Las amenazas, los amedrentamientos y los escasos recursos son una constante en el día a día de los guardaparques del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). Cuidar el ambiente para esta gente es mucho más que un empleo. Es una forma de entender la vida, pero también, de arriesgarla.

Por Aldo Benítez / aldo.benitez@gruponacion.com.py

Fotos: Pánfilo Leguizamón

El 17 de febrero de 2013 mataron al guardaparque Bruno Chevugi en pleno monte del Parque Mbaracayú, en el distrito de Ygatimí, Departamento de Canindeyú. El guardaparque estaba con otros compañeros realizando su control diario cuando lo atacaron. Su cuerpo fue encontrado dos días después, a unos 350 metros aguas abajo del río Jejuimi, que divide en dos el territorio del parque. Las investigaciones para determinar quiénes fueron los asesinos o el asesino de Chevugi nunca tuvieron resultados.

Cinco años después, 18 de agosto de 2018, Rumildo Toledo y Artemio Villalba fueron atacados a balazos dentro de la Reserva Natural Tapytá, la que custodiaban en San Juan Nepomuceno, Caazapá. Toledo falleció ese mismo día mientras que Villalba logró sobrevivir un poco más hasta que las heridas acabaron con su vida. En este caso, la investigación de la fiscalía continúa abierta y el pasado 4 de marzo fueron detenidos los hermanos Braulio, Robert y Arnaldo Alcaráz González, tres de los cinco acusados, supuestos cazadores furtivos aunque la fiscalía no descarta que sean personas vinculadas al narcotráfico.

Desde entonces la violencia no ha cesado y todos los guardaparques que cuidan las reservas y parques del Bosque Atlántico del Alto Paraná están amenazados.

“El viernes pasado justo en este sendero nos abordaron”, dice un guardaparque de la reserva San Rafael, mientras guía un recorrido por este bosque que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP). “Cerca de ocho personas. Eran tipos robustos, conocidos nuestros. Yo estaba con mi compañero y me sacaron la escopeta (que portaba). Me dijeron que deje de molestarles”, cuenta y muestra el lugar de los hechos. Para quienes trabajan en la protección de los bosques en la región Oriental de Paraguay, esta situación es una constante.

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Por su riqueza natural y de biodiversidad, San Rafael representa una de las áreas boscosas más importante de la región Oriental del país. Une el bosque tropical con las sabanas mesopotámicas que se extienden hasta Misiones, Argentina. Para biólogos y científicos, este territorio es un enorme potencial para investigaciones.

Es un martes caluroso de febrero y la caminata en uno de los piquetes (Senderos) permite la charla con quienes resguardan este lugar. La Reserva San Rafael tiene unas 73 000 hectáreas y en ellas apenas siete de los nueve guardaparques que hay en total, se encargan del control del área. “Se necesita al menos, para un área así, cuanto menos 25 que formen parte del personal operativo”, señala el guardaparques. Quienes se animan a ejercer como guardianes de estos bosques requieren de adiestramiento, pero sobre todo de carácter para aguantar la hostilidad del trabajo.

Debido a los riesgos a los que se exponen estos guardaparques, este reportaje se hace con el compromiso de no revelar sus nombres ni sus rostros en las imágenes. “Igual, los que destruyen nuestros bosques saben quiénes somos”, menciona uno de ellos.

En este sendero de San Rafael, se pueden ver diez extracciones selectivas de madera nativa en menos de un kilómetro de recorrido. Las especies preferidas para los traficantes son el lapacho (Tabebuia) o yvyrá pytá (Peltophorum dubium). En algunos puntos todavía hay restos de tablones abandonados.

“Imaginate que para las escuelas que están en los alrededores de los parques nacionales, los malos de la película somos nosotros. ¿Por qué? Porque evitamos que se lleven los rollos [troncos] de los bosques”, señala otro guardaparque quien opina que es necesaria la intervención del Estado para evitar que este tipo de pensamientos se instale en la gente.

Las decenas de familias que viven en los asentamientos alrededor de los parques nacionales, no encuentran más opciones para vivir que no sea lo que la naturaleza pueda darles. Lo que principalmente buscan es la madera que sacan de las reservas y parques y es fácil ver, en medio del bosque, los senderos por donde ingresan para extraer los árboles. En algunos casos, cuando la zona es de difícil acceso, maquinarias pesadas arrancan los grandes troncos.

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“La situación es que realmente esta gente no tiene otras opciones. Si no es la madera, es la marihuana y si no están con la marihuana directamente, al menos ayudan a los narcos cuidando las plantaciones”, refiere un tercer guardaparque que, pese a esta situación, debe proteger lo que pueda con las herramientas que tiene.

¿Usted tiene miedo?

De alguna manera sí, pero es lo que hago. Esto es mi vida.

¿Se siente solo en esto?

Yo creo que todos nos sentimos así en nuestro trabajo, en lo que sea que hagamos. No hay que dejar que ganen ellos.

Según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES), el número ideal de guardaparques en Paraguay debería ser de 500 personas. incluyendo guardaparques, monitores forestales y guías especializados. Sin embargo, la realidad es muy distinta. En total, Paraguay tiene 64 personas trabajando para cubrir 2 426 552 hectáreas de área silvestre protegidas.

En la zona que corresponde al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), la ecorregión ubicada al oriente del país y que comprende territorio paraguayo, pero también brasileño y argentino, trabajan 53 guardaparques, incluyendo aquellos que resguardan las reservas privadas y que, por lo mismo, no dependen del MADES.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que lo ideal es tener un guardaparque por cada 1000 hectáreas. Pero el dato está muy lejos de la realidad paraguaya puesto que los 53 guardaparques que operan en la Región Oriental del país tienen que cubrir casi 1 700 000 hectáreas, es decir, hay un trabajador ambiental por cada 32 000 hectáreas.

Dentro de lo que es el Sistema de Áreas Protegidas del Estado, el Parque Nacional Caazapá está entre los que tiene mayores carencias. Seis guardaparques cuidan este bosque de unas 16 000 hectáreas aunque, en la práctica, son solo cinco los que operan simultáneamente mientras uno toma su día libre. Para hacer los controles, los guardaparques cuentan con un par de motocicletas y una camioneta que, al momento de este reportaje, se encontraba descompuesta.

“Es casi imposible cubrir todo el área de una vez. Hay que ir por partes”, describe uno de los guardaparques. A diferencia de otras áreas protegidas, en Caazapá los trabajadores llevan puesto un chaleco antibalas. Después de lo ocurrido en Tapytá, con Toledo y Villalba, se tomaron las precauciones mínimas, tomando en cuenta que en Caazapá también la plantación ilegal de marihuana es una actividad constante.

En mayo de 2019, un megaoperativo de la SENAD y el MADES en pleno Parque Caazapá terminó con la destrucción de 13 500 kilos de marihuana: 1 500 kilos estaban en su etapa de secado y el resto en bolsas recién recolectadas.

En la Reserva Morombí, a fines de febrero, la SENAD destruyó 600 toneladas de marihuana, localizó 202 parcelas con este cultivo ilícito y destruyó campamentos narcos. En una intervención anterior, los guardaparques y guardias privados de la misma reserva ya habían destruído dentro del núcleo del área protegida 40 hornos para hacer carbón, aunque dos semanas después, volvieron a encontrar 32 hornos nuevos en el mismo lugar donde habían destruido los anteriores. El carbón, según los fiscales ambientales, termina en Brasil, a donde va de contrabando.

Pero más allá de los operativos que se realizan, “no tenemos ninguna forma de hacerle frente a los narcos”, dice uno de los guardaparques.

A pesar de las muertes, del esfuerzo de trabajadores ambientales y de las constantes denuncias, nada ha detenido la extracción de madera y la destrucción de bosques destinados a parcelas de plantación de marihuana. El sistema de monitoreo de la organización WWF indica que, desde 2004 hasta el año pasado, se han deforestado 9 500 hectáreas de bosques que corresponden a todas las reservas y parques del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA).

El problema es que la mayoría de guardaparques vive en los pueblos donde también habitan los traficantes de madera o quienes controlan las parcelas de marihuana. “Yo no voy más a ningún lado. Este año no fui ni siquiera a la fiesta de San Juan del pueblo, porque tenía miedo. Es difícil vivir así”, lamenta un custodio de Mbaracayú.

La nula acción judicial también les ha jugado en contra. Por ejemplo, en lo que respecta a la Reserva Mbaracayú, entre marzo 2019 y marzo de este año, 16 denuncias se presentaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente del departamento de Canindeyú. Sin embargo, hasta el momento, ninguna investigación judicial se ha iniciado.

El pecado de la Reserva Mbaracayú es estar ubicada muy cerca de una frontera. A escasos metros del parque, separado apenas por una carretera de terraplen, del otro lado está el Estado brasileño de Mato Grosso del Sur. El mercado de madera y marihuana en ese vecino país se ha mostrado insaciable. Toda la madera que sale del parque y la producción de marihuana que se planta en el lugar, tiene como destino el vecino país. “Brasil sigue siendo ampliamente el mayor mercado de la droga paraguaya”, afirma Fernando Krug, coordinador de operativos de la SENAD.

“Luego de que descubrimos una nueva parcela de marihuana, nos fuimos a hacer la denuncia en la comisaría local. Fue increíble que apenas cinco minutos después de salir ya me llegó un mensaje de un número desconocido a mi celular reclamándome”, cuenta el custodio de una de las reservas. “Y era algo que nadie más sabía, salvo mi compañero que me acompañó en todo momento y, por supuesto, los policías que estaban en la comisaría en ese instante”, dice.

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Para el comisario principal Oscar Brítez, encargado del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) de la Policía Nacional, aquello de la desconfianza sobre el trabajo policial es relativo, ya que también se podría desconfiar de la gente que custodia los parques y asegura que lo que se necesita, en realidad, es trabajar en conjunto.

El DEBOA, que está ubicado en Capiatá, una ciudad metropolitana distante a unos 350 kilómetros de la zona del Bosque Atlántico, tiene 60 oficiales y tres camionetas patrulleras para atender las denuncias sobre deforestación, tala o invasión de reservas y parques, en todo el país. “Hacemos lo que está a nuestro alcance. Dependemos de lo que hace el Ministerio Público, en base a la denuncia fiscal, acompañamos en las intervenciones”, dice Brítez.

Tras varios años de insistencia y reclamos, en junio de 2019, el Poder Ejecutivo promulgó una normativa — conocida como “De guardaparque” — que agregó cinco artículos a la Ley 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. Mediante estas modificaciones a la normativa, se creó el Cuerpo Nacional de Guardaparques, como una institución para albergar a todos estos trabajadores ambientales. Además, se establecieron medidas para mejorar sus condiciones laborales y nuevos incentivos, como el pago por remuneraciones extraordinarias, bonificación y hasta la posibilidad de tener jubilación.

Hasta ahora, sin embargo, los guardaparque aseguran que estas modificaciones no se ven reflejadas. El MADES no cuenta aún con los recursos financieros para implementar las nuevas medidas administrativas, como el pago de las bonificaciones establecidas, ya sea por horas extras y exposición al peligro. “No nos alcanza nuestro fondos, sobre todo para contratar más guardaparques y con las condiciones nuevas que se implementan en la Ley. Vamos a proyectar aumentar nuestro presupuesto para el 2021, pero seguro que sufriremos recortes como cada año en las comisiones”, dice Darío Mandelburger, director de Biodiversidad del MADES.

José Gaspar Insaurralde, presidente de la Asociación de Guardaparques del Paraguay, dice que los jefes de áreas son los únicos que ya cobraron la bonificación, que es el único beneficio que se consiguió hasta ahora, ya que el MADES no tiene fondos para pagar a los demás trabajadores. “Es realmente muy triste, pero al menos conseguimos la ley que nos llevó cuatro años de lucha”, dice Insaurralde.

Por ahora, las demás reivindicaciones laborales prometidas en la ley aparecen tan simbólicas como lo es el día del guardaparque, que se celebra el 17 de febrero de cada año, en conmemoración a Bruno Chevugi, cuyo asesinato sigue impune.

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Este artículo forma parte del especial “La Maldición del Bosque Atlántico”, que La Nación y Mongabay Latam desarrollaron sobre el crecimiento de los cultivos de marihuana en áreas protegidas.