El 18 de enero de este año, el joven compatriota de 18 años, Fernando Báez Sosa, fue asesinado a golpes de puño y patadas, frente a un local nocturno de Villa Gesell, Argentina.
Tras 6 meses del crimen, la justicia del vecino país identificó y confirmó que una de las huellas halladas en el cuerpo del paraguayo corresponde al zapato de uno de los sospechosos detenidos, Máximo Thomsen, de 20 años.
Así lo dieron a conocer varios medios periodísticos argentinos, que señalan que fuentes judiciales refieren que las pericias realizadas en el laboratorio de la Policía Federal de Mar del Plata confirman que una de las marcas detectadas en la cara de Fernando corresponde a un calzado de la marca “Cyclone”, que coincide con el zapato de Thomsen.
Precisan, a su vez, que había otra huella, pero que aún no pudo establecerse a quién pertenece. Sin embargo, con respecto a la otra no habrían dudas.
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Sus padres
Fernando era hijo único del matrimonio conformado por Silvino Báez, de 47 años, y Graciela Sosa (52). Hoy, su soledad está acentuada por el encierro en plena pandemia del COVID-19 y por la imposibilidad de poder salir a pedir justicia por su hijo. Antes, habían llegado a convocar a una multitud de personas frente al Congreso.
Ambos viven angustiados por la posible excarcelación de los sospechosos de la muerte de su hijo y en cuya causa están investigados y detenidos, además de Thomsen, Ciro Pertossi (20), Blas Cinalli (19), Ayrton Viollaz (21), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), todos ellos jugadores de rugby.
También lo estuvieron Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), quienes consiguieron ser excarcelados, de allí el temor de la familia, que solo espera que la causa siga su curso y se haga justicia.
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Justicia de EE. UU. aplaza indefinidamente caso de Trump con Stormy Daniels
El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
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En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.
Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.
El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
Caso inédito
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.
El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.
El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.
Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.
Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.
Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.
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Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.
Fuente: AFP
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Gobierno argentino anuncia licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay por 30 años
El gobierno argentino abrió un proceso de licitación para concesionar por 30 años la operatoria de la hidrovía Paraná-Paraguay, un paso estratégico para el comercio exterior del país sudamericano y del cono sur hacia el Atlántico.
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Desde 2021 el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía así como el cobro de peaje está en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que Buenos Aires resolviera no renovar la concesión a la empresa privada Hidrovía S.A. una sociedad de la marítima belga Jan de Nul y capitales locales.
Según la resolución publicada este miércoles en el boletín oficial, los oferentes, nacionales e internacionales, podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de enero próximo.
La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80 % de su producción, principalmente agrícola.
También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.
Según las bases de la licitación, el nuevo contrato establece pautas para la modernización del sistema de señalización, con el objetivo de “mejorar los servicios, reducir los costos operativos y atraer mayores inversiones” que el gobierno aspira aumenten “la competitividad del sector exportador”.
Los pliegos establecen un plan de obras que el nuevo operador deberá cumplir en los primeros cinco años de gestión.
Entre otras medidas se sumarán radares y sistemas satelitales para el seguimiento de buques, a la vez que se aumentarán medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según indicó el gobierno.
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La licitación entregará el control de la hidrovía “comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior”, indica el texto.
Fuente: AFP
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Imputan a presunto autor del crimen de agente de la Caminera
La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.
Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).
Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.
Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.
Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.
El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.