La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifestó su preocupación por la situación sanitaria en las cárceles bolivianas, donde el hacinamiento y la precaria asistencia médica ponen en riesgo la vida de los detenidos ante la expansión del coronavirus.
"La OMCT urge a las autoridades a modificar el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto para asegurar que un número más elevado de presos pueda beneficiarse de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, y a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los detenidos", dice la ONG en un comunicado.
Señala que a la fecha se contabilizan al menos 159 presos infectados y 40 fallecidos en las cárceles bolivianas por COVID-19.
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El caso más preocupante, señala, es el de la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde fallecieron 23 personas, varias de ellas sin haber recibido tratamiento médico adecuado. La precaria situación sanitaria está incrementando la violencia y los motines al interior de los penales, dice la ONG.
El hacinamiento en las cárceles no permite cumplir con el aislamiento y el distanciamiento físico recomendados para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.
Según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), los centros penitenciarios bolivianos presentan una sobrepoblación del 269%, entre las más altas de la región.
La OMCT asevera que el Decreto de Amnistía e Indulto aprobado en mayo pasado para descongestionar las cárceles con medidas de detención domiciliaria no ha sido eficaz, pues benefició solo a un reducido número de presos.
Se estima que en el país hay cerca de 19.000 presos, de los cuales el 66% carece de sentencia. Bolivia registra a la fecha más de 68.000 infectados con COVID-19 y supera los 2.500 muertos.
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Piden a Peña no “amilanarse” por sectores contrarios al control de las ONG
El analista político y económico Víctor Pavón alertó sobre la campaña desplegada por sectores sociales y empresariales que buscan dañar la imagen del Paraguay con el único fin de impedir la promulgación del proyecto que establece el control y transparencia sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).
“Esta gente tiene como objetivo amilanar o torcer la voluntad del presidente de la República, Santiago Peña. Yo espero que el presidente de la República promulgue este proyecto de ley que es necesario para la transparencia y rendición de cuentas, esta es la única condición para que Paraguay se autodetermine como cualquier otro país. Ese documento fue tratado y deliberado, se hicieron las consultas correspondientes y garantizará igualdad ante la ley. Debemos terminar con la sociedad del privilegio”, manifestó.
Pavón afirmó en el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media que “si una organización utiliza dinero proveniente del extranjero o del sector privado que afectará los intereses del Paraguay, la lógica es que tengan la obligación de decirle al pueblo de dónde salió el dinero y en qué área de la actividad gubernamental afectará, porque están en juego los intereses de nuestro país, eso se llama patriotismo”.
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El también dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sustento sus afirmaciones colocando como ejemplo la reciente decisión de la calificadora internacional Fitch Ratings en no otorgar al Paraguay el grado de inversión.
Hubo lobby
“Acá hubo lobby de ciertos grupos que están interesados en afectar la imagen país. Son los agoreros del pasado, tienen un complejo de envidia y resentimiento hacia un gobierno votado por el pueblo y que está haciendo muchas cosas. Esta gente inventa y seduce, son encantadores de serpientes, su objetivo es tratar de empañar la situación”, manifestó Pavón.
Acotó: “Estos sectores dicen que si se lleva a cabo la promulgación del proyecto de control a las oenegés por parte del presidente Peña perderíamos el grado de inversión. Este es el sentimiento antipatriota que tiene mucha gente que desea que el Paraguay no siga avanzando, poniendo como condición que no se promulgue esta propuesta. Los que hacen este lobby con las calificadoras saben que este proyecto de ley no tiene nada que ver precisamente con el grado de inversión”.
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Presidente del Congreso rechaza que ley de control a ONG incida en calificación de Fitch
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez fue abordado por la prensa sobre la reciente decisión de la calificadora internacional Fitch en no otorgar al Paraguay, el grado de inversión. Rechazó que la ley que estipula el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales (ONG), haya influido en el resultado.
La calificadora mantiene a nuestro país con perspectiva estable. “Totalmente desacertado que ese sea el motivo, quisieron instalar también que en algún momento era por pérdida de investidura. Si es por eso, en el gobierno anterior tuvimos 7 pérdidas de investiduras”, comentó Núñez.
El senador consideró que esta no es una puerta cerrada para que el Paraguay sea considerado próximamente por la Fitch como un país confiable para invertir. Agregó que el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña seguirá trabajando para lograr el reconocimiento de otras calificadoras internacionales.
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Núñez dijo que los esfuerzos del gobierno para alcanzar la meta se ven reflejados por ejemplo en la tarifa de la entidad binacional de Itaipú, que traerá 650 millones de dólares adicionales por año y la unificación de Tributación y Aduanas que permitió una recaudación de más de USD 800 millones.
El político del Partido Colorado recordó que estos puntos junto con el crecimiento económico sostenido, la diversificación económica, la implementación de reformas, la estabilidad del tipo de cambio así como la gestión eficaz de las reservas internacionales fueron cruciales para que otras prestigiosas calificadoras de riesgos como Moodys haya elevado la calificación crediticia del Paraguay para obtener por primera vez el grado de inversión.
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“La ciudadanía tiene derecho a saber el destino de esos fondos”
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al proyecto de ley de control y transparencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que ya fue sancionado en el Congreso Nacional. El legislador sostuvo que las organizaciones mueven mucho dinero en el país en nombre de la ayuda a los paraguayos y que “la ciudadanía tiene derecho a saber”.
“Acá hay mucho dinero, hay muchísimo dinero que se pide para trabajar en favor de los paraguayos. Hay dinero que viene para asistir a todos los paraguayos, el nombre de nuestro país se usa, determinados actores del concierto de las naciones que quieren ayudar, a veces con buenas intenciones, otras para instalar una agenda”, indicó en el programa “Cara o cruz”, de Unicanal.
Latorre aseguró que la ciudadanía tiene el derecho a conocer dónde y cómo son destinados estos fondos o dinero que ingresen en nombre de la población paraguaya y cuáles son sus fines reales.
“La pregunta es sencilla, ¿acaso los paraguayos no tienen derecho a saber cómo se utiliza el dinero que se pide y que se da en nombre de ellos? La ciudadanía tiene derecho a saber. Creo que hemos perfeccionado el proyecto, estoy satisfecho con el nivel de consenso al cual llegamos tanto con actores del Poder Ejecutivo como con actores del Senado”, apuntó.
Por otra parte, recordó que el proceso del estudio y abordaje de este proyecto de ley que tuvo varias modificaciones en la Cámara Baja. Destacó además el acuerdo que se dio entre todos los actores involucrados para lograr incluir todas las modificaciones.
“Una versión que sostiene el aspecto fundamental del proyecto. ¿Cuál es la lógica del proyecto?, controlemos, transparentemos. Yo estoy a favor de la trasparencia, siempre he votado a favor de la transparencia y ese va a ser en el transcurso de mi vida política el norte, la brújula de mi gestión”, sostuvo Latorre.
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Transparencia de oenegés es lucha cultural, dice Leite
El senador Gustavo Leite aseguró que la reciente aprobación del proyecto de ley que transparente los fondos que reciben las organizaciones sin fines de lucro no se basa solo en la cuestión económica, sino que también en una lucha cultural para la defensa de los valores del país. En una entrevista con un programa argentino, destacó que Paraguay podría ser ejemplo para otros países que hacen frente al avance del globalismo.
En conversación con el programa argentino “Pilares de Mi Ciudad”, el senador paraguayo Gustavo Leite, exministro de Industria y Comercio y una figura clave en la política del país, abordó temas de relevancia tanto para Paraguay como para la región, destacando entre ellos el avance de un proyecto de ley que busca transparentar los fondos recibidos por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en sectores claves del país. Esta iniciativa, que ya ha sido aprobada en el Senado, surge en medio de una creciente preocupación sobre la influencia de ciertas ONG en la política interna y la cultura paraguaya.
Leite habló sobre el propósito central de esta legislación, que es regular y hacer transparentes los fondos que reciben las ONG que trabajan en áreas tradicionalmente manejadas por el Estado, como la educación, los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Según explicó el senador, el objetivo principal es que estas organizaciones, que muchas veces son financiadas por capital extranjero, rindan cuentas de manera clara sobre el origen y destino de sus fondos. Esto responde a una preocupación que ha crecido en el seno de la política paraguaya respecto a la posible injerencia de agendas externas a través de estas entidades.
Leite señaló que, aunque las ONG tienen un papel importante en la sociedad, existe la sospecha de que algunas operan con una agenda oculta que va más allá de sus fines declarados. Estas organizaciones, dijo, pueden llegar a tener una influencia considerable en la toma de decisiones políticas y en la gobernanza del Estado sin tener la responsabilidad o el escrutinio que tienen los actores políticos tradicionales.
“Lo que hace esta ley es transparentar a dónde va la plata. En general, las ONG solamente gastan en sueldos de ellos mismos. Y bueno, que la gente, el pueblo paraguayo, juzgue. Porque en realidad, las ONG son un quinto poder que no paga impuestos, que quiere ingerir en políticas públicas y que quiere ser parte de la gobernanza. Pero todo lo que sale mal es responsabilidad de los gobernantes y no debería ser así”, expresó Leite en la entrevista, dejando claro que su postura no es anti-ONG, sino a favor de un mayor control y transparencia en su funcionamiento.
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Una Batalla Cultural
El senador fue enfático al señalar que el fondo de esta legislación va más allá de lo económico. Para él, la ley es también una herramienta para proteger la cultura y los valores paraguayos ante lo que denominó una “infiltración” de ideologías extranjeras a través de estas organizaciones. En particular, destacó la influencia de la llamada “ideología de género”, que considera que se ha promovido a través de ciertas ONG en las escuelas y otras instituciones educativas.
Leite sostuvo que Paraguay está enfrentando una “batalla cultural”, similar a la que se vive en otros países, en la que las ideologías progresistas intentan imponer valores que no son compartidos por la mayoría de los paraguayos. Según él, la resistencia a estas ideas no es un rechazo a la diversidad, sino una defensa de las tradiciones y la libertad que caracterizan al país.
“Nosotros celebramos la libertad, creemos en la tolerancia, pero no creemos que una minoría nos tenga que imponer valores culturales que no son nuestros”, afirmó el senador, en referencia a las posturas de género que se debaten a nivel global. Leite cree que las ONG han sido el vehículo para la entrada de estas ideas, y la nueva legislación busca limitar ese tipo de injerencia, sin coartar la libertad de asociación o la capacidad de estas entidades para operar dentro de la ley.
¿Un modelo para otros países?
Leite sugirió que este tipo de regulación podría ser un modelo para otros países de la región que también enfrentan lo que él llamó una “contaminación ideológica”. El senador cree que Paraguay tiene una oportunidad única de mantenerse firme ante estas influencias externas, gracias a su fuerte apego a los valores tradicionales y la religión.
A su vez, dejó claro que la ley no está diseñada para limitar las actividades de las ONG que trabajan en favor del desarrollo social y económico del país, sino para evitar que agendas ajenas se inmiscuya sin el conocimiento público.
Fue claro en su postura sobre el financiamiento externo, señalando que, aunque muchas veces las ONG presentan proyectos con títulos atractivos, como la lucha contra la corrupción o la mejora de la educación, en muchos casos los recursos terminan siendo destinados a salarios altos para los propios trabajadores de las organizaciones, sin un impacto real en la sociedad.