La Paz, Bolivia. AFP.
Una escandalosa compra con sobreprecio de ventiladores para pacientes con COVID-19 en plena emergencia sanitaria puso de nuevo en el tapete la corrupción en Bolivia, mal endémico que ha alcanzado a altos cargos del Estado.
"La corrupción viene de muy atrás", dice a la AFP el académico y constitucionalista Carlos Börth.
Por su lado, obispos católicos deploraron y rechazaron en un comunicado "la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos".
Los obispos aludían a la compra de respiradores artificiales, que cuestan 6.600 dólares la unidad según su fabricante español, y que fueron adquiridos en 27.000 dólares por el Ministerio de Salud, operación que le costó a Bolivia más de cinco millones de dólares.
El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue destituido al estallar el escándalo la semana pasada y junto con otros tres funcionarios fue enviado por unas horas a la cárcel.
Navajas fue trasladado el miércoles a una clínica, que no es ninguna de las tres de su propiedad, mientras la oposición exige que también sea investigado un diplomático cercano a la presidenta interina Jeanine Áñez, involucrado supuestamente en la compra con amaño.
Áñez dijo el jueves que existía en el Ministerio de Salud "una red de sabotaje y corrupción (...) para perjudicar" a su gobierno, aunque no ofreció mayores detalles.
Mientras el Congreso formó esta semana una comisión multipartidaria para investigar el fraude en esa compra.
Caso en Cochabamba
En otro caso, el alcalde de la ciudad central de Cochabamba, José María Leyes, fue detenido el miércoles en su casa por sospecha de corrupción. Se encontraba aislado en su domicilio por precaución por el coronavirus.
La detención ocurrió en el "Día de la Madre, delante de mis hijos menores, un abuso total, no respetan ni la cuarentena, un abuso total. Sé que esto viene por orden de (el ministro de Interior, Arturo) Murillo", dijo Leyes a la prensa.
El alcalde –que era procesado por otro caso de corrupción– está acusado de haber comprado alimentos en mal estado para la policía a una empresa recién creada y ligada a su entorno familiar.
Compras, impuestos
Los actos de corrupción no ocurren, sin embargo, únicamente en los niveles más altos en plena emergencia por la pandemia de COVID-19, que deja unos 8.300 infectados y 293 muertos entre los 11 millones de bolivianos.
Una investigación estableció compras sobrevaloradas de insumos para atender la crisis del coronavirus en la estatal Caja Nacional de Salud.
Otra pesquisa estableció que funcionarios del Servicio de Impuestos traficaban con la "prescripción de deudas tributarias" en favor empresas deudoras, según el titular de la institución, Mario Nava-Morales.
Hay también casos de falsificación de permisos de circulación vehicular en tiempos de restricción por la cuarentena, en vigor desde marzo pasado.
“Carga simbólica”
El analista Börth dice que "la carga simbólica que tiene el caso (de los ventiladores) en un momento de extrema emergencia social, hace que se visualice el tema de la corrupción con fuerza".
Este flagelo "está diseminado en todo el aparato del Estado (...) y los gobiernos no toman medidas efectivas porque no le interesa", afirma.
Por ejemplo, "en los 14 años de (gobierno de) Evo Morales se adoptaron sistemáticamente medidas que favorecieron la corrupción (...), como la de autorizar las compras por invitación directa", dice. "Eso ha profundizado la corrupción".
Pero Börth critica también al gobierno interino de Áñez por no contener el problema.
Algunos políticos "hacen de la corrupción un método de gobierno", en suma, "la corrupción se convierte en un método de gobernabilidad", dice.
El Índice de Percepción de Corrupción 2018, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, dio a principios de este año a Bolivia un puntaje de 29 sobre 100, donde cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.
El caso de los respiradores es el mayor escándalo en los seis meses de gobierno de Áñez, quien además es candidata presidencial en las próximas elecciones, cuya fecha no se ha fijado debido a la emergencia por la pandemia.