Un ex-Garibaldi fue condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual
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El pasado 3 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció al exintegrante del grupo Garibaldi a 19 años de cárcel por haber abusado sexualmente de su hija VCR, desde los 5 hasta los 14 años de edad.
El cantante y actor mexicano había sido detenido en el mes de febrero del 2021 y puesto bajo prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la capital mexicana luego de que en diciembre del 2020 María Angélica, su exesposa y madre de la joven, presentara la denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020, según portales internacionales.
En octubre del 2020, Valentina, quien por años había sido víctima de los ataques de su propio padre, le confesó a su madre el calvario por el que atravesó todo ese tiempo: “En octubre del año pasado yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto”.
“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego de pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fue peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, escribió en sus redes sociales.
Mientras que en marzo del 2021, la mamá de la víctima declaró en una entrevista a un medio de su país que cuando su hija le contó no lo dudó ni por un instante, a pesar de que nunca había tenido síntomas de ningún tipo, y puntualizó: “Primero que nada, me movió el amor por mi hija, quería que ella se sintiera apoyada, quien la protegiera era yo en ese momento. Lo primero que hice con ella fue felicitarla por la valentía de contarme. Le agradecí la confianza, no dudé un segundo de lo que ella me estaba contando”.
Por su parte, el representante legal de Valentina manifestó: “Sabemos que para las víctimas de violencia sexual es imposible un resarcimiento absoluto por la vulneración a los derechos humanos de los que fueron objeto y el profundo impacto que produce en ellas; sin embargo, esta asesoría jurídica espera que la obtención de justicia coadyuve a la recuperación de una vida plena para V.C.R. y su familia”, de acuerdo a los reportes publicados.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez, y José Agustín Fernández deben estudiar la apelación sobre la condena contra la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa. Foto: Gentileza
Muerte de Sol Chávez: se integró el tribunal de apelación que estudiará si se anula exigua condena
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández deben analizar la apelación que se presentó contra la exigua condena de 2 años y 6 meses de cárcel de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió a causa de la ingesta de una dosis letal de flúor.
Los referidos camaristas deberán resolver si corresponde anular la mínima sentencia por tan grave hecho que acabó con la vida de una joven con futuro enorme. En caso de que se anule la leve condena, se deberá llevar a cabo un tercer juicio oral contra las dos acusadas.
La leve condena llamó la atención de todos, atendiendo la gravedad del hecho debido a que a raíz de la negligencia de las hoy condenadas falleció la joven Sol Chávez. Los jueces que votaron por la exigua condena son Laura Ocampos y Fabián Weinsensee, mientras que la jueza Cándida Fleitas votó por la pena de 3 años de cárcel para las acusadas.
En los alegatos finales, la Fiscalía pidió la pena de 5 años de cárcel al igual que la querella adhesiva luego de comprobarse la gravedad del hecho. En un primer juicio oral, Espinoza fue condenada a 4 años de cárcel y Hermosa a 3 años de pena privativa de libertad.
La presidenta de la firma Imedic, Patricia Ferreira, fue condenada a 4 años de cárcel al igual que la funcionaria Nidia Godoy y ambas seguirán en arresto domiciliario. Foto: Aldo Insfrán
Condenan a Patricia Ferreira a 4 años de cárcel en el caso Imedic
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Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee, condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Igualmente el colegiado resolvió absolver de culpa y pena al despachante Néstor Ramírez ante la duda existente en torno a los hechos acusados por el Ministerio Público.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
Actualmente las dos condenadas están con arresto domiciliario desde enero del 2021. Es decir, más de tres años ya están bajo la prisión domiciliaria. El Ministerio Público había solicitado la pena privativa de libertad de 7 años para Patricia Ferreira, 6 años de cárcel para Nidia Godoy y 3 años de cárcel para Néstor Ramírez.
Por su parte, los fiscales del caso, Luz Guerrero y Néstor Coronel, se mostraron conformes con la sentencia dictada en primera instancia, pero adelantaron en relación a la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas que esperarán la lectura integra del fallo para estudiar si corresponde apelar la sentencia de primera instancia.
El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables acusados en casos de pedocriminalidad. Foto: AFP
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.
L-Gante, condenado por amenazas y absuelto por secuestro
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El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.
“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.
L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.
“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.
El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.