Por Ricardo Rivas
Corresponsal en Argentina
Twitter: @RtrivasRivas
El presidente Alberto Fernández prolongó el “aislamiento social obligatorio” hasta el 10 de mayo próximo. Mientras ello sucede y sin perder de vista que la prioridad global es paliar los efectos del COVID-19, que atenaza al mundo que aún carece de tratamiento y de vacuna para abordar la pandemia en forma efectiva. La economía global cruje y crujirá. Aquí también. La desocupación crece y crecerá. Aquí también. Pobreza e indigencia, crecen y crecerán. Aquí también. Cinco países –Yemen, Congo, Sudán del Sur, Afganistán y Venezuela– se encuentran al borde de la hambruna, según lo reportó David Beasley, titular del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU). De cara al futuro, más allá de las millones de vidas que cotidianamente superan la pandemia con la aplicación de prácticas científicas y profesionales tradicionales, las proyecciones no son alentadoras en ninguna parte. Aquí tampoco. Sin embargo y, desde esa perspectiva, el dicho popular siempre está allí para advertir y recordar que “mal de muchos es consuelo de tontos”. De poco sirven –como justificativo social– las estadísticas comparadas para insinuar que “nos va mejor” que, si se asume que cada muerte es un tragedia para todas y todos. Es una especulación antiética imaginar que una desgracia es más llevadera cuando afecta a millones de personas. Sin embargo, hay quienes subrepticiamente lo intentan e inducen comparar. Complejo.
En este contexto social y político que genera la pandemia, que fue necesariamente declarada cuando ya el presidente Fernández, en diciembre pasado, recibiera del Parlamento facultades extraordinarias que son propias del Congreso para que accionara con dinamismo y eficiencia –a probar por sus resultados– la grave situación económica y social que padece este país y con el Poder Legislativo inactivo casi en su totalidad, el pasado viernes 24 el Gobierno decidió apartarse de las negociaciones en procura de acuerdos comerciales del Mercosur, un bloque regional que, desde 1985, es una de las pocas políticas de Estado alcanzadas desde la recuperación democrática al fin de la última dictadura cívico-militar. “No queremos ser un obstáculo”, informó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, a través de una videoconferencia, a los representantes de Paraguay, Brasil y Uruguay cuando “ustedes tienen la intención de avanzar en un ritmo que (nosotros) no podemos”, por lo tanto, “avancen” que “después veremos si nos sumamos”. El funcionario fundamentó la decisión en que “la situación de incertidumbre internacional”, en que “tenemos que reordenar nuestra macroeconomía” después de la crisis sanitaria global y destacó que “sería aventurado y casi temerario que pensemos en negociaciones de libre comercio cuando no sabemos cómo se comportará nuestra economía y el mundo en general después de la pandemia”. La decisión unilateral argentina afecta a los otros tres socios regionales por cuanto desactiva fácticamente la tramitación de acuerdos de libre comercio con países como Corea del Sur (51,64 MM de habitantes), Canadá (37,59 MM), Singapur (5,639 MM), Israel (8,884 MM), Líbano (6,849 MM) y la India (1.353 MM) que no podrán concretarse sin el acuerdo unánime de todos, como lo dispone el estatuto del Mercosur. En esos mercados donde ofrecer productos mercosureños habitaban hasta el 2018, poco más de 1.463 millones de personas, eventuales demandantes de todo tipo de mercaderías. Potencialmente, los aproximadamente 264.395 millones de habitantes del Mercosur, con PBIs reducidos que necesitan reactivarse, con bajos niveles de empleo, con indicadores de pobreza e indigencia crecientes, con fuertes demandas educativas, entre otras carencias, se verán afectados por la decisión argentina.
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Las disonancias públicas no se hicieron esperar. El ex embajador en Brasil, en España y ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Pablo Lohlé, demandó “saber los fundamentos y quiénes participaron de esta decisión de contenido político, económico y jurídico. Es imprescindible conocer si ha participado el Parlamento, si hubo conversaciones previas con los presidentes de los Estados parte”. El diplomático sostuvo que “presentar una decisión de esta magnitud en los términos que se conocen y se hicieron públicos, es una irresponsabilidad” porque aparece como “una actitud imprevista” para con el bloque regional. “El Mercosur es una creación y construcción común de los ciudadanos mercosureños. Es necesario construir redes para definir estrategias y actuar en conjunto para mantener la unidad y pertenencia al bloque regional”. Por su parte, el ex vicecanciller Andrés Cisneros –uno de los impulsores y corredactores del Tratado de Asunción para el Mercosur, de 1991– considera que lo sucedido “es muy grave” porque “desde una perspectiva ideológica de los que ostentan y ejercen el gobierno desprecian los intereses nacionales del conjunto”. Cisneros, al referirse al Gobierno, fue más allá: “Sin gestionar adecuadamente la economía para hacerla viable procuran un discurso épico para explicar sus fracasos”. Sugirió también que la Argentina rechaza dialogar con países con otras miradas ideológicas como las que tienen los mandatarios de Paraguay, Uruguay y Brasil. Todo se hizo en silencio. La novedad se conoció aquí el viernes último porque así lo informó Mario Abdo Benítez, el presidente paraguayo, a través de un comunicado. La Cancillería argentina lo hizo 22 horas después a través del comunicado N°083//20” de ese ministerio.
Imaginar, proyectar y creer que la pandemia –y las acciones de emergencia que ella demanda– todo lo tapan no parece recomendable. Una semana atrás este corresponsal reportó que el ex jefe de Gobierno de España, Felipe González, pidió a los actores políticos “ser humildes en momentos como estos con el sacrificio y el sufrimiento de los ciudadanos” al tiempo que les pidió “que sean capaces de trabajar en equipo y dialogar”. Sostuvo también que plantear “economía o salud es un falso debate” porque “es necesario recuperar la salud para poner en marcha el aparato económico” aunque lanzó interrogantes que tuvieron tono de advertencia: “¿Cuánto tiempo se puede sostener el estado de emergencia? ¿Hasta dónde pueden llegar los gobiernos democráticos con esa situación sin perder el apoyo de sus pueblos? ¿Cuáles son los límites de la emergencia que debiera ser excepcional, de corta duración con las libertades (públicas) limitadas, sin interrupción de la vida democrática, sin perder el poder de legislar, de acordar, de la obligación de preservar el estado (democrático) de derecho y sin abusar de una situación en particular?”.
Es posible que por tanto hacer foco sobre la urgencia que demanda la pandemia, inevitable ante el temor a lo desconocido, que no sean pocos los gobernantes –algunos de ellos líderes de la nada, emergentes de situaciones coyunturales complejas, sin contención ética, y carentes de conocimientos suficientes– que dejan de lado lo importante. Espanta el supuesto. Pero no son pocas las advertencias. El académico Yubal Harari, requerido por La Vanguardia de Barcelona, describe la coyuntura como una “crisis (que) no es sólo sanitaria, sino también política”. Propone a medios y ciudadanos “no dejarse distraer totalmente con la epidemia”, sin dejar de reconocer su importancia y recomienda “poner el foco en la política y presionar a los políticos para que hagan lo correcto (…) para que actúen con un espíritu de solidaridad global; para que cooperen con otros países”. Con esa mirada sentencia que quien tenga que “gobernar en los próximos años no tendrá la capacidad para revertir las decisiones que se están tomando ahora”. Su exhortación conmueve: “Controlemos lo que los políticos están haciendo en este preciso momento”.
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