• Ciudad de Guatemala, Guatemala. AFP.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue devuelto ayer lunes a una prisión militar, luego de que un juez acató una orden de un tribunal superior que revocó el arresto domiciliario en el que estaba desde octubre pasado.

Zamora, de 68 años, es acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa por parte del anterior gobierno guatemalteco y los colaboradores que aún tiene en la Fiscalía.

Tras el fallo del juez Erick García, rechazado por organismos de derechos humanos internacionales, agentes del sistema penitenciario esposaron a Zamora y de inmediato lo llevaron a la misma prisión donde ya estuvo encarcelado por más de 800 días, el cuartel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala.

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El juez acató una orden de una sala de la Corte de Apelaciones que revocó el arresto domiciliario precisamente por gestiones de la Fiscalía y la querellante en el proceso, la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo.

Tras escuchar el fallo, el periodista, que vestía un traje azul y camisa blanca, insistió en su inocencia y reiteró que seguirá “enfrentando el Estado mafioso, las mafias criminales que manipulan a su capricho, y arbitrariamente la justicia”. “Regreso a prisión. Yo pienso que no soy el único (criminalizado)”, declaró Zamora, quien calificó como “arbitraria” la resolución en su contra de la sala de Apelaciones. En su cuenta de X, la Fiscalía celebró la resolución del juez.

La oenegé Reporteros si Fronteras (RSF) hizo “un llamamiento al sistema judicial guatemalteco para que respete el derecho a un juicio justo y deje de abusar de los mecanismos legales para amordazar a los periodistas”. “La comunidad internacional debe seguir presionando a Guatemala para que garantice la libertad de prensa y el Estado de derecho”, subrayó RSF en una declaración enviada a la AFP.

Amnistía Internacional (AI) condenó el fallo debido a que “a todas luces” es arbitraria y se debe por “sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción”.

“Su detención es un atropello más en la larga lista de violaciones a sus derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata y el levantamiento de todos los cargos en su contra”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

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“Rechazamos la revocación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora. La arbitraria decisión del Juzgado constituye un grave ejemplo de persecución política y contra la libertad de expresión en Guatemala”, subrayó por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En tanto, la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un pronunciamiento expresó su preocupación por “la continuidad del hostigamiento” contra Zamora y pidió al Organismo Judicial a “retomar el camino de una justicia transparente e imparcial”. El periodista estuvo preso en la cárcel del Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado.

Zamora fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). El rotativo cerró en 2023, mientras él estaba en prisión. Un tribunal lo condenó el 14 de junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Un botón ‘muteador’ de periodistas, una votación popular para elegir a los acreditados o códigos de vestimenta son algunas de las provocativas ideas del vocero del presidente argentino Javier Milei para las conferencias de prensa en la casa de gobierno.

Cuando una periodista le preguntó el miércoles pasado sobre reportes en los medios según los cuales el gobierno evaluaba instalar un “botón” en las ruedas de prensa, Manuel Adorni respondió riendo: “No estaría mal, pero no estamos pensando... Podría ser, leí la nota y por ahí (tal vez) tomo el tema del botón muteador cuando se exceden un poco”.

“Ahora te mutearía, por ejemplo”, prosiguió Adormi, risueño. “Es bizarra esta charla, pero la vamos a dar (...) Sí, me parece divertido, qué sé yo, tener un botón”. Adorni dijo que considera esa y otras ideas para que “la sala de prensa sea cada vez más profesional, estén más cómodos y se los escuche”.

“Dentro de esto tiene que estar la libertad de expresión”, aclaró. También habló de la posibilidad de someter a la decisión popular qué periodistas participen de las conferencias de prensa. “Estamos pensando en algún esquema donde los periodistas sean elegidos por la gente. Quiénes estén y quiénes no estén. Para que la gente se sienta representada, se sienta informada”, dijo Adorni.

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Despojado de solemnidad y entre risas, comentó que funcionaría “como un Gran Hermano periodístico”. Entre otros cambios también sobrevuela la idea de imponer etiqueta de saco y corbata para los periodistas y la apertura a la participación de youtubers y streamers en las conferencias de prensa del portavoz.

La relación del gobierno argentino con la prensa es tensa. En enero del año pasado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) instó a Adorni “a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas”, no “ridiculizar su labor” y evitar “los agravios, las ironías y las burlas”.

El presidente Milei ha vilipendiado en numerosas ocasiones a los periodistas críticos de su gobierno, a los que acusa de “ensobrados” (corruptos) y describe como “delincuentes del micrófono”. El mandatario no ha brindado ninguna conferencia de prensa desde que llegó al gobierno en diciembre de 2023 y solo ha concedido entrevistas a un puñado de periodistas.

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El gobierno argentino anunció ayer jueves que eliminará el Instituto Nacional del Cáncer por detectar “duplicidad de tareas” y para tener “mayor control de las acciones”, que serán absorbidas por el Ministerio de Salud nacional. La cartera emitió un comunicado en la red social X en el que aseguró que se detectaron “problemas logísticos, con entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas” que ya se realizaban en otras entidades estatales.

El ejecutivo, comandado por el presidente ultraliberal Javier Milei, señaló que existieron “graves fallas” en compras de medicamentos y puso como ejemplo una adquisición de 2023, cuando gobernaba el expresidente de centro-izquierda Alberto Fernández, que derivó en el desecho de “400.000 unidades de morfina vencida”.

El Ministerio de Salud remarcó en su comunicado que la medida “no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el Instituto Nacional del Cáncer y solo es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados”, pero no aclaró si despedirán a alguno de los 183 empleados que tiene el organismo.

Apenas la semana pasada decenas de organizaciones sanitarias, sindicatos de médicos y enfermeros, asociaciones de pacientes y organismos de derechos humanos, marcharon en Buenos Aires para reclamar al gobierno de Milei por los despidos, el desfinanciamiento de programas de atención y el recorte de insumos médicos.

El anuncio del jueves se suma a los otros recortes de organismos estatales que Milei realizó desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, como la eliminación del Instituto de Cine, el Ministerio de la Mujer, el Instituto contra la Discriminación y de la agencia de noticias estatal Télam, entidades que calificó como “cajas de militancia”.

El mandatario derechista también celebró este sábado, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el despido de 40.000 empleados públicos, pero un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que serían unos 43.000, en base a datos del Instituto de Estadísticas nacional.

Fueron 17 días de portada de la prensa abdista (Abc-Última Hora) pretendiendo instalar que el finado diputado Lalo Gomes solamente whasapeaba con referentes de un solo sector político (el cartismo). Tanto fue el show armado que quisieron presentar que cualquier diálogo de Lalo con alguien constituía un hecho de acción penal público.

Tremenda fue la sorpresa que se dieron cuando se les escapa uno de los mensajes en el que Lalo confiesa haber aportado más de un millón de dólares a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez.

Dinero que por cierto ingresó en negro al proyecto abdista. Más grande fue la sorpresa de los mediáticos operadores del expresidente Abdo al enterarse de que el abogado Óscar Tuma accedió a la copia espejo del celular del fallecido y el contenido lo haría público.

El juez Osmar Legal dilató hasta donde pudo la entrega de la pericia a ver si la campaña generaba alguna reacción ciudadana de indignación. Como ya nadie les cree, nada prendió y la farsa se vino abajo.

Los que venían publicando no era más que unos mensajes con actores de reparto de un esquema de tráfico de influencias, soborno y financiamiento político con dinero proveniente del narcotráfico.

Revelamos los mensajes de Abdo Benítez con su financista político, también con el exvicepresidente Hugo Velázquez, el exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor y con la senadora abdista Lilian Samaniego. Estos mensajes sí eran escandalosos, y revelaron la sumisión del gobierno anterior al ganadero, jefe de campaña del abdismo y financista.

Lo grave acá no son los mensajes que Lalo enviaba a medio Paraguay, lo grave es que el gobierno anterior, a juzgar por los informes de Inteligencia financiera de Seprelad, sabía el origen del dinero del exdiputado. Recibieron la plata sucia, le dejaron que maneje la Policía Nacional a su antojo y como corolario lo hicieron diputado.

Todo lo que anteriormente la prensa abdista venía publicando terminó siendo un tremendo vyrorei en comparación con la batería de mensajes de Lalo con las principales autoridades del gobierno anterior. Desde nombramientos, manejo privilegiado de la cúpula policial y también de las fuerzas de tarea conjunta. El financista añetete manejó a su antojo al gobierno anterior.

Las máximas autoridades del gobierno anterior sabían quién era Lalo y siguieron coqueteando y poniendo alfombra roja al narcotráfico. Los voceros abdistas de la prensa cómplice de la corrupción ahora nos quieren vender el cuento de que todos son iguales. Es decir, nadie es culpable, cuando en realidad queda claro quiénes hicieron de Lalo el hombre poderoso.

Se les cayó el relato farsante y ahora queda recurrir a la vieja confiable: Nenecho. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

• Por Ana Fernández. AFP.

Con 124 comunicadores muertos en 18 países, 2024 pasará a la historia como el año más letal para la profesión desde que hay registros, según un informe del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) publicado este miércoles. Las cifras “reflejan el aumento de los conflictos internacionales, la agitación política y la criminalidad en todo el mundo”, dice el CPJ, que precisa que estas cifras suponen un aumento del 22 % con respecto a 2023.

Los autores del informe revelan que 85 informadores murieron “a manos del ejército israelí”. 82 de ellos eran palestinos y fallecieron en la Franja de Gaza, y los otros tres, en Líbano. “Actualmente, es el momento más peligroso para ser periodista en la historia del CPJ”, dijo la directora ejecutiva Jodie Ginsberg en un comunicado.

“La guerra en Gaza no tiene precedentes en su impacto sobre los periodistas y demuestra un importante deterioro de las normas mundiales sobre la protección de la prensa en zonas de conflicto, pero está lejos de ser el único lugar donde los periodistas están en peligro”, agrega. Otros 16 países integran la siniestra lista: Sudán y Pakistán registraron seis periodistas muertos cada uno. En el caso del país asiático, son las primeras muertes en este gremio desde 2021.

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En México, que sigue teniendo la reputación de ser uno de los países más peligrosos para la prensa, cinco reporteros fueron asesinados, tres más que en 2023. El CPJ ha encontrado fallos persistentes en los mecanismos que se supone deben proteger a los periodistas en ese país, lamenta la organización.

En la región de América Latina, Colombia y Honduras también registran sendos comunicadores asesinados, además de Haití, donde murieron dos periodistas a manos de las violentas bandas que han sembrado el caos en el país caribeño y que reivindican abiertamente atacar a los comunicadores. También integran la lista Siria (4), Birmania (3), Irak (3), India (1), Bangladesh (1), Nigeria (1), Mozambique (1), Ucrania (1) y Rusia (1).

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“Nuestras cifras muestran que los periodistas sufren ataques en todo el mundo”, precisó Ginsberg. El CPJ registra la muerte de periodistas si tiene “motivos razonables” para creer que pueden haber sido asesinados por su trabajo: accidentalmente, en una misión peligrosa, o deliberadamente. El aumento de los asesinatos en el rubro forma parte, según Ginsberg, “de una tendencia más amplia para amordazar a los medios de comunicación en todo el mundo”.

“Se trata de un problema que debería preocuparnos a todos, porque la censura nos impide abordar la corrupción y la delincuencia, y pedir cuentas a los poderosos”, recuerda. El CPJ, que empezó a hacer este tipo de registros en 1992, señala que al menos 24 periodistas fueron asesinados deliberadamente por su trabajo. En Gaza y Líbano, la organización defensora de la prensa documentó 10 casos de periodistas asesinados por el ejército israelí, en un desafío de la legislación internacional que los protege durante los conflictos.

Los más desprotegidos son los colaboradores o freelancers, que informan de las noticias con menos recursos y con un riesgo considerable para su propia seguridad. Representaron más del 35 % (43) de todos los asesinatos, según la organización.

En total, 31 de los colaboradores que perdieron la vida el año pasado eran palestinos que informaban desde Gaza, donde los medios de comunicación internacionales siguen teniendo prohibido el acceso. Pero 2025 no se presenta mucho mejor: en las primeras semanas del año han perdido la vida al menos seis informadores, según el CPJ.

Fuente: AFP.