La población de Encarnación vive con miedo por el auge de construcciones de edificios, principalmente en la zona costanera de la ciudad. Preocupa la falta de fiscalización municipal sobre las obras y que solo se cobren multas, permitiendo que continúen los trabajos, como aparentemente ocurrió con el edificio siniestrado donde murieron dos personas el miércoles por la noche.

“Estamos consternados, preocupados y muy tristes con lo que ocurrió con estas dos mujeres que perdieron la vida”, dijo la abogada Perla Riveros, presidenta de la Coordinadora Ciudadana de Encarnación al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Según la representante de los ciudadanos encarnacenos, “hay surgido como hongos” los nuevos edificios, hecho que preocupa a la comunidad. “Más asustados estamos ante un audio que está circulando que se hizo viral acá en la ciudad donde se le escucha supuestamente la voz del intendente diciendo de que hubieron varias construcciones y que él no pidió nada a cambio”, expresó.

Afirmó que evidentemente las construcciones “no tienen un control exhaustivo”. “Y se estima que se estén manejando favor con favor para que se puedan habilitar estas construcciones”, subrayó.

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Desde la Contraloría Ciudadana buscarán conversar con los parlamentarios de ambas cámaras para se pueda actualizar la regularización de las normas mediante una nueva legislación que beneficie por igual a todos los municipios del país. Así también, se dará apoyo a la investigación fiscal.

“Vamos a exigirle al intendente que dé las explicaciones pertinentes, convenientemente convencido de lo que dicen. Porque evidentemente hasta indolente es la actitud del municipio, desentendiéndose en su responsabilidad en este tema”, expresó.

La abogada Riveros responsabilizó al intendente Luis Yd sobre el siniestro ocurrido, al acceder a una modificación del proyecto inicialmente presentado por la firma constructora. “Acá pasó algo demasiado grave porque hablan los mismos concejales de que tenían permiso para hacer cinco pisos. Que esta gente haya venido y encontrado dos pisos más y hayan habilitado eso previo pago de multa, sin haberse cerciorado que las estructuras estaban capaces para aguantar ese nuevo peso, es un acto criminal. Y hoy estamos pagando ese acto criminal de desidia con dos vidas humanas”, remarcó.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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El príncipe Enrique fue acusado este domingo de “intimidación y acoso” por la presidente de una organización no gubernamental que trabaja en África y que él cofundó, pero de la cual tomó distancia tras un conflicto interno.

El hijo menor del rey Carlos III era hasta ahora mecenas de la ONG Sentebale, uno de los pocos compromisos que conservó tras su explosiva ruptura con la monarquía británica en 2020 y la pérdida de su patrocinio real. El príncipe Enrique anunció sin embargo el martes que abandonaba “devastado” la organización benéfica, después de un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, nombrada en 2023.

Chandauka fue también acusada de mala gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia. El caso se ha remitido a los tribunales. En una entrevista concedida el domingo a Sky News, Chandauka arremetió directamente contra el príncipe, acusándole de haber hecho todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.

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“Lo que el príncipe Enrique quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso”, afirmó. También aseguró que “tenía pruebas de ello”. El canal intentó ponerse en contacto con el príncipe, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, pero sin éxito.

Según una fuente anónima cercana a los administradores citada por BBC, éstos “esperaban” lo que describieron como una “maniobra publicitaria” urdida por Chandauka.

Chandauka denunció el domingo una cultura del “silencio” en la organización, con miembros de la junta reacios a pronunciarse en contra del duque de Sussex o simplemente a hablar de temas controvertidos. También se refirió a la pérdida de muchos donantes, que achacó, con documentos justificativos, a la salida del príncipe Enrique de Reino Unido en 2020.

Chandauka habló asimismo de la decisión del príncipe de llevar un equipo de rodaje de la plataforma Netflix -con la que tiene un contrato muy lucrativo- a la recaudación de fondos del año pasado, que se celebró durante un partido de polo.

Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban una escena bastante extraña entre la presidenta de la organización y la duquesa de Sussex, Meghan, ambos queriendo sostener el trofeo en el escenario. Tras el episodio, Enrique “me pidió hacer como una declaración para apoyar a la duquesa”, dijo Chandauka. El exdirector del consejo de administración, Kelello Lerotholi, declaró sin embargo a Sky News que nunca había sido testigo de ninguna petición de este tipo por parte del príncipe Enrique.

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“Puedo decir sinceramente que en las reuniones a las que he asistido nunca ha habido el menor indicio de ello”, afirmó. Lynda Chalker, que fue miembro del consejo de administración de la organización benéfica africana durante casi 20 años, declaró al periódico The Times que el estilo de Chandauka era “casi dictatorial”.

Enrique cofundó Sentebale cuando tenía 21 años, para continuar la labor de su difunta madre, la princesa Diana, profundamente comprometida en la lucha contra el sida. Sentebale trabaja en particular con niños y jóvenes que se quedaron huérfanos por la epidemia de sida en Lesoto, un pequeño país pobre enclavado en Sudáfrica, y en Botsuana.

Fuente: AFP

Autoridades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) asistieron a la convocatoria planteada por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) donde fueron invitados a participar en sesión de modo a responder cuestiones relacionadas a sus actividades, los recursos que administran, fuentes de ingreso, entre otros ítems.

“Nos queda claro que Opaci es una organización no gubernamental (ONG) que recibe fondos de la ciudadanía de manera indirecta, ya que administra recursos provenientes de tasas cobradas a los ciudadanos, en teoría, en beneficio de los municipios”, expresó el senador Gustavo Leite, relator de esta la Comisión, al término del encuentro.

En este sentido, el parlamentario enfatizó en la necesidad de que la institución convocada provea un informe detallado sobre los últimos cinco años, incluyendo ingresos, egresos y los beneficiarios de los pagos realizados por Opaci, tanto personas físicas como jurídicas.

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Varias de las preguntas fueron respondidas en plenaria, no obstante, las autoridades de la institución se comprometieron a compartir el mencionado informe de modo a que queden claros ciertos aspectos, sobre todo los vinculados al dinero que pasa por la institución. La Opaci cuenta con un presupuesto de G. 76.000 millones, de los cuales, G. 25.000 millones provienen del pago por emisión de licencias de conducir.

“Nuestro estatuto habla claramente que la asociación a la Opaci por parte de las municipalidades es voluntaria y está establecida una cuota social que va de G. 600.000 a G. 6.000.000 de acuerdo a la categoría de cada municipio. De las 263 municipalidades, 213 son asociadas”, expuso el presidente de la Opaci, Óscar Cabrera.

Además de esto, la institución se comprometió a informar por escrito sobre el cobro de impuesto de bienes y raíces, atribución que le fue delegada y tarea por la cual, la institución cobra un canon adicional de G. 30.000 por cada trámite. En cuanto a sus funciones, Cabrera manifestó que trabajan de cerca con las municipalidades para las capacitaciones tanto a funcionarios municipales, como a concejales e intendentes.

“Hemos capacitado a 1.800 personas entre intendentes concejales y administradores en aspectos del quehacer del municipio, por ejemplo en la elaboración y ejecución de un presupuesto y llegamos a todos los distritos del país con estas jornadas, además capacitaciones en procesos de contratación y también el aspecto jurídico porque las leyes municipales van cambiando”, explicó.

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Para la próxima sesión de la CBI están convocadas autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para abordar el supuesto caso de financiación irregular a la campaña política de Mario Abdo Benítez. Se prevé consultar si el organismo ha investigado el contenido de un chat atribuido al diputado Eulalio Gomes, en el que se menciona una presunta colaboración de un USD 1 millón.