“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.

“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.

El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.

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Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.

El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.

Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.

No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.

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Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.

El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.

Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.

La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.

“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.

Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.

Fuente: AFP.

Dos precandidatos a la alcaldía del municipio de Maravatío, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), fueron asesinados el lunes en distintos incidentes, informó este martes la fiscalía regional. La primera víctima fue Miguel Ángel Reyes Zavala, un médico que aspiraba a obtener la candidatura del partido Morena -del presidente Andrés Manuel López Obrador- para la alcaldía del municipio, y que fue atacado a tiros la tarde del lunes pasado cuando iba a bordo de su vehículo, indicaron fuentes militares y policiales.

El ataque ocurrió cuando se hallaba “estacionado en la parte posterior de la clínica San Rafael, donde laboraba”, ubicada en el fraccionamiento Rancho La Huerta, en el centro de Maravatío, reportó la noche del lunes la fiscalía de Michoacán en un comunicado. Zavala “presentaba heridas producidas por disparo de arma de fuego”, apuntó la dependencia. El ataque fue ejecutado por dos sicarios que bajaron de un automóvil blanco, se acercaron al político y le dispararon a quemarropa, para luego huir en el mismo vehículo, según testimonios recabados por policías investigadores.

Horas después, el cuerpo de Armando Pérez Luna, aspirante a ser el abanderado del opositor Partido Acción Nacional (PAN) para el mismo cargo, fue encontrado en el interior de un automóvil con “heridas producidas por disparo de arma de fuego”, detalló la fiscalía en un breve comunicado este martes. El PAN reaccionó a “los cobardes asesinatos” de los políticos en un comunicado y recordó que “advirtió meses atrás sobre la necesidad de instalar una mesa de seguridad” ante la violencia en esa región.

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La ola de violencia ligada al crimen organizado que sacude a México también alcanza a políticos, sobre todo aquellos que ocupan o aspiran a obtener cargos municipales y estatales. Los motivos van desde intentos de los grupos criminales de sojuzgar a los candidatos a su autoridad e intereses hasta cruentas disputas entre grupos de poder local.

En México, 33 personas han sido asesinadas en episodios de violencia electoral entre el 4 de junio y el 7 de febrero pasados, 16 de las cuales eran aspirantes a una candidatura, según un estudio de Laboratorio Electoral, una firma privada de análisis e investigación.

Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de los 32 estados mexicanos, siendo Guerrero (sur) la entidad con mayor incidencia, con 8 homicidios, seguida de Veracruz (este) y Michoacán, ambas con cinco crímenes, indica el reporte. De acuerdo con cifras oficiales, México registra más de 420.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.

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Fuente: AFP.

Militares mexicanos detuvieron este viernes a cinco presuntos miembros del comando que masacró a 20 personas en un recinto de peleas de gallos el domingo pasado en Michoacán (oeste), informaron las autoridades.

Los sospechosos fueron arrestados en una zona rural del municipio de Susupuato (Michoacán) en posesión de cinco rifles, una escopeta, un lanzagranadas y municiones, señaló la fiscalía estatal en un comunicado.

“Existen indicios de la posible participación (de los detenidos) en los hechos registrados el pasado domingo en un palenque de Zinapécuaro, que arrojó un saldo de 20 personas sin vida y cuatro lesionados”, agregó el reporte.

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Ese día, en horas de la noche, un escuadrón irrumpió en el lugar destinado a las riñas de gallos, conciertos y bailes populares y abrió fuego contra los asistentes, entre los que supuestamente se hallaban -según medios locales- narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Los atacantes serían integrantes de una banda autodenominada Los Correa e intentaban asesinar al jefe de una célula del CJNG, según fuentes federales citadas por el diario Milenio, que indicó que el señalado capo salió ileso.

México está inmerso en una espiral de violencia que deja unos 340.000 muertos -en su mayoría atribuidos a acciones del crimen organizado- desde 2006 cuando se desplegó una ofensiva militar antidrogas.

Una de las regiones más golpeadas es Michoacán, debido a la guerra entre bandos rivales involucrados en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales como el comercio de combustibles robados.

En ese estado, un grupo armado atacó a los asistentes a un velorio en febrero pasado, dando muerte al presunto jefe de un grupo criminal, según el gobierno. Medios locales indicaron que la incursión habría dejado entre 10 diez y 17 fallecidos.

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El gobierno no pudo determinar el número de muertos en ese hecho ante la ausencia de cuerpos, pero en el lugar fueron encontrados rastros de sangre y material genético de al menos 11 personas, en cuya identificación se trabaja.

En 2021, Michoacán registró 2.732 asesinatos, equivalentes a poco más del 8% de los 33.315 homicidios dolosos ocurridos en todo México.

Fuente: AFP.

El Ministerio Público descartó que una mujer haya resultado víctima de feminicidio, aclarando que la misma murió electrocutada, conforme al diagnóstico de la médica forense Raquel Cáceres. Se trata del caso que se registró en la noche del sábado 24 de octubre, en Área 5 de Presidente Franco. Intervino en el hecho la fiscala Liliana Denice Duarte.

La fallecida fue identificada como Adriana Vanesa González. Su cuerpo fue encontrado en la entrada de la habitación de un inquilinato, a las 3:30 de este domingo 25 de octubre, luego de unas 5 horas de producirse su fallecimiento.

Presentaba “rigidez cadavérica, livideces moderadas, sin proceso de putrefacción. Se constata además lesiones post morten en el cuello y región superior de la espalda, producidas por hormigas (ácido fórmico) en gran cantidad”, refiere el informe de la profesional médica.

Inicialmente, los familiares y allegados de la víctima denunciaron el hecho como supuesto feminicidio, considerando que el concubino se había ausentado de la casa. Sin embargo, según informó la fiscala Liliana Duarte no se constataron lesiones de defensa ni ataque en Adriana Vanesa.

La afectada sí presentaba lesiones en el miembro superior izquierdo, en la palma de la mano, eritema de forma lineal de dos centímetros de largo y tres de ancho, pero las mismas serían rastros de sus uñas.

La mujer habría cerrado fuertemente el puño tras sufrir la descarga eléctrica, circunstancia en que se produjo las heridas, según el dictamen forense. El cadáver estaba tendido en el suelo, en la entrada de la habitación, donde igualmente se constató un desperfecto en un enchufe, que habría sido el que provocó la descarga eléctrica.

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El cuerpo de la víctima fue entregado a la madre, de nombre Adolfina González Giménez. La doctora Raquel Cáceres le explicó a la madre de la víctima detalladamente la causa de la muerte.

El concubino de la fallecida, de nombre Sergio Galeano dos Santos, que fuera sindicado como presunto autor, se habría ausentado del lugar y avisado a su hermana para que comunique el hecho a la Policía. Sin embargo, el hombre volvió a la casa voluntariamente y se puso a disposición de la Fiscalía.

Argumentó que no se había quedado en el lugar debido a que pesaba en su contra una orden de captura, situación corroborada por el Sistema Informático de la Policía Nacional. Incluso el hombre accedió voluntariamente a ser inspeccionado por la forense, no constatándose lesiones. Cabe mencionar que al momento del procedimiento, los hijos de la pareja no se encontraban presentes en el lugar del hecho.

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