Bogotá, Colombia | AFP

El ex jefe negociador de las FARC, cuyo paradero se desconoce desde hace semanas, denunció en una carta la traición del pacto de paz con la poderosa exguerrilla en Colombia y lamentó su ingenuidad al dejar las armas sin haber concretado antes los compromisos.

"Las modificaciones al texto original de lo convenido transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein", indicó Iván Márquez, máximo delegado de los rebeldes en los diálogos con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos que derivaron en la firma del histórico pacto en 2016.

"Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y 'conejo' (engaño). Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos", agregó.

La misiva, fechada el 22 de septiembre pero revelada este martes, también fue firmada por Óscar Montero ("El Paisa"), un temido exjefe guerrillero de cuyo paradero tampoco hay pistas.

"Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez (fundador de las FARC hasta su muerte en 2008 por aparentes causas naturales) siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos", afirmaron.

En la carta enviada a la Comisión de Paz del Senado, Márquez y Montero hacen una descarnada autocrítica: el acuerdo "tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros".

Entre las "trampas", los excomandantes denunciaron modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a exguerrilleros y miembros de la fuerza pública por crímenes cometidos durante los enfrentamientos.

También alertaron de incumplimientos en la reinserción e "inseguridad jurídica" de los 7.000 excombatientes que dejaron las armas el año pasado, entre ellos el caso del líder rebelde Jesús Santrich, detenido y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, que las FARC consideran un "montaje judicial".

Aun así aseguran que su "sueño sigue siendo la paz de Colombia" pese a que al acuerdo para superar medio siglo de guerra "fue destrozado por depredadores sin alma".

Tras conocer la epístola, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que mantiene dos "interrogantes" respecto a ambos rebeldes: si siguen en el acuerdo y si aún pertenecen al partido FARC, surgido del pacto.

"Si estas personas tienen la voluntad de seguir con los acuerdos, pues no es sino que aparezcan, y no aparezcan simplemente con un comunicado", dijo.

El comisionado reiteró que el gobierno de Iván Duque cumplirá su promesa de campaña de modificar apartados del acuerdo por considerarlos indulgentes con los rebeldes.

Y confió en que Márquez y "El Paisa" no se unan, como afirman versiones de prensa, a grupos disidentes de la exguerrilla comunista.

"Si ellos se acercan o se unen a las disidencias están rompiendo no solamente un acuerdo sino toda la estructura de un partido político nuevo", señaló.

Por su parte, las FARC calificaron de "opiniones personales legítimas" lo dicho por ambos dirigentes, a quienes aún consideran sus copartidarios, y los llamó a "vincularse activamente a la lucha" por la defensa del pacto.

"Deseamos que su situación se pueda normalizar lo más pronto posible para el bien del proceso y para avanzar en la construcción de una visión compartida sobre la perspectiva de nuestro proyecto político", indicó en un boletín.

Márquez, quien fue el segundo de la exguerrilla, renunció en julio a su escaño como senador, que le reservaba el acuerdo, alegando "desfiguración" de lo convenido y se trasladó a una zona selvática del sur del país. Desde entonces su locación es incierta.

Duque, que asumió el poder hace dos meses, ha pedido explicaciones al partido FARC liderado por Rodrigo Londoño ("Timochenko") por la ausencia de varios de sus dirigentes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga los crímenes cometidos durante la conflagración, pidió el 13 de septiembre a los líderes exguerrilleros reiterar su compromiso con el pacto tras la desaparición de varios de ellos.