La Policía Nacional de San Pedro del Paraná logró detener a un hombre que era buscado por un horrendo crimen que ocurrió en Buenos Aires, Argentina y será extraditado en las próximas horas. Además, realizaron dos allanamientos en búsqueda de otras dos personas que estarían involucradas en el crimen y que se presume que también están en el departamento de Itapúa.

Según el reporte policial Iván Giménez González, fue detenido en la vía pública en el distrito de San Pedro del Paraná. Este contaba con una orden de detención y extradición por estar vinculado a un caso de homicidio ocurrido en una vivienda en la ciudad de Recoleta. En el lugar una mujer fue encontrada muerta, atada de manos y pies, con una bolsa de plástico en la cabeza.

“Ahora se encuentra detenido en la comisaría primera y está a cargo del Juzgado que está realizando los trámites para la extradición. El detenido será extraditado a la Argentina y seguimos buscando a su hermana y a la pareja de esta, que estarían involucrados en el crimen”, detalló el comisario Javier Jiménez, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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La detención del hombre se realizó mediante el operativo conjunto “Finis Unita” encabezado por el departamento de Antisecuestro y Antiextorsión, departamento de Interpol y el Ministerio Público. Posterior a la detención se realizaron una serie de allanamientos donde se incautaron de varios elementos que estaban relacionados con el crimen. El procedimiento fue dirigido por la agente fiscal Rocío Valdez y supervisado por el subcomisario Erwin Cáceres.

En el primer allanamiento, realizado a las 21:00 en la zona rural de Jagua Kua’i, se incautaron de una camioneta Renault Duster de color gris, documentos y un teléfono celular. Luego a las 23:44 horas, se realizó otro procedimiento en la casa de la familia de Iván donde se incautaron de ropa deportiva, una mochila negra y dinero en efectivo en diversas monedas.

El 7 de marzo de 2025, el marido de Magalí Levy, de 28 años, la encontró maniatada con una bolsa de plástico en la cabeza y ya sin signos de vida. La mujer fue asesinada luego de que dejó a sus dos hijos en la escuela y regresó a su casa, donde se encontró con los delincuentes quienes acabaron con su vida. Se presume que el hecho se reportó en medio de un robo domiciliario por lo que el caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo.

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Una mujer que se encontraba aguardando un ómnibus para ir a su lugar de trabajo fue abordada por dos hombres, quienes la despojaron de sus objetos de valor y luego se dieron a la fuga. Gracias a la rápida acción policial, uno de los involucrados fue detenido y se pudo recuperar lo robado.

El hecho se registró en la compañía Montaña Alta de la ciudad de Limpio, cuando una mujer aguardaba en una parada de colectivos. Los autores se encontraban a pie y la rodearon para amenazarla con un cuchillo en caso de que no entregara sus objetos de valor.

Cuando se dieron a la fuga, la mujer pidió ayuda a otros transeúntes y se comunicaron a través del sistema de emergencia 911 con efectivos de la zona, quienes al llegar al sitio iniciaron un rastrillaje en compañía de la mujer, quien dio detalles con respecto a la apariencia y características que tenían los ladrones, pudiendo dar con uno de los sindicados, quien caminaba solo por una zona oscura y finalmente fue detenido.

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“Del poder del hombre fueron incautados la mochila de la víctima, dos aparatos celulares, una placa de inducción y un cuchillo de cocina, el cual habría utilizado para intimidar a su víctima. Gracias a los datos provistos por el ahora detenido, ya se emitió también una orden de búsqueda y captura en contra de quien sería su cómplice”, explicó la oficial Pamela Paredes.

El detenido fue identificado como Cosme Damián Enrique Santa Cruz, quien no cuenta con antecedentes criminales y residiría en el asentamiento Ricardito de Limpio. Por otro lado, su cómplice, quien ahora es buscado, contaría con varios antecedentes por hechos de hurto y robo agravado.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.

La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.

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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.

Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.

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En el marco de la implementación del programa de Revisión de medidas cautelares, un equipo técnico del fuero Penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un censo y recolección de datos en el Centro Regional Penitenciario de Encarnación. En total se hizo el relevamiento de datos de 201 personas privadas de libertad, tanto prevenidos como condenados.

Esta actividad contó con el respaldo del presidente del Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa, abogado Luis Alberto García, y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además se enmarca dentro de los trabajos que se realizan junto con el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

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Participaron de la jornada los jueces de Ejecución Penal, Sonia Rojas y Laura Benítez; los jueces de Garantías, Claudia Scapinni y Miguel Óscar López. Asistieron representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Salud, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el sector del deporte y otras instituciones vinculadas al sistema penitenciario.

Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Nacional y la Acordada n.° 1.511/2021. Igualmente la misma actividad se realizará en otras penitenciarias de nuestro país.

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