El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.

“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.

Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.

“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.

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Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.

“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).

El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.

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Luego de la audiencia de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), quedó clar la existencia de un modus operandi en varios bancos, en los que personas sin capacidad de pago accedían a créditos millonarios, afirmó el senador Gustavo Leite, quien también cuestionó la falta de resolución de estos casos por parte de la Fiscalía, pese a que ya transcurrieron 7 años.

“Se compraban propiedades, estancias casi siempre con dinero proveniente del narcotráfico de Brasil. Más tarde, iban personas a los bancos y pedían una línea de crédito. Por ejemplo, le daban USD 3,3 millones, pero le firmaron pagarés por USD 6,5 millones. Este es el primer tema que llama la atención.Con la plata sucia en garantía que es la estancia, consiguieron créditos y pagaron de vuelta con plata sucia del giro, pero lavan ese dinero y usan esa para otras actividades, ese es el modus operandi que quedó claro ayer”, expuso.

Este mecanismo para obtener créditos fue revelado por los agentes fiscales y por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), indicó el legislador en comunicación con “Así son las cosas”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, siendo esta última institución la que se interpuso ante el Poder Judicial para evitar que los bancos remataran las propiedades que estaban ligadas a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

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“Si algo ocurrió en el 2017 y tiene una irregularidad marcada, debería tener un cierre o no hubo delito o es complicidad. Desde hace siete años dicen que están recabando información, que todavía falta y me parece que la ciudadanía quiere que se cierren estos casos para bien o para mal lo antes posible, sino se estira demasiado algo que es muy notorio. Es evidente que en el otorgamiento de esos créditos ha habido algún eslabón de la cadena que no controló ni verificó algo que normalmente los bancos deben hacer”, sostuvo.

Leite indicó que la CBI aún no pudo determinar si es que en algún momento los bancos reportaron estas actividades como sospechosas; no obstante, la Senabico dejó al descubierto que ese mismo modus operandi se produjo en siete ocasiones, es decir, siete estancias valiosas fueron la garantía de personas con poca capacidad financiera para acceder a créditos. “Casualmente cuando cayó Cabeza Branca se dejaron de pagar los créditos y casualmente los tomadores de créditos son todos capangas de Cabeza Branca”, sentenció.

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El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó este lunes a Jaime Franco Mendoza por supuesto lavado de activos. El narcotraficante es sindicado como el autor intelectual del asesinato del agente antimafia Marcelo Pecci, perpetrado el 10 de mayo de 2022 en Colombia.

La nueva acusación deriva de un allanamiento realizado por el Ministerio Público en el 2020 en la Penitenciaría de Tacumbú tras sospechas de un plan de fuga mediante la utilización de dinamita en gel. Durante el operativo fiscal se localizó un mini laboratorio de cocaína en el denominado sector vip que alojaba a los más poderosos del penal.

El mini laboratorio operaba en la celda de Franco Mendoza y de acuerdo a las hipótesis la droga producida era comercializada de manera interna. En el lugar también fueron incautadas grandes cantidades de dinero G. 176.500.000, 12.040 dólares, 500 euros.

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Además de otros objetos como armas blancas, teléfonos celulares, horno microondas, router para wifi y hasta un terminal punto de venta, también denominado POS. El allanamiento fue encabezado por los fiscales Marcelo Pecci y su colega Alicia Sapriza. “El dinero deberá tener una explicación, podría tratarse de un hecho de lavado de dinero”, sostuvo en ese entonces a los medios de comunicación el agente antimafia.

Sobre Franco Mendoza ya pesa una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico. Inicialmente, el criminal había recibido por parte de la justicia una pena de 11 años en el 2015, sin embargo, a través de una apelación presentada por Pecci su castigo fue elevado a 18 años de cárcel en el 2017.

Este hecho sería una de las principales motivaciones que habría impulsado a Franco Mendoza a tomar venganza contra Pecci. El pasado mes de junio, la revista colombiana Semana realizó una publicación sosteniendo que se había concretado una “vaquita” entre capos narcos para acabar con la vida de Pecci Albertini. En la publicación periodística se hizo mención del brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Franco Mendoza.

A inicios del presente mes de octubre nuevamente Franco Mendoza fue vinculado con el asesinato de Pecci mediante una entrevista concedida por el empresario y exdirector de Paraguay TV, Cristian Turrini al canal Telefuturo. En la nota hizo mención de los allanamientos que se concretaron en la Agrupación Especializada, dos días después del asesinato del agente.

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El Ministerio Público todavía debe recibir una serie de datos para avanzar en el proceso que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo. El caso representa complejidad, señaló una de las fiscales durante su comparecencia en el Congreso.

La fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo que investiga el presunto lavado de dinero del fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, señaló que el Ministerio Público realizó una serie de diligencias y pedidos de informes en los últimos meses. Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.

Valdez, quien integra el equipo que investiga el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero. Durante su intervención, Valdez destacó que el Ministerio Público ha estado llevando a cabo diversas diligencias y solicitando informes en los últimos meses. Explicó que la investigación sigue su curso y aún se encuentran recopilando datos, dada la complejidad del caso.

“La verdad es que tampoco puedo dar un tiempo exacto sobre cuándo vamos a poder establecer una hipótesis concreta o señalar a las personas que podrían estar implicadas, o si la investigación tomará otro rumbo. Lo que sí puedo informar es que, hasta la fecha, seguimos realizando diligencias. En este caso, la información requerida es mayormente documental”, explicó Valdez.

Asimismo, la fiscal señaló que parte de la información relevante para la investigación se encuentra fuera del país y ya ha sido solicitada. “Eso se va procesando, y a partir de ese procesamiento a veces surgen nuevas dudas o datos adicionales que deben ser recopilados. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”, afirmó.

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En cuanto a los avances del equipo investigador, Valdez comentó que todavía están a la espera de respuestas a algunas de las solicitudes hechas este año. “Va a depender de esas respuestas para determinar cuál será el siguiente paso del equipo de trabajo”, añadió.

Durante su intervención, Valdez aclaró que hasta el momento la investigación ha reunido 47 tomos de documentación. “A medida que obtenemos más información, surge la necesidad de solicitar datos adicionales. Estamos esperando dentro de un periodo prudente para recibir esos informes, pero, por razones de confidencialidad, me reservo mencionar las instituciones involucradas”, manifestó.

Finalmente, la fiscal reiteró que el caso es altamente complejo, lo que demanda una investigación detallada y un análisis riguroso para llegar a una conclusión firme. “Con los datos que vamos obteniendo, queremos llegar a una conclusión, ya sea para un sentido o para otro, pero estamos recabando toda la información necesaria para tomar una decisión”, concluyó Valdez ante la Comisión Bicameral.

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El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.

A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados inicialmente del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.

Semanas atrás, Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz, utilizando el banco Atlas.

Claudio Lovera recordó que, en 2017, bajo la nueva administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, se ordenó una auditoría forense para colaborar con la justicia de Estados Unidos en casos que involucraron a Nicolás Leoz y otros implicados en la corrupción dentro de la institución. Este análisis derivó en la primera denuncia penal contra Leoz en Paraguay por operaciones en perjuicio de la Conmebol, presentada tras el informe de la auditoría.

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Sin embargo, la investigación sobre Leoz avanzó sin imputaciones significativas hasta finales de 2020, cuando la Conmebol, como víctima en la denuncia inicial, obtuvo copia de la carpeta fiscal y reanudó su análisis. En este proceso, se descubrió información adicional sobre operaciones de fideicomiso realizadas por Leoz en febrero de 2016 con el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, a pesar de su renuncia en 2013 debido a investigaciones sobre corrupción. Leoz ya había sido acusado por la justicia estadounidense en 2015 por lavado de dinero, y ese mismo año se solicitó su extradición.

A pesar de las acusaciones públicas, Atlas permitió las operaciones de fideicomiso en 2016, ignorando las alertas de riesgo de lavado de dinero que rodeaban a Leoz desde 2013 y que se reforzaron en 2015 por la Seprelad y el Banco Central del Paraguay. Lovera enfatizó que esta falta de acción forzó los allanamientos en Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, debido a la sospecha de hechos punibles.

Uno de los factores clave que motivaron la denuncia fue el hallazgo de extractos bancarios de Atlas, que mostraban depósitos sospechosos de Leoz. Entre ellos, US$ 5 millones depositados en menos de cinco meses en 2013, y más de G. 16.000 millones en su cuenta de guaraníes, lo que sumó más de US$ 9 millones ese mismo año. Sin embargo, Atlas no reportó estos movimientos hasta junio de 2015, y lo hizo solo tras las publicaciones sobre las denuncias contra Leoz, no por los fondos mismos.

La preocupación de la Conmebol persiste, ya que, tras la denuncia de 2017, Leoz falleció en 2019 y el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación. Las asociaciones de fútbol han expresado su inquietud sobre el progreso del caso, y tras una reciente reunión con el fiscal general, esperan que se actúe para evitar la prescripción del caso. Posteriormente, el Grupo Zuccolillo, dueño de Banco Atlas, lanzó ataques mediáticos contra el Ministerio Público, lo que podría estar relacionado con el avance de la investigación.