México, México | AFP

Por Jennifer González Covarrubias

Entre gritos de dolor de familiares de desaparecidos, el presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, inauguró este martes en la convulsa Ciudad Juárez una serie de foros y consultas con víctimas de la violencia para buscar caminos de "pacificación" del país.

"¡Quiero justicia para mi hija!" y "¡Presentación con vida (de desaparecidos) y castigo a los culpables!" fueron algunas de las frases que retumbaron con furia y con tristeza en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

"Sé que aquí hay sed de justicia (...) Diariamente están siendo asesinados, pierden la vida 80 mexicanos", enfatizó en su discurso el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo de la veintena de foros que concluirán el 24 de octubre en la capital es "ilustrar el panorama de la victimización por región y por tipo de delito, lo cual servirá para identificar indicadores de los mismos", expone un documento elaborado por el futuro equipo de seguridad de López Obrador, que asumirá a la presidencia el 1 de diciembre.

La idea es elaborar "entre todos el plan que garantice la paz y la tranquilidad en el país", dijo el futuro mandatario mientras los gritos y consignas de algunos asistentes no cesaban.

Para López Obrador la corrupción es el principal problema del país y sus consecuencias más graves son la desigualdad, la pobreza y la violencia.

El presidente electo de izquierda ha esbozado algunos puntos de lo que será su estrategia para combatir la violencia que, según cifras oficiales, ha dejado más 200.000 asesinatos desde 2006, cuando inició la ofensiva militarizada contra el narcotráfico.

Entre las propuestas que ha adelantado para reducir la violencia está la idea de retirar gradualmente a los militares de las calles, depurar a los cuerpos policíacos, debatir la legalización de la siembra y consumo de marihuana con fines lúdicos.

Sin embargo, lo que más impacto ha causado es la intención de impulsar una ley de amnistía, que ha sido cuestionada por políticos de oposición y organizaciones especializadas.

López Obrador ha aclarado que la ley de amnistía beneficiaría a menores reclutados de manera forzada por carteles de drogas o campesinos que trabajan en campos de amapola, pero no a torturadores y asesinos, por ejemplo.

Los foros que iniciaron este martes intentan, entre otras cosas, averiguar si hay "voluntad de las víctimas con respecto a la Ley de Amnistía, a la Comisión de la Verdad, respecto a la legalización de las drogas, sobre la ley de disminución de penas", añade el documento del futuro gobierno.

El esbozo de lo que será la política de López Obrador para enfrentar la violencia parece "un buen comienzo", comenta a la AFP, el politólogo Daniel Vázquez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

"La guerra no puede ser la forma de acabar con el crimen organizado (...) no se puede hacer a través de la marina o del ejército en las calles, no se puede hacer a través de ejecuciones extrajudiciales", expone.

El académico consideró que la estrategia de López Obrador marca un enfoque distinto, al reconocer que la violencia no se solucionará con "mecanismos convencionales, tendremos que ir a mecanismos extraordinarios como una comisión de la verdad, como la ley de amnistía".

México pude seguir el aprendizaje que dejaron las comisiones de la verdad de Argentina, Perú y Guatemala, pero "necesitamos una clase política que esté decidida a llegar a la verdad", indicó.

Para el activista Fabián Sánchez, abogado en derechos humanos y justicia transicional, la comisión de la verdad tiene que ser nacional y no constituirse en varias regionales, como lo ha propuesto la futura secretaria de Gobernación (interior), Olga Sánchez.

"Se corre el riesgo de atomizar la verdad y diluir el contexto regional", argumentó.

Los relatos de los foros serán a puerta cerrada, adelantaron algunos activistas, y girarán en torno a testimonios de tortura, fabricación de delitos, secuestros, delitos que se ejecutan en un ambiente en el que la impunidad alcanza el 90% de los crímenes.