Comunidades desplazadas, llegada tardía de víveres, fueron la constante durante las inundaciones registradas este año.

Un panorama desolador es el que siguen enfrentando las 65.000 familias afectadas por las inundaciones registradas en mayo, tras las intensas precipitaciones generadas por el cambio climático y el fenómeno “El Niño”. En total, 14 departamentos y la capital del país recibieron los embates del fenómeno climático, que arrasó con todo a su paso y evidenció una serie de falencias al momento de brindar ayuda humanitaria a los damnificados. Poblaciones de Asunción, Ñeembucú y Chaco fueron las más perjudicadas.

Bastaron seis horas de lluvia en Pilar, con un volumen de 270 milímetros caídos, y 90 minutos en Asunción, con 70 milímetros (70% de las precipitaciones registradas normalmente en un mes), para dar lugar a una catástrofe.

El temor por la llegada a los ocho metros del nivel del río Paraguay acechó a los habitantes, cuyas viviendas se encontraban cerca de las aguas.

El impacto social fue aterrador, comunidades desplazadas, totalmente aisladas y separadas en refugios, damnificados formando fila para recibir su porción de plato. Víveres, chapas y puntales brindados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) no llegaban a tiempo, denuncias de alimentos en mal estado, protestas ante la desidia de las autoridades, fueron la constante.

En su momento, el titular de la SEN, Joaquín Roa, explicó el hecho señalando que pese a la cantidad de damnificados no hubo declaración de emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo, por lo que no se pudo contar con mayor ayuda, como por ejemplo, la internacional.

UN BAÑO PARA 60 PERSONAS

En Asunción, 14.823 familias fueron desplazadas de sus hogares a refugios temporales, precisó Víctor Hugo Julio del Consejo Municipal de Emergencias y Desastres de Asunción. Mientras que la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres reportó un gasto de G. 5.000 millones.

El director general del Área Social de la Municipalidad de Asunción, Iván Allende, manifestó que la crecida fue inesperada y que los refugios fueron improvisados, sin tener en cuenta el acceso a higiene y la distribución de espacios.

“Estábamos saliendo de la crecida del 2018 y en enero aplicamos una herramienta que diseñamos con la Cruz Roja Paraguaya para evaluar las condiciones de los albergues y tener en cuenta los estándares internacionales en materia de habilitación de los mismos. En esta oportunidad, en que tuvimos más de 130 albergues instalados, solicitamos que la relación de sanitarios sea de 1 por cada 20 personas. Pero, durante el periodo de evacuación teníamos un baño por cada 60 personas. Finalmente, terminamos con un baño para cada 40 personas”, explicó.

BAJO CHACO Y LA ETERNA DESIDIA

El aislamiento en el Bajo Chaco derivó en una lenta asistencia médica y en la muerte de más de ocho personas, cinco de ellas en Presidente Hayes, dos en Alto Paraguay y una en Boquerón. En esta región los distritos de Gral. Bruguez, Teniente Manuel Irala Fernández y Teniente Esteban Martínez fueron los más afectados.

Omar Cabanellas, intendente de Gral. Bruguez, dijo que fue la creciente más terrible que les afectó. “Fue realmente una catástrofe. Hoy estamos recuperando los caminos que quedaron totalmente destrozados. El Gobierno Central por primera vez en todo este tiempo está invirtiendo en caminos vecinales”, relató. Por su parte, Presentado Martínez, intendente de Teniente Esteban Martínez, señaló que “la reactivación económica va a tardar mucho. Los productores no están pudiendo sacar sus productos”; mientras que Cecilio López, intendente de Irala Fernández, sostuvo que considerando la envergadura de la inundación, la ayuda resultó lenta. “Hubo varios retrasos en la parte de la asistencia en sí. La parte privada aportó bastante ayuda humanitaria”, remarcó y agregó que “la producción láctea, que es la principal de la zona, registró pérdidas. Debería haber ayuda del Gobierno, canalizada a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta ahora no estamos recibiendo. Las heladas y épocas secas que llegan tendrán fuerte impacto negativo en la producción”.

ÑEEMBUCÚ: LA PROMESA DEL MURO

Los 16 distritos del departamento quedaron bajo un metro y medio de agua. Más de 20.000 familias sufrieron los efectos del fenómeno. El principal problema que afronta esta parte de la región es económico, pues perdieron todos sus recursos de producción. En el caso de Alberdi, que si bien la inundación fue contenida por el muro, los caminos quedaron clausurados.

Requieren presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería para ayudar a pequeños productores. Juan Pablo Bogarín, presidente de la Junta Municipal de Alberdi, coincidió en que los productores afectados tampoco recibieron asistencia del MAG.

Marcos Benítez, presidente de la Junta Municipal de Pilar, enfatizó que tienen la promesa del Gobierno de que en enero empezarían las obras del muro definitivo y de viviendas sociales. “Nos dijeron que iban a venir a fines de julio para empezar, pero tampoco vienen”, reclama.

El Congreso Nacional aprobó la Declaración de Emergencia y G. 7.500 millones para asistir a damnificados de Ñeembucú.