La Paz, Bolivia | AFP |

La canciller de Bolivia, Karen Longaric, descartó este jueves que su país vaya a romper relaciones diplomáticas con México por la negativa de entregar a dos exministros del renunciado Evo Morales asilados en la embajada mexicana y acusados por la justicia de sedición y terrorismo.

"No creo que este 'impasse' por los asilados políticos llegue a ese extremo", dijo Longaric respecto de la negativa mexicana de dar cumplimiento al pedido de la fiscalía boliviana de que entregue a los exministros Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoca.

Sobre Quintana, extitular de la Presidencia y brazo derecho de Morales, pesa una orden de detención por "sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo", y sobre Alanoca, de Cultura y Turismo, por "instigación a delinquir".

Quintana había dicho que "Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno" en caso de renuncia de Morales, quien finalmente dimitió el 10 de noviembre, tras varias semanas de violentas protestas desatadas por su victoria en las presidenciales del 20 de octubre y que la oposición y la OEA tildaron de fraudulentas.

Desde entonces en Bolivia han muerto 33 personas durante las protestas.

Las autoridades sospechan que Alanoca mandó fabricar cócteles molotov caseros para resistir al nuevo gobierno.

Según Longaric, "la actitud del gobierno de México va a ir suavizándose y va a comprender que efectivamente pesan sobre algunos asilados acusaciones muy serias sobre delitos muy graves".

"En caso de que se rehusaran a entregar a personas con delitos comunes sería un problema muy grave para ellos e incómodo para nosotros".

Los diplomáticos mexicanos en La Paz "tendrían que resignarse a que esas personas se quedaran en esa embajada por los años de este gobierno y los siguientes del próximo gobierno [...] se van a quedar esas personas en la residencia de la embajada muchísimo tiempo", especificó.

Además de Quintana y Alanoca, la legación mexicana alberga a más de 20 personas, entre ellas los exministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, de Defensa, Javier Zabaleta, y de Economía, Luis Arce Catacora, quien recibirá un salvoconducto en las próximas horas.

En relación a una denuncia de Morales, asilado en México hace dos semanas, de que es seguido por Interpol, Longaric dijo no saber nada sobre esa "orden de aprehensión".

Morales está acompañado en su exilio por el exvicepresidente Álvaro García y la exministra de Salud Gabriela Montaño.

México, México | AFP | por Jean Luis ARCE

El secuestro, que se cobra una víctima cada cinco horas en México, es a veces una noticia mundial, como el caso del francés y el mexicano raptados el último domingo, pero en realidad es un drama silencioso que apenas se denuncia.

El caso del francés Frederic Michel y el actor mexicano Alejandro Sandí -interceptados por hombres armados mientras visitaban un parque nacional- enfatizó la magnitud del problema en México, donde el estado tiene escaso control en amplias porciones del territorio y poderosos criminales operan con impunidad total.

Sin embargo, el caso resulta anecdótico, ya que los extranjeros adinerados, sean turistas o residentes, rara vez son víctimas de este delito que no golpea solo a personas acaudaladas sino a cualquiera que se cruce en el camino de los criminales.

Este año, el primero del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, se registró una fuerte alza de secuestros, rompiendo una tendencia de casi cinco años a la baja desde un máximo histórico en 2013, según datos de organizaciones civiles.

Los 1.142 casos registrados entre enero y octubre, recopilados por varias ONG, representan un repunte del 5,3% frente al mismo periodo de 2018.

"El 2019, de mantenerse la actual tendencia, terminará como el quinto peor año de la historia" en número de secuestros, alerta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

"La mayor parte de los secuestros se dan en los estados de la costa del Golfo de México (...) eso tiene que ver con mafias de tráfico de personas", apunta por su parte Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.

Esa región de México es uno de los principales corredores de migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos, y que son víctimas habituales de secuestros masivos a manos del crimen organizado, explica el experto.

En lo que va de 2019, sin embargo, entidades del centro del país como el Estado de México -escenario del plagio de Michel y Sandí-, y la propia Ciudad de México muestran un aumento en la incidencia, cuya real dimensión no consta en las cifras oficiales.

"Aproximadamente hay que multiplicar por cuatro o cinco el dato estadístico, es uno de los delitos que menos se reportan", advierte Roel.

Las causas del incremento son diversas y algunas responderían a decisiones del gobierno de López Obrador, considera Rivas.

El recorte de 33% este año al presupuesto de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) o la estrategia emprendida contra del robo de combustible, que llevó a muchos grupos criminales del centro del país a optar por el secuestro como una alternativa más fácil y rentable, serían algunos de los factores, según el experto.

"Hemos tenido conocimiento de secuestros que se ejecutan por pocos miles de pesos, en donde la víctima puede ser incluso de escasos recursos y que para poder hacer el pago de ese rescate pues verdaderamente sufre", añade Rivas.

El repunte revive oscuros recuerdos de hace 20 años cuando los raptos se tornaron casi una epidemia en México, con casos emblemáticos como el de Daniel Arizmendi López, apodado "el mochaorejas", quien mutilaba las orejas de sus víctimas para presionar a las familias a pagar cuantiosos rescates.

Se estima que Arizmendi llegó a secuestrar y mutilar a unas 180 personas entre 1995 y 1998, casi todas de alto nivel socioeconómico.

En septiembre de 2001, el rapto del empresario Pedro Galindo también sacudió a los mexicanos, pero sobre todo a su esposa María Elena Morera, quien no solo asumió la negociación con los plagiarios hasta liberarlo, sino que se convirtió en activista contra la inseguridad.

Hoy, Morera lamenta que la administración de López Obrador "parece no entender" la importancia de la Conase, ente estatal establecido en 2014 con el fin de organizar y dar seguimiento a las acciones contra este delito, y que permaneció acéfala durante seis meses este año.

"No vemos apertura ni en las designaciones que hace ni en la estrategia", dice la presidenta de la organización Causa en Común, quien señala que el gobierno ha preferido nombrar a personas afines a su visión política pero sin experiencia en el tema.

"Este gobierno no responde al sentido común, a lo que responde es a las lealtades", agrega.

Morera y Rivas ven pocas señales de un cambio de rumbo en la estrategia de López Obrador, pese al evidente incremento del secuestro y otros delitos de alto impacto.

México, México | AFP |

El expresidente boliviano Evo Morales llegó este martes al aeropuerto de la Ciudad de México después de aceptar la oferta de asilo político que le hizo tras su renuncia el mandatario mexicano, Andrés López Obrador.

Morales llegó en un avión de la Fuerza Aérea de México que lo trasladó desde Bolivia, en un periplo lleno de cambios de último momento por parte de varios gobiernos que afectaron el plan de vuelo previsto inicialmente.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este martes al llegar a la Ciudad de México, en calidad de asilado político, que "seguirá la lucha", y que solo habrá paz en su país cuando haya "justicia social".

“Gracias a México, a sus autoridades, pero también quiero decirles que mientras tenga la vida seguimos en política, mientras esté en el tren de la vida sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse”, dijo en una primera declaración en el hangar del Ejército mexicano.

Culiacán, México | AFP | por Marcos VIZCARRA

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, justificó este viernes la decisión de liberar tras una breve detención a Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín "Chapo" Guzmán tras una batalla que dejó 8 muertos.

Hombres fuertemente armados libraron el jueves una batalla campal contra fuerzas de seguridad mexicanas que realizaban un operativo fallido para capturar a Guzmán en Culiacán, capital de su natal Sinaloa (noroeste), bastión del cártel de la familia.

Según un balance oficial, en el enfrentamiento murieron 7 soldados y un civil.

"Al verse rodeados por una fuerza mayor y todo el despliegue de agresión contra la población (...) se ordenó abandonar el inmueble", dijo este viernes Alfonso Durazo, secretario de Seguridad.

El secretario de Defensa, Luis Sandoval, reconoció por su parte que el episodio fue el producto de "una estrategia mal planeada".

En una rueda de prensa López Obrador fue categórico al justificar la decisión de abandonar el operativo.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé", argumentó.

Y aseguró que "de ninguna manera diría que ha fracasado" su estrategia de seguridad.

Fuentes oficiales han brindado distintas versiones sobre la existencia o no de una orden de aprehensión contra Guzmán.

Ovidio Guzmán, de 28 años, es uno de los cuatro hijos que el Chapo, preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de por vida por narcotráfico, tuvo con Griselda López Pérez, su segunda esposa.

Durazo afirmó la noche del jueves que una unidad de la Guardia Nacional realizaba un "patrullaje de rutina" en un barrio del centro de Culiacán, una ciudad de 750.000 habitantes, cuando desde una vivienda fue atacada a balazos, una acción que los uniformados repelieron deteniendo a cuatro personas, entre ellas Guzmán.

Pero el viernes, las autoridades rectificaron que el operativo sí fue planeado. Durazo dijo que grupos de la delincuencia organizada rodearon la residencia donde se encontraba detenido Guzmán "con una fuerza mayor" que la de los militares, desatando el pánico en diversos puntos de la ciudad, por lo que el gobierno mexicano optó por detener el operativo.

"Si ayer salimos a dar una versión diferente fue porque contábamos con una información distinta", dijo Durazo.

El secretario de Seguridad afirmó que no hubo ninguna negociación en la liberación de Guzmán.

Las balaceras duraron unas seis horas en varios puntos de la capital sinaloense. Las televisoras mostraban escenas de pánico en las calles, con hombres enmascarados y fuertemente armados atacando con una lluvia ensordecedora de tiros a las fuerzas de seguridad.

Sandoval confirmó la muerte de un civil y siete soldados, además de tres policías heridos por arma de fuego. Varios vehículos de la policía local y un helicóptero también tuvieron impactos de bala, y 50 reos se fugaron en medio de la refriega.

"Había balazos por aquí y por allá, nosotros tenemos un negocio aquí de comida y toda la gente se metió", dijo Víctor Solís, dueño de un restaurante donde se refugiaron varias personas de las balaceras.

Juan Ramos, un hombre que no pudo trasladar al hospital a su madre por los bloqueos que se vivían en la ciudad, dijo por su parte que nunca había visto una situación tan violenta.

"Había psicosis, carros incendiados en diferentes cruceros y ya vimos que era una situación grave, inédita, porque a pesar de que somos de aquí de Culiacán nunca habíamos visto ni sabido de un problema tan grave y de violencia", dijo.

Por la noche, arribaron a Culiacán 230 elementos del ejército para reforzar las labores de seguridad.

La liberación de Guzmán provocó un reclamo que retumbó en la Cámara de Diputados. "¡Renuncia! ¡Renuncia!", gritaron diputados del conservador Partido Acción Nacional (PAN, la segunda fuerza en el país) al gabinete de seguridad que encabeza Durazo.

En materia de seguridad, la semana ya había sido conflictiva para el gobierno izquierdista con la masacre de 28 personas en dos días.

"Un desastre, por donde se le vea", asestó el experto en seguridad Alejandro Hope en Twitter.

"Lo único peor que intentar capturar a un capo sin planeación indebida y detonar una batalla campal es intentar capturar a un capo sin planeación debida, lograrlo, detonar una batalla campal y acabar liberándolo", remató.

El Chapo Guzmán, que llegó a ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó en enero de 2001 de la cárcel de Puente Grande. Fue capturado de nuevo en febrero de 2014, pero 17 meses después protagonizó otra espectacular huida de un penal de máxima seguridad.

Fue detenido por tercera vez en enero de 2016 y un año después fue extraditado a Estados Unidos.

Tras un período de peleas internas, sus hijos han asumido control del cártel, junto con su cofundador, Ismael “El Mayo” Zambada.