Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas tras una explosión en una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, según un informe del equipo de seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El estallido ocurrió durante la madrugada y las causas aún se desconocen.

La barcaza pertenecía a una empresa de mantenimiento de pozos que opera en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. Fueron encontrados tres cuerpos “lamentablemente sin signos vitales” y “hay 06 heridos de los cuales 04 fueron trasladados a Ciudad Ojeda y 02 a Maracaibo”, señaló el informe sin añadir más detalles.

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Hace seis meses dos personas murieron y otras cuatro desaparecieron tras hundirse otra barcaza de la misma empresa en el lago de Maracaibo. En esa oportunidad, PDVSA atribuyó el incidente a “malas condiciones climáticas”.

El Lago de Maracaibo fue epicentro de la industria petrolera, golpeada en los últimos años por la corrupción, la falta de inversión y el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos. La producción venezolana de petróleo, que sobrepasaba los 3 millones de barriles diarios hace 25 años, está hoy alrededor de 1 millón, después de caer a mínimos históricos.

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Fuente: AFP

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, indicó que el proceso judicial por la deuda que mantiene Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela (PDVSA) no registró avances durante el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Santiago Peña y Nicolás Maduro.

“El arbitraje que había sido iniciado fue suspendido cuando sucedió el caso de Juan Guaidó (quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela en el 2019). A partir de ahí no volvió a reactivarse, es decir, el proceso arbitral continua en el mismo estado de suspensión, ya que se discute ahora cual sería la legitimación de la representación de Venezuela, la de Edmundo González Urrutia o de Maduro”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo el alto funcionario de Estado acotó que “cuando asumió el presidente Peña aunque se hayan reestablecidos las relaciones, el arbitraje no se ha iniciado, continuo en estado de suspensión y hasta la fecha no ha variado nada”.

González explicó que la cuestión de la deuda no está relacionada únicamente con la representación de un gobierno sobre otro, sino con las decisiones que emanan del tribunal internacional encargado de resolver la disputa.

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Detalló que desde el gobierno del presidente Santiago Peña consideraban que el mejor mecanismo para zanjar el conflicto sería la vía diplomática. “El arbitraje tiene sus costos y acá no hay un desconocimiento de la deuda, entonces lo más fácil era que se sienten los representantes de ambos países, de las embajadas, de PDVSA y Petropar a ponerse de acuerdo. Por eso decía que lo mejor iba ser que por vía diplomática esto se solucione, pero esto finalmente no logró prosperar, entonces estaríamos a la resulta del arbitraje cuando esto logre reiniciarse”, remarcó.

El proceso judicial iniciado por la petrolera venezolana se halla en el ámbito del tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París. El caso guarda relación con la adquisición de combustible por parte de Paraguay en el 2009. Venezuela reclama aproximadamente la suma de USD 320 millones por la deuda de combustible, más USD 200 millones por intereses acumulados, mientras que Paraguay solo reconoce una deuda equivalente a USD 280 millones.

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El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, destacó que en la actualidad, el Paraguay mejoró muchísimo en materia de transparencia. Resaltó que más aún con el gobierno actual, encabezado por el presidente Santiago Peña, a quien lo señaló como el mandatario que más sabe de sistemas de antilavado en Latinoamérica.

Federici, quien fue evaluador de Paraguay en el 2008, sobre el sistema antilavado por parte del FMI, en que el país terminó en la lista gris de Gafilat, resaltó que desde ese tiempo a la actualidad el país mejoró en forma superlativa en lo que respecta al fortalecimiento de los controles. Indicó que el gobierno actual de Peña cuenta con un equipo sólido y con colaboradores muy valiosos.

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“Hoy tienen un presidente, que es Santiago Peña, que por ahí quizás sea el presidente latinoamericano que más sabe del sistema de antilavado y de la importancia que tiene. Porque además de ministro de Economía y director del Banco Central, fue representante del Paraguay ante el FMI y tuvo en esas diversas responsabilidades el rol de ayudar a sacar el país de la lista gris de Gafilat, donde se encontraba incluida”, resaltó, en comunicación con Radio Con Vos 89.9 de Buenos Aires.

Agregó que el gobierno actual cuenta con un conocimiento muy agudo sobre la importancia del fortalecimiento de los controles de antilavado. Además, resaltó que el presidente Peña cuenta con un equipo de trabajo muy sólido.

En ese aspecto, resaltó que la actual titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, es la representante de la UIF de Paraguay, es además la actual presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Lo que confirma su equipo sólido, con gente muy valiosa”, remarcó.

El experto argentino realizó esta valoración en el marco de un análisis de la situación del senador argentino Edgardo Kueider, quien fue detenido la semana pasada en Ciudad del Este, y en su poder hallaron 211.000 dólares americanos, que presuntamente estaban para ser introducidos al esquema bancario legal, con supuesta intención de lavado de dinero.

Federici manifestó que el parlamentario preso en Paraguay subestimó el sistema de control, creyendo que podía introducir activos de dudoso origen al sistema paraguayo. “Yo creo que el senador Kueider lo subestimó a Paraguay, que ya no es más una jurisdicción en la cual se maneja (con activos ilegales)”, concluyó.

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El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.

“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.

Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.

“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.

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Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.

“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).

El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.

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