Santiago, Chile | AFP |

La propuesta de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), planteada por Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile, busca abrir un "debate" y no debilitar su funcionamiento, afirmó este viernes el ministro de Justicia chileno, Hernán Larraín.

"Buscamos fortalecer el rol de los Estados en materia de protección de los Derechos Humanos y definir cuándo la Comisión y la Corte tienen que corregir y rectificar lo que un Estado ha hecho malamente", señaló Larraín, en una entrevista con Teletrece Radio, ante la ola de crítica que generó la iniciativa de los cinco países.

Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile manifestaron en su propuesta "inquietudes" por el funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos y pidieron a los Estados y a los órganos del sistema que asuman "sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno".

Asimismo, recalcaron la "necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados".

La propuesta, de acuerdo con el ministro chileno, busca "abrir un debate" en torno al actual funcionamiento de un sistema que "está yendo más allá de sus atribuciones", con fallos que exceden las judicaturas nacionales o imponen sanciones económicas muy por encima de los montos que los Estados pueden asumir.

En medio de este hecho, la Corte Suprema decidió acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y anuló las condenas en contra de ocho mapuches acusados hace más de 15 años de terrorismo por haber provocado un incendio en una empresa forestal en el sur del país. La CIDH determinó que la calificación de terrorismo violó la presunción de inocencia de los acusados. La sentencia en extenso de la Corte Suprema se conocerá en dos semanas.

Para José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch, la iniciativa -de la que Chile sería su impulsor- "genera una presión indebida" ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

"Acá hay un esfuerzo por debilitar la jurisdicción y atribución de estos órganos", bajo un concepto arcaico de soberanía nacional, afirmó Vivanco a medios chilenos.

La medida representa también a su juicio "una contradicción" por parte de estos cinco países, que denuncian la violación de los derechos humanos en países como Venezuela o Nicaragua.

El ministro de Justicia chileno acudió el jueves a una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados a explicar los alcances de la iniciativa, donde reconoció que “probablemente” pudo “haber hecho mejor las cosas” para explicar de manera más adecuada la voluntad de su país.