La fiscala Lourdes Bobadilla presentó acusación contra Denis Steven Barbero Chávez, Carlos Alfredo Bareiro, Carlos Rubén Yrala Fernández por los delitos de estafa y asociación criminal en el caso conocido como Steven Automotores. Igualmente, fueron acusados el juez Jorge Adolfo Franco Garaleik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez por los hechos punibles de prevaricato.

La presentación se hizo ante la jueza penal de garantía Gladys Fariña, quien tendrá que admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se pudieron recolectar varios elementos probatorios que responsabilizan del hecho punible mencionado para cada uno de los procesados. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el presente caso existen 255 víctimas. La causa destapó un esquema de estafa donde se tenía como cómplices a jueces y funcionarios judiciales, que hoy están acusados y con pedidos de que el caso se eleve a juicio oral y público.

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Este caso de megaestafa trascendió en marzo de 2024, con la imputación del juez Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoí-Nueva Asunción, y de su actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez, por la emisión de resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles de Denis Steven Bareiro.

Una de las víctimas que abrió esta investigación había adquirido un vehículo en agosto de 2023, en la playa de ventas de vehículos ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangoré de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000. Sin embargo, al retrasarse con la primera cuota, el 2 de octubre le secuestraron el vehículo con orden judicial, y le solicitaron la entrega de G. 17.000.000, así como la firma de un segundo contrato de compraventa, negándole la devolución del vehículo, del dinero de la primera entrega y los pagarés firmados.

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El secretario general de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Eduardo González, se refirió sobre la decisión de la Fiscalía de acusar y requerir juicio oral y público para los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer persecución política y terrorismo de Estado mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Acá el órgano investigador establecido por la propia Constitución Nacional hizo su trabajo. Yo veo muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación, el mismo se basa en hechos concretos, es muy interesante porque podemos ver como operaban”, expresó al programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.

Tanto Abdo Benítez y sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Mauricio Espínola, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

“Esto no puede volver a ocurrir, no podes aprovecharte del aparato estatal para atacar a tu adversario de turno. Nunca se dedicaron a refutar los hechos, solo a incidentar el proceso. Los abogados defensores se pasan chicaneando”, cuestionó González.

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La imputación surgió tras la denuncia formal por persecución política impulsada por el exjefe de Estado, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de las pasadas elecciones internas, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

“Ellos ya saben de qué se les acusa y de qué defenderse. Tienen la oportunidad que no tuvo el expresidente Horacio Cartes, el de defenderse, de presentar un abogado, de conocer de qué se le está acusando. En este caso se puede ver un relato de hechos en la elaboración de un informe totalmente tendencioso, incluso se puede saber cuándo fueron sus reuniones, todo se encuentra corroborado como por ejemplo la remisión de informes de computadora a computadora”, indicó el también abogado al referirse sobre el informe de la Seprelad elaborado contra Cartes que habrían sido remitido a Estados Unidos, para que sea utilizado como garrote político.

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Este jueves, una joven de 18 años denunció que el conductor de una unidad de transporte público habría intentado abusar de la misma; sucedió en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. La víctima refirió que fue la última pasajera y que el conductor decidió cerrar las puertas, para luego detener la marcha en una zona desolada e intentó cometer el hecho, pero se pudo escapar.

Según el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 13:00 de hoy, en el barrio Remansito de la citada ciudad, cuando la mujer iba rumbo a su vivienda, pero por el camino el bus de la empresa Acaraymi se fue vaciando. En un momento dado, el conductor identificado como José Antonio Cantero, cerró las puertas de la unidad y luego estacionó en un lugar.

Posteriormente se dirigió hasta la joven e intentó abusar sexualmente de ella, pero este no se percató que la mujer ya presentía sus intenciones una vez que cerró las puerta y llamó por teléfono a sus familiares, para avisar sobre el hecho. Cuando la víctima ya se encontraba cerca de su casa este detuvo la marcha y ella fue rescatada por sus vecinos.

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“Recibimos la denuncia del sistema 911 y al llegar al lugar se encontró a un grupo de personas, vecinos del lugar atajando a una persona de sexo masculino, que sería el chofer. Estaba sentado en la ruta al lado del colectivo en que trabaja; los vecinos denunciaron que aprovechó que la señorita era la última pasajera para supuestamente coaccionarla con fines sexuales”, detalló el oficial Guido Brizuela, en el informe policial.

En el lugar los pobladores entregaron al conductor a los agente de la Policía Nacional, que precedieron a su detención y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. El agente fiscal de turno, Luis Fernando Escobar, ordenó que Cantero permanezca detenido y el colectivo sea traslado a la sede policial.

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El senador Derlis Maidana repudió la férrea defensa que ejercen sus colegas de la oposición a favor del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

“Me sorprende la actitud, el nivel de algunos senadores de la oposición sobre este tema, que bajo la supuesta defensa del Estado de derecho hacen todo tipo de ataques, despropósitos y mentiras hacia el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y su equipo de trabajo”, sostuvo Maidana, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Maidana surgen ante las estrategias orquestadas por el abdismo, medios de comunicación afines, con un fuerte respaldo de opositores, consistentes en exponer a Mario Abdo como víctima de una supuesta “persecución política” y descalificar al Ministerio Público argumentando que la institución se encuentra sometida a un grupo de poder.

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“Atacan al sistema, cuando esta es una causa específica donde hay una consecuencia económica de tremendo impacto para el expresidente de la República, Horacio Cartes, siendo que nunca se probó nada en su contra y política de menor medida. Sabemos que el señor Rolón no fue electo en la época de Cartes, incluso ellos se adjudicaron su nombramiento, sin embargo, van por la tangente tratando de desviar la atención”, manifestó el legislador en pantallas de Nación Media.

La imputación contra Mario Abdo surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos, en diciembre de 2022, y las generales, en abril de 2023. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha, entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

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En la misma causa también se encuentran salpicados sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes fueron acusados por el Ministerio Público el pasado martes, solicitándose la elevación de la causa a juicio oral y público.

“Es positivo para la justicia paraguaya que Abdo Benítez se someta a consideración. Una imputación no significa que uno es culpable. Un acusado tiene todas las garantías constitucionales para ejercer su defensa, cosa que no tuvo en su momento Horacio Cartes, cuando los organismos de control del Estado fueron utilizados para atacarlo sistemáticamente. Más que hacer su trabajo, esta gente se dedicó a perseguir políticamente al expresidente”, refirió Maidana.