Un conductor denunció que fue víctima de agresión y supuesto apriete por parte de agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional en Villarrica, Guairá. Adalberto Ferreira dijo que se encontraba en una peluquería de la zona cuando llegaron los policías y preguntaron por el dueño de la camioneta estacionada frente a la barbería.

“Me empujaron hacia la camioneta de ellos y por la espalda me metieron dentro de la camioneta. Me asustaron muy grande. Fue algo muy rápido y dentro de la camioneta había un arma. Me rozaron con el arma y me pidieron arreglar”, relató el joven al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Aclaró que ocasionalmente estaba usando el vehículo y cuando aparecieron los policías rápidamente convocó al propietario.

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“Yo estaba dentro de la peluquería y la camioneta estaba estacionada afuera. Vinieron agentes de Automotores y entraron a la peluquería a preguntar por el dueño de la camioneta. Yo pensando que era un cliente que quería estacionar, le dije yo soy”, indicó.

Dijo que cuando se dispuso a salir para mover de lugar el vehículo el policía le manifestó su intención de conversar con él. “Al girar vi que por la espalda decía Automotores, entonces le llamé al dueño de la camioneta que yo estaba usando ocasionalmente”.

El joven afirmó que en la calle los agentes comenzaron a insultarlo e indagarlo sobre el origen del rodado. “Ellos empezaron a decir cosas fuera de lugar como por ejemplo de donde conseguí la camioneta, cuando compré y cuanto pagué, quién es el dueño”, manifestó. Ferreira sostuvo que los agentes “estaban muy acelerados”. “Ellos me amenazaron, se me nubló a mí todo, me asustaron. Es algo que no le deseo a nadie”, expresó.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, que ejerció la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que no hubo consenso en la declaración final de la IX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno tal como se sostuvo. Paraguay y Argentina expresaron su disconformidad con el documento, aunque no se incluyó su postura en el mismo y se oficializó como adoptado por “consenso suficiente” de parte de 30 países.

Explicó que Paraguay manifestó puntualmente que no estaba de acuerdo con los términos de la declaración final y que, por tanto, no había consenso. “Ante los lamentables hechos acontecidos en la Cumbre, durante la cual la Presidencia Pro Tmpore de la CELAC presentó la declaración de Tegucigalpa como aprobada por los 31 países miembros, en clara violación al procedimiento, Paraguay expresa firmemente su disconformidad ante lo acontecido y no otorga el consenso para la adopción del documento”, expresa la nota entregada a la mencionada Secretaria.

Además, “exige que dicha aclaración sea insertada en la misma” y deja sentado que “esta declaración no puede considerarse como emanada de la IX Cumbre de Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno de la CELAC”. La Presidencia Pro Tempore de la CELAC, que en ese momento ejercía Honduras, indicó que había “suficiente consenso” para la declaración de Tegucigalpa; dejando de lado la posición de Paraguay y de Argentina, que no estuvieron de acuerdo con el texto final. La figura de “suficiente consenso” no existe en el derecho internacional.

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Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de la CELAC, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa en el marco de la IX Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno y ante los retos actuales de la región, declaran:

1. Refrendar su compromiso por el fortalecimiento de la CELAC como el mecanismo de concertación política que integra a todos los países de la región y que tiene como base el acervo de las declaraciones adoptadas en las cumbres previas.

2. Resaltar la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, sustentada en la promoción y el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial. De igual manera, rechazar la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional.

3. Afirmar su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, considerando que de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno provino de un Estado de la región y recordando que el cargo nunca ha sido ocupado por una mujer.

4. Subrayar la importancia de concertar intervenciones conjuntas de la CELAC en los foros multilaterales en temas de interés común.

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5. Expresar su reconocimiento hacia la República de Honduras por el trabajo realizado en su calidad de Presidencia Pro Témpore (PPT) de la CELAC, destacando la celebración de reuniones de alto nivel para compartir esfuerzos y experiencias en materia de seguridad alimentaria, mujer, educación, café, energía, cooperación financiera, cambio climático y movilidad humana.

6. Reafirmar su voluntad por continuar el diálogo político para profundizar los lazos de cooperación de la CELAC con otros países y grupos regionales, reconociendo los avances realizados durante las reuniones convocadas por la PPT de Honduras al margen del 79.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

7. Dar la bienvenida a la República de Colombia como PPT del mecanismo (2025-2026) y reconocer sus prioridades identificadas para el trabajo de la CELAC; principalmente lo referente a: energía (transición energética e interconexión); movilidad humana; salud y autosuficiencia sanitaria; seguridad alimentaria; medio ambiente y cambio climático; pueblos indígenas y afrodescendientes; ciencia, tecnología e innovación; conectividad e infraestructura; fortalecimiento del comercio e inversión; delincuencia organizada transnacional; educación; igualdad de género, entre otros.

8. Refrendar su firme respaldo a la estabilidad de la República de Haití y a contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, a apoyarla en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque integral de desarrollo.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

Estados Unidos calificó a El Salvador como un país seguro para que lo visiten sus ciudadanos debido a una drástica reducción de la violencia, una decisión celebrada por el presidente Nayib Bukele. El cambio es consecuencia de la guerra contra las violentas pandillas lanzada hace tres años por Bukele, que permitió que los homicidios bajaran de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024.

Y se produce luego de que la Casa Blanca anunciara que Trump recibirá a Bukele la próxima semana. La administración de Donald Trump redujo el nivel de alerta para los viajes al país centroamericano, pues “la actividad de pandillas, los delitos violentos y los asesinatos en El Salvador han disminuido significativamente”, informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la red X.

“Mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad”, agregó Rubio, quien aseguró que el “liderazgo” de Bukele ha sido crucial para mejorar la seguridad en el país. “El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nivel 1: el más seguro”, se congratuló Bukele en X.

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Bukele mantiene presos a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, que asegura sin dar pruebas que son criminales. Sin embargo, el gobierno de Caracas y sus familias afirman que eran apenas migrantes. El 27 de marzo de 2022, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones y venta de drogas.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, acumula más de 86.000 detenidos, de los cuales 8.000 han sido liberados por ser inocentes. Organismos de derechos humanos denuncian abusos bajo el régimen de excepción y afirman que hay muchos inocentes tras las rejas.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el 14 de abril en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuya cooperación “se ha convertido en un modelo para otros”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt. Bukele es un gran aliado de Trump, prestándose a recluir a deportados en sus prisiones, sobre todo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros.

En esa prisión fueron recluidos 238 venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, acusados sin presentar pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Venezuela lo considera un secuestro.

“Hablarán sobre la colaboración de El Salvador para usar su prisión de máxima seguridad para los pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13″, afirmó Leavitt en rueda de prensa. En esta “visita de trabajo oficial” Trump tendrá la oportunidad de agradecer a Bukele su cooperación. Lo ha hecho varias veces públicamente. “Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente (Nayib) Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación” (...) ¡No lo olvidaremos!”, escribió en marzo.

Desde marzo de 2022, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83.000 personas han sido detenidas. Unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes. Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.

Los familiares de una de las víctimas del derrumbe que se reportó en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la Municipalidad de Encarnación, la dueña del edificio en construcción colapsado y el arquitecto que diseñó la obra. La madre de la adolescente pide justicia con esta acción y no descarta denunciar al padre de la menor, ya que estaba bajo su cuidado.

Según el abogado Rolando Aquino también solicitaron que los culpables sean imputados, entre ellos al arquitecto Roberto Ramírez Faría, la dueña del edificio Ramona Bogado y los encargados municipales que firmaron la autorización de la obra, entre ellos el intendente Luis Yd y el director de Obras, René Miglio.

“Lamentablemente fallecieron dos personas en este evento y constituye un hecho punible de homicidio culposo con varias personas que serían los responsables”, detalló en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez. No descartó la denuncia contra el padre por falta de deber al cuidado, debido a que la adolescente estaba bajo su custodia hace seis años.

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Expresó que de esta manera la madre de la adolescente busca encontrar justicia y paz para la memoria de su hija. “Ella no busca un resarcimiento económico. El pedido de mi clientes es muy claro, quiere justicia y se esclarezca el hecho. Además, se individualiza a los responsables, el propietario, arquitecto y los encargados del control de correcta ejecución de esta negligencia o los responsables de la aprobación de los planos como permisos”, sentenció.

Insta a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas involucradas en este hecho. “Que la justicia determine la condena y las soluciones que establezca la ley. Que sirva esto como una alarma para la regulación en nuestra ciudad, que salga una ley de protección para fiscalizar proyectos de obras, su inicio, desarrollo y fin”, indicó.

Por su parte, Ninfa Britos, hija de Hermelinda Báez una de las víctimas, manifestó que quieren que se haga justicia por sus familiares y ya cuentan con un abogado para que realice los trámites necesarios para el caso. “Queremos que se haga justicia por mi madre y mi sobrina. Mi mamá era el sostén de la casa, tenía a su cargo a mis dos hermanas, una hija que es especial y otra que está enferma”, puntualizó.

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