El gobierno argentino retiró a su delegación de la 29ª conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP29) que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, informó una fuente oficial a la AFP. “Sí, el equipo se retira”, declaró este jueves una fuente de la secretaría de Ambiente en un correo electrónico a la AFP. Desde que asumió hace casi un año, el presidente Javier Milei emprendió un fuerte ajuste que incluyó reducción de ministerios a la mitad, paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales.

Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales como las Conferencias de Partes (COP) de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas en Bakú. Este jueves ya no se hallaban en la sede de la COP29, situada en el estadio olímpico de Bakú, según fuentes cercanas a la delegación.

Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben regularmente suministrar informes a la secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia, previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.

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La COP29 en Bakú se centra en encontrar el billón de dólares anual necesario a nivel mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y adaptarse a los desastres climáticos. Las difíciles negociaciones de la conferencia anual sobre el clima de las Naciones Unidas deberían concluir el 22 de noviembre con un acuerdo financiero: ¿cuánto se comprometerán a aportar los países occidentales y Japón, además de su compromiso anterior de 100.000 millones por año para 2020-2025?

¿Qué necesitan los países en desarrollo?

Las necesidades de financiamiento climático para los países en desarrollo (excluida China) han sido estimadas en 2,4 billones de dólares al año hasta 2030 por expertos designados por la ONU, distribuidos de la siguiente manera:

- aproximadamente dos tercios para la transición energética (solar, etc.);

- el resto para la adaptación al cambio climático, la reparación de desastres y la protección de la naturaleza.

De este monto total, la mayor parte debe provenir de las finanzas internas de los países afectados, pero se espera que 1 billón de dólares al año provenga de la “financiación externa”: es decir, de la ayuda pública de los países ricos, de inversiones privadas extranjeras o de impuestos globales, según el informe actualizado de los expertos presentado el jueves en Bakú.

De este billón ¿cuánto recaerá en los países ricos? Una pregunta que se escucha en todos los pasillos de la COP29. “Sería entre 300 y 400.000 millones” de dólares, dice el economista Amar Bhattacharya, coautor del informe junto a Nicholas Stern. Esto supondría al menos triplicar el compromiso previo de 100.000 millones. Sin embargo, varios contribuyentes como Francia y Alemania invocan sus dificultades presupuestarias.

Estados Unidos posiblemente abandonará el Acuerdo de París de 2015, la piedra angular de las negociaciones climáticas, e incluso podría abandonar directamente el organismo de la ONU dedicado al clima. Para 2035, un horizonte también considerado en las negociaciones, las necesidades de financiación externa de los países en desarrollo alcanzarían los 1,3 billones de dólares anuales, según el mismo informe.

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¿Cuánto aportan actualmente los países desarrollados?

En 2022, último dato proporcionado por la OCDE, los países ricos aportaron 116.000 millones de dólares en ayuda climática, cumpliendo su promesa con dos años de retraso. A falta de una definición de “financiación climática”, esta cifra es cuestionada por ONGs y países: ¿puede contarse como ayuda la renovación energética de un hotel de lujo en Kenia? ¿Un préstamo que endeuda a un país pobre es una “ayuda” real?

Sobre este total, varios institutos de investigación han intentado estimar qué países desarrollados están cumpliendo con su “parte justa”, relacionando su ayuda actual con sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero, su riqueza y su población.

Noruega sería el mejor alumno en esta clasificación, según el instituto ODI (datos de 2022), seguida por Francia con alrededor de 11.000 millones de dólares en financiación climática, el doble de su “parte justa”, aunque antes de los recortes presupuestarios anunciados para 2025. Alemania se ubica en cuarto lugar, con 14.000 millones. Estados Unidos (14.000 millones, un tercio de su “parte justa”) y Grecia cierran la lista.

¿Qué contribuciones de China y los países del Golfo?

Los países desarrollados consideran que su grupo, establecido formalmente en 1992 en la Convención de la ONU sobre el clima, debería ampliarse a China y a otros países emergentes ricos, tres décadas después. O, en su defecto, que estos últimos se comprometan a contribuir con la misma transparencia. “Desde 2016, China ha proporcionado y movilizado 177.000 millones de yuanes (aproximadamente 24.500 millones de dólares) para invertir en la acción climática en otros países en desarrollo”, respondió el martes el viceprimer ministro Ding Xuexiang frente a los jefes de Estado reunidos en Bakú.

Pero el 97 % de esta ayuda se presenta en forma de préstamos, según un informe del Centro para el Desarrollo Global (CGD en inglés), con sede en Washington. Los países del Golfo, por su parte, se mantienen discretos. Los Emiratos Árabes Unidos han prometido invertir 30.000 millones de dólares en un fondo bajo su control, al margen de la gestión multilateral promovida por la ONU Clima.

Fuente: AFP.

Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, se hospeda en un alojamiento poco habitual: un motel normalmente usado para citas sexuales, con habitaciones dotadas de columpios y tubos de striptease. Como muchos delegados que llegaron a la ciudad colombiana de Cali, su reserva de hotel se frustró en el último momento y Rwetsiba tuvo que cambiar de planes.

Con los hoteles tradicionales a reventar, los moteles acudieron al rescate. Mientras enseña a la AFP su habitación en el Motel Deseos, el delegado señala la gran cama matrimonial, la ducha a ras del piso y un curioso elemento: un espejo en el techo. Algunas de sus prendas están colgadas en perchas a lo largo de la mampara de la ducha. Otras están dobladas en un pequeño pasadizo que atraviesa la pared y suele usarse para pasar discretamente bebidas a los enamorados sin molestarlos.

Las habitaciones en los moteles normalmente se alquilan por unas horas, y no suelen tener armarios. “No sé si he entendido bien lo que debe ser un motel, pero he visto algunas características únicas... Como el espejo del techo. Nunca lo había visto en un hotel”, afirma Rwetsiba. También se sorprendió con el único enchufe que había junto a la cama, en lugar de al lado de la mesa, donde necesita corriente para su portátil. “La configuración es bastante diferente”, dijo. “Nunca he visto un hotel en el que cada habitación tenga un patio de aparcamiento”, cada uno cerrado, con una puerta privada que da directamente a la habitación.

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La gerente del Motel Deseos, Diana Echeverry, mostró orgullosa a la AFP las instalaciones, con 40 habitaciones en dos plantas y un ala reservada para los 12 delegados de la COP16 que allí se hospedan. En el otro, las habitaciones cuentan con comodidades como jacuzzis, sillas “kamasutra” y tubos de baile.

“Lo que hemos hecho es adaptar un poco nuestro establecimiento para poder tener a los huéspedes de la COP16 y a los extranjeros”, aseguró Echeverry a la AFP. Contactado con poca antelación por las autoridades locales, el motel fijó rápidamente una tarifa diaria de 150.000 pesos colombianos (unos 35 dólares) por noche, e introdujo un servicio de desayuno.

Los precios suelen oscilar entre 65.000 y 100.000 pesos por tres horas, equivalentes a 15 y 23 dólares. También “retiramos los columpios del amor, las máquinas del amor, los sillones Kamasutra y dejamos las habitaciones sin esos tipos de elementos”, dijo.

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La cumbre sobre biodiversidad ha sido un buen negocio, aseguró Echeverry. Con esas reservas, ha podido “garantizar que las habitaciones estén ocupadas durante esos días”, pues las que “quedan disponibles, ahora rotan mucho más para poder suplir las demandas de nuestros huéspedes habituales”, agrega. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había dicho a la prensa esta semana que los hoteles de la ciudad estaban llenos “al 100 %”, al igual que las casas, departamentos y alojamientos en Airbnb.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que entre 12.000 y 15.000 personas asistirían a la COP16, pero al final se acercaron más a los 23.000 delegados inscritos, dijo Eder. Según la Cámara de Comercio local, Cali es la ciudad con más moteles en Colombia, con 166 registrados. Llevan nombres como “Kama Sutra”, “Cupido” y “Éxtasis”.

Encantado con las amenidades del Motel Deseos, Rwetsiba dijo que había informado también a otros colegas, y que ahora había cinco delegados ugandeses en habitaciones “más cómodas” que las de muchos hoteles tradicionales. “Es... espacioso. Por eso estamos aquí. No nos quejamos”, dice con una gran sonrisa. “Todos estamos contentos”.

Fuente: AFP.

La pobreza, en particular la precariedad laboral, triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales, alerta el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU en un informe en el que culpa al consumo material y la competitividad de “poner en jaque la salud mental”. En el reporte “La economía del ‘burnout’: pobreza y salud mental” que presenta este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas el relator especial, el belga Olivier De Schutter, subraya que los “trastornos mentales que genera la pobreza constituyen a su vez un obstáculo para salir de ella”.

“Las personas con rentas más bajas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales comunes que aquellas con rentas más altas”, dice. Más de 970 millones de personas en todo el mundo -el 11 % de la población mundial- padecen algún trastorno mental, de ellos 280 millones sufren depresión y 301 millones, ansiedad, según el reporte, que recuerda que cada año se suicidan 700.000 personas, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La depresión es la principal causa de enfermedad. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre un tercio y la mitad de las solicitudes de prestaciones por incapacidad se deben a motivos de salud mental, y entre los adultos jóvenes se calcula que superan el 70 %, agrega. Solo durante el primer año de la pandemia de covid-19, los trastornos mentales aumentaron un 25 %, según el informe.

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Con más de 1 billón de pérdidas anuales para la economía, “las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto”, alerta. Más que en el debate sobre “cómo aumentar el presupuesto” para los problemas de salud mental, De Schutter aconseja incidir en los “factores que subyacen a esta epidemia de depresión, ansiedad y agotamiento”.

En particular, la “precarización laboral”, aunque también el cambio climático, dijo a la AFP. “Se ha demostrado que el trabajo precario empeora aún más la salud mental, debido a la inseguridad, la falta de poder de negociación, los salarios injustos y los horarios de trabajo extremadamente impredecibles, que hacen imposible lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal”, dice.

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Hace un llamado a los gobiernos a establecer “protecciones legales” que garanticen un “trabajo decente y un salario digno” y “refuercen la protección social proporcionando una renta básica incondicional, desestigmaticen los trastornos de salud mental y faciliten el acceso a espacios verdes que permitan volver a conectar con la naturaleza”.

“Nuestra obsesión por el crecimiento ha creado una economía del agotamiento: una carrera para aumentar los beneficios de una pequeña élite en la que millones de personas han quedado demasiado enfermas para correr”, dice el informe. Aumentar el PIB a toda costa está creando un “maremoto de mala salud mental” en las personas en situación de pobreza, concluye.

Fuente: AFP.

El Poder Ejecutivo nombró a Mario Raúl Cano Ricciardi como embajador de la misión permanente de la República del Paraguay ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos especializados, con sede en Ginebra (Suiza). A través del decreto 2704, emitido el 14 de octubre pasado, se confirmó este cargo para el diplomático que, desde agosto de 2022, venía desempeñándose como representante paraguayo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la capital suiza.

Raúl Cano Ricciardi pasará a ocupar el puesto dejado en Ginebra por Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi, quien en mayo último fue nombrado para representar al país ante la ONU en su sede en Nueva York (Estados Unidos). Previamente a la OMC, el funcionario se había desempeñado desde 2020 como viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, cartera donde también lideró las direcciones de Negociaciones Comerciales, y de Integración Económica.

Economista por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (1984-1989), Mario Raúl Cano Ricciardi obtuvo una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Ottawa (Canadá) con especialización en Finanzas Internacionales (1997-2000). En dicha ciudad canadiense, se había desempeñado como encargado de Negocios de la embajada paraguaya (1995-1998), así como encargado de la Sección Económico-Comercial (1998-2002).

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Dentro del ámbito diplomático, el Ejecutivo también emitió el decreto 2703, el 14 de octubre, en que se nombra a Juan Ángel Delgadillo Franco como embajador ante la República Cooperativa de Guyana, con sede en Brasil. Este alto funcionario representaba a Paraguay ante la República de Surinam, también con sede en Brasil, desde octubre de 2023, y, previamente, desde 2019 habí sido el embajador paraguayo ante el Gobierno del Brasil.

En tanto, el decreto 2642 del 10 de octubre autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores a establecer las concurrencias por el cierre de las embajadas ante Egipto, Portugal, Australia y Suiza, una propuesta presentada por la cartera diplomática “atendiendo a una combinación de factores, entre ellos, la necesidad de ajustar el presupuesto y la búsqueda de una reciprocidad en las relaciones, para alcanzar objetivos de eficiencia y economicidad en el gasto de la Administración Pública”.

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