A medida que pasan las horas van surgiendo más datos sobre el atraco a la entidad bancaria en Naranjal, departamento de Alto Paraná, como por ejemplo una alerta por parte del Departamento de Inteligencia sobre una sospecha de robo y también la denuncia de vecinos que reportaron que unos desconocidos vestidos de barrenderos estaban recorriendo la zona días antes.

En redes sociales se viralizó un video que fue captado por un vecino, a quien le pareció sospechosa la actitud de estas personas que días antes estaban recorriendo la zona vestidos de barrenderos. Estos iban en una camioneta y hacían como que recogían basura, pero no eran funcionarios municipales.

Según el reporte, los pobladores denunciaron el caso a la comisaría local, por lo que tomaron intervención e incluso lograron detener a los sujetos, pero luego de hacerles unas preguntas los volvieron a liberar. Los vecinos indicaron que la respuesta de los intervinientes fue: “No pasa nada”.

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A todo esto se suma que tres horas antes del asalto, desde el servicio de Inteligencia dieron aviso de que había sospechas de un posible robo al banco e incluso emitieron un comunicado interno, pero atendiendo a que son solo seis uniformados en la comisaría local no pudieron dar cobertura.

Se presume que un total de 15 personas participaron de este atraco en el redujeron a los guardias y luego usaron dinamita en gel para volar las entradas. De la bóveda lograron llevar G. 2.800 millones y dejaron esparcidos G. 700 millones. Tras el hecho abandonaron los automóviles en los que huyeron.

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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.

La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.

La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.

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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.

“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.

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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.

Cuarenta trabajadores de una conocida empresa de servicios exequiales fueron despedidos en forma injustificada, hace un mes, según una denuncia de los afectados, quienes realizaban las tareas de asesoría de ventas.

En contacto con el diario La Nación/Nación Media, Norma Domínguez y Lilian Gisselle Ortiz denunciaron que fueron convocados por la oficina de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la desvinculación laboral sin motivo alguno.

Una de las afectadas, Norma Domínguez, refirió que solamente le querían abonar una indemnización equivalente a 9 millones de guaraníes, a ser efectivizada en tres cuotas y con cheque diferido, cuando en realidad le correspondía 17.400.000 guaraníes, según los años de trabajo en la empresa y la correspondiente indemnización legal verificada por el Ministerio de Trabajo.

“La firma exequial nos quiere pagar muchísimo menos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Aparte, nos hacían trabajar 8 horas diarias cuando nos pagaban por 4 horas y esas horas declaraban a IPS”, dijo una de las asesoras de ventas.

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Norma junto a otras compañeras, como Lilian Ortiz, Katherine Fleitas, Beatriz Gaona, Andrea Bordón, y Hernán Benítez, realizaron la denuncia formal ante la dependencia ministerial, que realizó las correctas verificaciones correspondientes al resarcimiento legal.

Ante esta situación, el Departamento de Mediación de conflictos individuales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a la empresa de servicio exequial, a raíz de esta denuncia. En la primera convocatoria, los representantes de la firma no acudieron a la audiencia. Nuevamente, se fijó una nueva audiencia para este viernes 22 de noviembre.

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Una mujer denunció que un hombre intentó raptar a su hijo de dos meses en la ciudad de Loreto, departamento de Concepción, y que logró evitar el hecho luego de que realizó disparos intimidatorios. La madre realizó la denuncia y la Policía Nacional está investigando el caso.

Según el reporte policial, el hecho se registró el fin de semana pasado en una granja ubicada a unos 130 kilómetros del casco urbano de la ciudad, cuando un hombre llegó al sitio e intentó llevarse al bebé que estaba en brazos de su madre. La mujer lo entregó, pero luego fue por su arma de fuego.

“Se trata de un intento de rapto de un infante. El sujeto llegó a la granja y le pidió a la mujer que entregara a su hijo de dos meses de vida. Ella se negó y este la amenazó con un arma blanca”, explicó el comisario Guido Benítez, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que ante el susto y las amenazas, la mujer entregó a su hijo, luego ingresó a una de las habitaciones y salió munida de un arma de fuego. “Sin dudar realizó varios disparos y le exigió al hombre que le entregue nuevamente a su hijo. Este corrió dejando abandonado al bebé en el patio y luego se dio a la fuga”, aseguró.

Confirmó que actualmente personal de Investigaciones está recabando información para saber qué fue lo que ocurrió. En un primer momento, la mujer indicó que pensó que se trataba de una broma por parte de su pareja y que luego se asustó, realizando los disparos. Por otra parte, se analiza que podría tratarse de familiares, quienes quería llevar al pequeño. El caso quedó en manos del fiscal Joel Cazal.

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