El príncipe Enrique fue acusado este domingo de “intimidación y acoso” por la presidente de una organización no gubernamental que trabaja en África y que él cofundó, pero de la cual tomó distancia tras un conflicto interno.

El hijo menor del rey Carlos III era hasta ahora mecenas de la ONG Sentebale, uno de los pocos compromisos que conservó tras su explosiva ruptura con la monarquía británica en 2020 y la pérdida de su patrocinio real. El príncipe Enrique anunció sin embargo el martes que abandonaba “devastado” la organización benéfica, después de un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, nombrada en 2023.

Chandauka fue también acusada de mala gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia. El caso se ha remitido a los tribunales. En una entrevista concedida el domingo a Sky News, Chandauka arremetió directamente contra el príncipe, acusándole de haber hecho todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.

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“Lo que el príncipe Enrique quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso”, afirmó. También aseguró que “tenía pruebas de ello”. El canal intentó ponerse en contacto con el príncipe, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, pero sin éxito.

Según una fuente anónima cercana a los administradores citada por BBC, éstos “esperaban” lo que describieron como una “maniobra publicitaria” urdida por Chandauka.

Chandauka denunció el domingo una cultura del “silencio” en la organización, con miembros de la junta reacios a pronunciarse en contra del duque de Sussex o simplemente a hablar de temas controvertidos. También se refirió a la pérdida de muchos donantes, que achacó, con documentos justificativos, a la salida del príncipe Enrique de Reino Unido en 2020.

Chandauka habló asimismo de la decisión del príncipe de llevar un equipo de rodaje de la plataforma Netflix -con la que tiene un contrato muy lucrativo- a la recaudación de fondos del año pasado, que se celebró durante un partido de polo.

Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban una escena bastante extraña entre la presidenta de la organización y la duquesa de Sussex, Meghan, ambos queriendo sostener el trofeo en el escenario. Tras el episodio, Enrique “me pidió hacer como una declaración para apoyar a la duquesa”, dijo Chandauka. El exdirector del consejo de administración, Kelello Lerotholi, declaró sin embargo a Sky News que nunca había sido testigo de ninguna petición de este tipo por parte del príncipe Enrique.

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“Puedo decir sinceramente que en las reuniones a las que he asistido nunca ha habido el menor indicio de ello”, afirmó. Lynda Chalker, que fue miembro del consejo de administración de la organización benéfica africana durante casi 20 años, declaró al periódico The Times que el estilo de Chandauka era “casi dictatorial”.

Enrique cofundó Sentebale cuando tenía 21 años, para continuar la labor de su difunta madre, la princesa Diana, profundamente comprometida en la lucha contra el sida. Sentebale trabaja en particular con niños y jóvenes que se quedaron huérfanos por la epidemia de sida en Lesoto, un pequeño país pobre enclavado en Sudáfrica, y en Botsuana.

Fuente: AFP

Autoridades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) asistieron a la convocatoria planteada por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) donde fueron invitados a participar en sesión de modo a responder cuestiones relacionadas a sus actividades, los recursos que administran, fuentes de ingreso, entre otros ítems.

“Nos queda claro que Opaci es una organización no gubernamental (ONG) que recibe fondos de la ciudadanía de manera indirecta, ya que administra recursos provenientes de tasas cobradas a los ciudadanos, en teoría, en beneficio de los municipios”, expresó el senador Gustavo Leite, relator de esta la Comisión, al término del encuentro.

En este sentido, el parlamentario enfatizó en la necesidad de que la institución convocada provea un informe detallado sobre los últimos cinco años, incluyendo ingresos, egresos y los beneficiarios de los pagos realizados por Opaci, tanto personas físicas como jurídicas.

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Varias de las preguntas fueron respondidas en plenaria, no obstante, las autoridades de la institución se comprometieron a compartir el mencionado informe de modo a que queden claros ciertos aspectos, sobre todo los vinculados al dinero que pasa por la institución. La Opaci cuenta con un presupuesto de G. 76.000 millones, de los cuales, G. 25.000 millones provienen del pago por emisión de licencias de conducir.

“Nuestro estatuto habla claramente que la asociación a la Opaci por parte de las municipalidades es voluntaria y está establecida una cuota social que va de G. 600.000 a G. 6.000.000 de acuerdo a la categoría de cada municipio. De las 263 municipalidades, 213 son asociadas”, expuso el presidente de la Opaci, Óscar Cabrera.

Además de esto, la institución se comprometió a informar por escrito sobre el cobro de impuesto de bienes y raíces, atribución que le fue delegada y tarea por la cual, la institución cobra un canon adicional de G. 30.000 por cada trámite. En cuanto a sus funciones, Cabrera manifestó que trabajan de cerca con las municipalidades para las capacitaciones tanto a funcionarios municipales, como a concejales e intendentes.

“Hemos capacitado a 1.800 personas entre intendentes concejales y administradores en aspectos del quehacer del municipio, por ejemplo en la elaboración y ejecución de un presupuesto y llegamos a todos los distritos del país con estas jornadas, además capacitaciones en procesos de contratación y también el aspecto jurídico porque las leyes municipales van cambiando”, explicó.

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Para la próxima sesión de la CBI están convocadas autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para abordar el supuesto caso de financiación irregular a la campaña política de Mario Abdo Benítez. Se prevé consultar si el organismo ha investigado el contenido de un chat atribuido al diputado Eulalio Gomes, en el que se menciona una presunta colaboración de un USD 1 millón.

• Lima, Perú. AFP.

El Congreso del Perú aprobó un proyecto de ley que refuerza el control de las autoridades sobre las oenegés que operan en el país, prohibiéndoles notoriamente defender casos de derechos humanos ante los tribunales. La propuesta legislativa, que causó rechazo entre las ONG, fue aprobada el miércoles y enviada este jueves al Ejecutivo, que dispone de hasta 15 días para pronunciarse a favor y promulgarla o devolverla al parlamento para sugerir cambios.

La norma impulsada por las bancadas derechistas que controlan el Congreso busca “reforzar la fiscalización” de los fondos que las ONG reciben de fundaciones privadas extranjeras. Perú ya cuenta desde hace años con una agencia estatal encargada de supervisar la actuación de las ONG y la transparencia con la que administran sus recursos.

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“Es importante que los recursos económicos que llegan al país desde la cooperación internacional sean destinados a los beneficiarios”, destacó el jueves a periodistas el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, al justificar la norma. La propuesta fue calificada como “una ley anti ONG” e inconstitucional por diversos grupos de la sociedad civil.

Según la propuesta de ley, las ONG incurren en “falta grave” si buscan “asesorar, asistir o financiar” acciones judiciales contra el Estado Peruano. “La Ley Anti-ONG es un golpe más a la democracia y los derechos humanos en el Perú (...) rechazamos esta norma que obstaculiza el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad”, señaló Promsex una ONG que defiende derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

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El Instituto Prensa y Sociedad, una ONG de periodistas, advirtió que “el intrusismo que la norma plantea se emparenta con legislaciones aprobadas por regímenes autoritarios de América Latina que combaten la libertad de asociación para mantener su control sobre la sociedad”. Señalaron que es inconstitucional porque exige pedir autorización al gobierno para sus actividades, lo que de facto otorga un poder de veto al funcionamiento de una asociación civil.

La propuesta del Congreso sintoniza con el discurso del gobierno conservador de la presidenta Dina Boluarte, quien carece de bancada y partido político. Las autoridades peruanas culpan a las ONG de ser responsables de las denuncias que existen ante tribunales supranacionales de casos de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del Estado.

El senador Gustavo Leite fue invitado a participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2025, que se desarrollará en el Centro de Derechos Fundamentales, en Hungría, entre el 29 y 30 de mayo. El legislador adelantó que abordará sobre la batalla cultural contra las organizaciones no gubernamentales (ONG).

“Es un honor volver a ser invitado a CPAC Hungría. Voy a compartir con nuestros aliados la batalla cultural contra las ONG y su tremendo poderío político y económico en Paraguay”, adelantó el legislador. Indicó que su participación en esta conferencia se dará en carácter de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

“Una batalla por la transparencia que debemos profundizar todos los días. En mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, representaré de la mejor manera a nuestro país”, refirió Leite a través de una publicación en la red social X.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es una conferencia política anual con activistas y actores políticos conservadores. Este año, la conferencia se centrará en las organizaciones no gubernamentales, y el senador Leite expondrá sobre la situación de estas organizaciones en Paraguay.