Saint-Ouen, Francia | AFP | por Marie GIFFARD

Un centenar de latinoamericanos, entre ellos 40 niños, llevan acampados más de una semana frente a la alcaldía de una ciudad cercana a París, con el apoyo de un grupo de voluntarios, tras haber sido expulsados de un edificio que ocupaban.

"La casa okupa Bauer era 'nuestra casa'", explica Chanel Marté Castillo, una dominicana de 40 años. "Cuando llegamos, empezamos a limpiar, a construir. Poco a poco, otras familias llegaban, buscando un sitio. Al final, éramos 150 personas", cuenta. Entre estas, se cuentan colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos o cubanos.

Acompañada de sus cinco hijos y de dos nietos, recuerda cómo se constituyó la comunidad en los nueve últimos meses, en un almacén abandonado, propiedad de la ciudad de Saint-Ouen (50.000 habitantes).

Muchos miembros de esta comunidad afirman que huyeron de la pobreza en sus países. Algunos llevan poco en Francia, pero otros se mudaron hace varios años.

Pero el 30 de julio, en virtud de una decisión de la justicia francesa, los locales y sus ocupantes fueron evacuados.

Desde entonces, 130 personas, incluyendo 40 niños y varias mujeres embarazadas, montan cada noche decenas de tiendas de campaña delante de la alcaldía. A las 06H00 de la mañana tienen que desmontarlas, antes de que llegue la policía.

Bajo una carpa, han formado una cantina que se nutre de las donaciones de los lugareños y que almacena cajas de alimentos y un hornillo en el que dos mujeres asan salchichas. En la carpa también hay bolsas con ropa, juguetes, sofás y unos cuantos colchones en los que se ve a varios hombres durmiendo la siesta.

El jueves por la noche, entre dos vehículos, una madre lava a su bebé, descalzo sobre el asfalto y con la cabeza llena de champú.

"Hay peruanos, bolivianos, dominicanos, cubanos, gente que tiene el asilo político, otros, sin papeles", señala Yamile Millán. Esta colombiana llegó a Francia hace año y medio, sin documentos, y "limpia casas", por la que le pagan "en negro" (no está declarada a la Seguridad Social), como tantos otros que trabajan en el sector de la construcción.

"Nunca había vivido en la calle", confía, con la mirada cansada y sentada sobre unas bolsas. "Reclamamos el derecho a una vivienda digna", lanza.

"Estamos luchando por algo que en nuestros países [...] no tendría ningún resultado, pero aquí sí", afirma Mauricio Gómez, un colombiano, "pastor" de la comunidad. "Sabemos que somos inmigrantes y por la historia, muchas culturas no se han portado muy bien. Tal vez el alcalde no nos conoce, no sabe qué clase de personas somos, pero queremos que nos conozca", asegura.

Por su parte, la ciudad de Saint-Ouen considera que no le corresponde hacerse cargo de esos "okupas". "En ningún caso ni el alcalde ni su mayoría municipal pueden ser considerados responsables de la situación", defendió el Ayuntamiento en un comunicado enviado a la AFP.

Para el gabinete municipal, la asociación francesa Droit Au Logement (DAL, "Derecho a la vivienda"), "instaló ilegalmente a personas en ese edificio municipal cuyo destino conocía todo el mundo". Allí está prevista la construcción de una escuela, para 2022. "Si bien se tienen que hallar soluciones para esas personas, le corresponde exclusivamente al Estado proporcionarlas", agrega la ciudad, situada en uno de los departamentos más pobres de Francia.

El alcalde, William Delannoy, estima que él debe "aportar soluciones de realojamiento prioritariamente" a los habitantes de Saint-Ouen, "que no entenderían, tras años de espera, que el alcalde diera viviendas a unos colombianos".

"¿Acaso esos 'colombianos' no son habitantes de la ciudad? ¿Es que el alcalde va a seleccionar a sus conciudadanos en función de sus orígenes a partir de ahora?", denunció en un comunicado el partido francés de izquierda radical La France Insoumise.

Por su parte, al ser contactadas por la AFP, las autoridades regionales explican que "se propuso alojamiento en hoteles a 29 familias con niños, a la espera de una solución más definitiva. Para el resto, competiría el sistema del 115 habitual", el número de emergencias sociales en Francia, casi siempre saturado.

“Para poner perros y pagar a gente para que vigile el local, hay dinero. Pero para poner a disposición un gimnasio, no”, critica Aliénor Turpin, una voluntaria de Saint-Ouen.