientalista anticorreísta Andrea González Nader, cuarta (con 2,69%). Casi un millón de votos fueron en blanco o nulos, y la abstención bordeó un 18%.

La mayor organización de pueblos originarios (Conaie), encabezada por Iza, y otras organizaciones de izquierda resolvieron apoyar a Luisa González. Aunque esto no garantiza el apoyo automático de todo el electorado indígena, apunta Laso. Noboa libra desde 2024 una guerra contra los grupos narcotraficantes, cuya disputa por el poder desató una espiral de violencia que disparó la tasa de homicidios, de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a un récord de 47 en 2023.

El actual gobierno, que declaró el conflicto armado interno y mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen, bajó ese índice a 38 en 2024. Pero este año se inició nuevamente con cifras alarmantes de violencia, lo que ha incrementado el temor entre la población.