Unas 1.214.306 hectáreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) se deforestaron entre 2001 y 2018, según el sistema satelital Global Forest Watch. Las plantaciones de marihuana, de grano y la extracción de madera son las principales actividades que destruyen las áreas protegidas de la región Oriental del Paraguay.

Por Aldo Benitez / aldo.benitez@gruponacion.com.py

Fotos: Pánfilo Leguizamón

Los guardaparques calculan que al menos 2350 hectáreas de marihuana están activas hoy en las reservas y parques Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, que conforman el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), en la región Oriental del Paraguay. Toda esta región, que según Global Forest Watch perdió entre 2001 y 2018 alrededor de 1 214 306 hectáreas, está protegida desde 2004 por ley de “Deforestación Cero”.

Lea la primera parte aquí: La maldición del Bosque Atlántico en Paraguay

Aunque esta norma prohibió la tala de árboles nativos, la destrucción de territorios naturales no paró. De acuerdo a datos de la organización ambiental WWF, sólo estos cuatro parques perdieron 9107 hectáreas desde que entró en vigencia esta normativa. Además, según datos de la Global Forest Watch, la región de influencia del Bosque Atlántico, que abarca 10 de los 14 departamentos de la región Oriental, pierde todos los años un promedio de 49 000 hectáreas. La extracción de madera, los cultivos de granos y, desde hace unos años, las plantaciones de marihuana, son las principales causas de la destrucción del bosque.

Augusto Salas, fiscal adjunto de Medio Ambiente del Ministerio Público, asegura que existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, se suma más gente a lo que ya sería una industria.

Para Salas, la única solución factible para evitar que siga la destrucción de los parques y reservas nacionales es instalar destacamentos militares en cada una de ellas. “ Ya lo hemos conversado con la gente de la Cámara de Senadores y también con otras autoridades. Para ser franco, no veo otra salida, estamos teniendo muchos problemas en todos lados. Es triste, pero estamos haciendo todo que podemos”, asegura el Fiscal.

Las imágenes satelitales que forman parte de este especial permiten ver, claramente, la destrucción de los parques y reservas que se encuentran al interior del Bosque Atlántico del Alto Paraná, una ecorregión que el Paraguay se comprometió a proteger hace tres décadas atrás.

Un equipo periodístico de La Nación y Mongabay Latam viajó hasta cada uno de ellos para comprobar, en terreno, la expansión de las plantaciones de marihuana, el abandono estatal en el que se encuentra la región y el miedo de quienes deben lidiar con traficantes de droga y de madera.

“Aprovechan cuando llueve o hay tormenta para trabajar con la motosierra, así no se escucha tanto”, dice uno de los guardaparques

Voceros de las organizaciones que trabajan en esta reservas y parques dijeron que, por ahora, prefieren evitar dar una opinión sobre lo que ocurre en las áreas que manejan, principalmente para proteger a sus empleados y técnicos que deben trabajar todos los días en terreno.

La Reserva Morombí tiene unas 24 800 hectáreas y pertenece a la empresa agroindustrial Campos Morombí. Su territorio abarca departamentos de Canindeyú y Caaguazú y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP), por lo que también debe ser resguardada por el Estado.

Según WWF, que hace un monitoreo constante del BAAPA, Morombí perdió 3 647 hectáreas de bosques en los últimos 16 años que se destinaron a la plantación de marihuana, la producción de carbón y asentamientos humanos.

Morombí es una de las reservas del SINASIP más afectadas por las plantaciones de marihuana. En ella, según los registros de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), se destruyeron, entre 2015 y 2019, 18 130 kilos de esta planta.

Pero esa cifra se disparó en 2020 ya que en un solo operativo, llevado a cabo en febrero, los agentes de la SENAD destruyeron 600 toneladas de marihuana repartidas en 202 hectáreas. Durante ocho días machetearon las plantas bajo el sol caliente. Los cerca de 36 grados de temperatura generan un calor húmedo asfixiante en medio del tufo que causan las miles de plantas cortadas, esparcidas por todo el terreno. En algunas parcelas, los plantines superan los dos metros de altura y sus troncos llegan a 10 centímetros de diámetro. “Hace mucho que no veía unos troncos y tallos así”, refiere un capitán de la SENAD que acompaña el operativo.

Quienes conocen la zona sostienen que por lo menos hay otras mil hectáreas de estas plantaciones al interior de la reserva. A pesar de ser un área del SINASIP, el control de toda la reserva está a cargo de los 14 guardaparques que trabajan para la empresa Campos Morombí y no existen guardias pagados por el Estado. “Muchos no quieren trabajar como guardaparques porque saben los problemas, es difícil conseguir quienes quieran venir”, dice el jefe de seguridad.

En el 2013 mataron al guardaparque Bruno Chevugi en la Reserva Mbaracayú, dentro del departamento de Canindeyú. Los guardias de Morombí, al igual que todos los de las Reservas de esta parte del país, sufren amedrentamientos y trabajan bajo amenazas.

En los últimos años, la fabricación de carbón en pleno núcleo fue ganando importancia. Según los guardias de este lugar, existen elementos para sospechar que los traficantes de marihuana trabajan en coordinación con aquellos que producen carbón. Los árboles derribados para crear las parcelas de marihuana, y que no son lo suficientemente valiosos como para traficarlos, terminan en los hornos de los carboneros. Para el fiscal ambiental Osvaldo García es posible que exista tal conexión. Se trata de una “industria clandestina” que se ha formado en esta y otras reservas, dice el fiscal.

Desde el helicóptero de la SENAD, donde viaja el equipo antinarcóticos, sobrevolamos los parches de bosque destruido que ya habíamos detectado en las imágenes satelitales de Global Forest Watch. En apenas un año, las parcelas para la producción de marihuana en pleno corazón de la Reserva se multiplicaron.

A pesar de esto, en los registros de la circunscripción judicial de Canindeyú, solamente hay una investigación judicial en curso, abierta en 2019, que menciona la depredación de Morombí.

Con sus 73 000 hectáreas, la Reserva San Rafael, ubicada entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, y que tiene a la Organización PRO COSARA trabajando en toda su área de influencia, es una de las reservas más grandes de la Región Oriental y a pesar de eso, no tiene definida su categoría jurídica.

Un Decreto del año 2002 modificó la categoría de San Rafael — que desde 1992 era Parque Nacional — al de “Propuesta para Reserva para Parque Nacional”, una jerarquía que no existe en la legislación ambiental paraguaya, según Darío Mandelburger, director de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente. “Con esto tenemos un grave problema”, dice Mandelburger ya que esta ambigüedad jurídica permite que haya un vacío legal para aplicar y articular las leyes en esta área protegida.

La zona núcleo de la reserva, el área que supuestamente es intocable, ha ido lentamente desapareciendo con el paso de los años. En 2015, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ubicó a unas 80 familias campesinas al interior de la reserva, a pesar de que por ley, no tendría que haber asentamientos humanos en la zona. Desde entonces, se han realizado pequeños desmontes para la plantación de maíz, soja, caña de azúcar, mandioca, entre otros.

Sumado a este problema, las plantaciones de marihuana fueron aumentando con el correr de los años al interior de la reserva arrasando el hábitat de venados (Odocoileus virginianus), pecaríes (Tayassuidae) y otros animales que habitan este lugar. Caminando por los senderos de la Reserva se pueden ver Timbós (Enterolobium contortisiliquum), algunos de los árboles nativos que se elevan imponentes entre el dosel del bosque con sus más de 200 años. Según WWF, en San Rafael se han destruido, desde 2004 a la fecha, 3 200 hectáreas principalmente para el cultivo de marihuana.

Desde una calle vecinal de la comunidad Taguató elevamos el dron para fotografiar, desde el aire, el panorama de esta dañada Reserva. Las parcelas de marihuana, que pueden tener entre 4 a 20 hectáreas cada una, se extienden a tan solo 300 metros del lugar donde unos adolescentes juegan descalzos al fútbol en un campo abierto.

Según las imágenes de Global Forest Watch estas parcelas se multiplicaron en apenas un año. La SENAD registra que, en esta área silvestre, se han decomisado 48 931 kilos de marihuana entre 2015 y 2019.

Aunque el tráfico de madera era un problema que los guardaparques de San Rafael creían terminado, la construcción de un puente reactivó la amenaza. Desde que se habilitó la plataforma de hormigón sobre el río Tebicuary, que une las ciudades de 3 de Mayo (Caazapá) y Alto Verá (Itapúa), en noviembre de 2019, los rollos de madera volvieron a extraerse del área protegida.

Los guardaparques señalan que los traficantes utilizan generalmente la noche para movilizarse y sacar, desde el interior de la Reserva, los troncos de árboles con la ayuda de tractores. Una vez fuera del perímetro de la Reserva, los troncos son cargados en camiones hasta la zona de Caazapá para comercializarlos en aserraderos. Las especies más preciadas son el yvy­rapytã (Peltophorum dubium) y el lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus). Basta con internarse dos o tres kilómetros en el núcleo del Bosque para ver los rastros de los tractores y restos de madera desperdigados en medio del bosque.

En algunos casos, los traficantes incluso improvisan aserraderos clandestinos en plena selva para cortar la madera y luego sacarla en carros o en camioneta. “Aprovechan cuando llueve o hay tormenta para trabajar con la motosierra, así no se escucha tanto”, dice uno de los guardaparques. Intervenir en el momento preciso en el que se está destruyendo el bosque no es fácil, cuenta. Apenas son siete guardaparques operativos que se turnan para hacer la cobertura diaria de las 73 mil hectáreas de esta área protegida y todos están amenazados por estos grupos traficantes. “Para nosotros es muy difícil controlar todo el área y menos si afuera del parque ninguna autoridad apoya para evitar la extracción de madera y la plantación de marihuana”, dice otro guardia.

Nos internamos en el territorio del Parque Nacional Caazapá, ubicado en el departamento del mismo nombre y que se encuentra en la Cordillera de Caaguazú. En todo el trayecto, prácticamente no pudimos observar ningún animal silvestre.

“Cada vez hay menos”, dice el guardia que nos guía por los agotadores senderos empinados. “Además, con el último episodio del incendio que tuvimos, muchos murieron”, agrega el guardaparque refiriéndose a los incendios forestales que azotaron el Parque en 2019 y que arrasaron unas 300 hectáreas.

Apenas cinco guardaparques activos tienen la misión de controlar las 16 mil hectáreas de este Parque. Una reserva boscosa que depende exclusivamente del Estado paraguayo y donde nacen los ríos Monday, Ñacunday y Tebicuary, tres de los más importantes de la región Oriental del país. En este lugar, al igual que en todo el BAAPA, la incursión del narcotráfico ha destruido el bosque y ha instalado el miedo en guardaparques y los vecinos del Parque.

Los guardaparques de este lugar viven en una pequeña casa de madera, con dos habitaciones, un baño exterior y dos mínimos corredores. Tienen dos camionetas para operar, pero al momento en que este equipo periodístico reporteó la zona, una de ellas no funcionaba. Recorrer el Parque en vehículo es una misión difícil. Muchos de los caminos son apenas senderos abiertos a punta de machete, y la zona está llena de piedras y cascotes.

Los trabajadores ambientales de esta área operan con chalecos antibalas debido a la violencia con que operan los narcos en la zona. En el 2018, en la Reserva Natural Tapytá, ubicada dentro del departamento de Caazapá, los guardaparques Rumildo Toledo y Artemio Villalba fueron asesinados a balazos. “Sabemos que es poco lo que podemos hacer [para controlar las plantaciones de marihuana], pero al menos estamos haciendo los reportes correspondientes”, dice un guardaparque.

Según Global Forest Watch, desde 2001 hasta el 2018, la deforestación arrasó con 61 319 hectáreas en el departamento de Caazapá. Según la SENAD, entre 2015 y 2019 se incautaron, desde el interior de este Parque, 14 500 kilos de marihuana aunque casi el 100% de esa cantidad se obtuvo a partir de un solo operativo realizado en mayo 2019, donde se decomisaron 13 500 kilos. Esa intervención, al igual que varias anteriores, terminó sin detenidos.

El territorio del Parque Caazapá está separado en dos bloques bien definidos. Uno de ellos de 10 000 hectáreas y el otro de 6000 hectáreas. En ambos, el problema recurrente en los últimos años es la proliferación de parcelas de marihuana, según confirman los propios guardaparques del lugar.

Sumado a este problema, la zona de amortiguamiento del Parque Caazapá — el terreno adyacente al perímetro del área protegida, que tiene como objetivo resguardar esta última y que puede variar entre los 50 y 200 metros de ancho — está prácticamente invadido de plantaciones de soja. Casi todos los vecinos han alquilado sus tierras para este cultivo, reconocen los mismos habitantes.

El dron de Mongabay Latam y La Nación comprobó la existencia de plantaciones de maíz y soja en la zona de la localidad de Cristal. Normalmente, para poder trabajar sobre esta porción de tierra, es necesario contar con un plan de manejo forestal aprobado por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, en los registros de esta institución no existe ningún documento aprobado para operar en ese sector.

Según el Ministerio del Ambiente, en el 2019 se realizaron 11 intervenciones en el Parque Caazapá y, en varios de ellas, fueron descubiertas parcelas de marihuana en pleno núcleo del Parque, pero nunca dieron con algún responsable.

La Reserva del Mbaracayú tiene 64 405 hectáreas y está situada en el departamento de Canindeyú, a solo unos pocos metros de la frontera con Brasil. Esta área protegida se ha convertido en proveedor de madera, de carbón y principalmente de marihuana para el vecino país. Fernando Crug, coordinador operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), asegura que Brasil sigue siendo el principal mercado para la droga que sale del país. En las imágenes satelitales es posible ver cómo, en apenas un mes, las plantaciones ilegales al interior del parque se han multiplicado.

El departamento de Canindeyú, es el segundo más afectado por la deforestación en toda la región Oriental. De acuerdo al informe de Global Forest Watch, entre 2001 y 2018, en esta localidad se deforestaron 228 483 hectáreas de bosques.

En los últimos 16 años, según la WWF, Mbaracayú perdió 1900 hectáreas. Prácticamente toda esta área se destinó a la plantación de marihuana y a la producción de carbón que es contrabandeado hacia Brasil y que se obtiene a partir de la quema de árboles talados durante el acondicionamiento del terreno para el cultivo ilícito, asegura Julio Mareco, director de Fiscalización ambiental del Ministerio del Ambiente.

Con 21 guardaparques activos, Mbaracayú es la Reserva que cuenta con mayor número de cuidadores. El equipo de Mongabay Latam y La Nación pudo comprobar mediante imágenes capturadas por un dron al menos seis parcelas en pleno núcleo de la Reserva.

“Operan prácticamente sin miedo porque nadie les hace nada”, dice frustrado guardaparque que nos acompaña. Además, el equipo periodístico comprobó al menos otras cuatro grandes parcelas de marihuana también dentro del núcleo del área protegida, ubicadas a escasos metros de la ruta que une las ciudades Curuguaty-Villa Ygatimí -Ypejhú, en Canindeyú y que fue inaugurada en noviembre de 2019.

A pesar de las constantes acusaciones sobre la presencia de narcos y de campamentos clandestinos para vigilar las plantaciones de marihuana, las acciones no pasan de simples denuncias documentadas ya que ninguna de ellas ha desencadenado una causa de investigación judicial.

En esta imagen satelital es posible ver el aumento de parcelas de marihuana. Según explica Víctor González Segovia, técnico del Instituto Forestal Nacional (INFONA), estos terrenos se distinguen de los destinados al cultivo de granos puesto que se conforman más rápidamente y las distancias entre una parcela y otra son menores.

La SENAD reporta que, entre 2015 y 2020, se incautaron 421 kilos de marihuana en esta reserva, una cifra muy inferior en comparación a las demás áreas protegidas analizadas. Sin embargo, la entidad antinarcótico reporta que han descubierto 107 hectáreas de plantación ilegal en esta reserva.

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Este artículo forma parte del especial “La Maldición del Bosque Atlántico”, que La Nación y Mongabay Latam desarrollaron sobre el crecimiento de los cultivos de marihuana en áreas protegidas.