“Hay un flagelo que estamos viendo en Paraguay que debe ser eliminado, no podemos nosotros aceptar su mínima incursión”, sostuvo el contralor general de la República, Camilo Benítez, quien abogó por la urgencia de introducir cambios a la Ley de Financiamiento Político promulgada en el 2020 y que tiene como fin el combate al crimen organizado y lavado de dinero.

“El flagelo tiene que ver con el ingreso del crimen organizado, del narcotráfico en las instituciones del Estado, en la política nacional, en los organismos de control”, manifestó durante la presentación oficial del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

Las afirmaciones del contralor surgen en medio del escándalo generado por los chats filtrados pertenecientes al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien mediante una charla mantenida con el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, admitió haber aportado USD 1 millón para la campaña del abdismo, expresando su preocupación por las repercusiones que esta donación podría tener si saliera a la luz.

“Eliminarlo jamás lo logramos si no hay una decisión política de todos los sectores. Decíamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, que debemos trabajar sobre una actualización de la Ley de Financiamiento Político, que podamos nosotros como Contraloría con el Ministerio Público controlar las candidaturas para tratar de evitar que esto ocurra”, dijo el titular del órgano extrapoder.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también había expresado su interés de impulsar modificaciones a la citada normativa. A pesar de las dudas sobre el origen del dinero otorgado por el dirigente norteño a Fuerza Republicana, liderado por el exmandatario Mario Abdo Benítez, y la posibilidad de que este movimiento haya violado la Ley de Financiamiento Político, la Fiscalía aún no tomó la iniciativa de impulsar una investigación de oficio.

No obstante, el caso ya se encuentra en la mira de la Comisión Antilvado del Congreso Nacional, que al retomar sus funciones en el transcurso de la próxima semana analizará convocar como primera medida al abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes, y a las autoridades del Ministerio Público.

Varios informes de Inteligencia advertían sobre la vinculación de Lalo Gomes con el narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Pese a estos reportes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la campaña abdista y acabó como diputado electo.

Este dato, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en especial el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, decidió ignorarlo para blindar a su principal financista. Gomes además estaba sospechado (e imputado por el Ministerio Público) por tener vínculos con organizaciones criminales de la frontera, en este caso con el poderoso capo narco Jarvis Chimenes Pavão. Esto se desprende del operativo Pavo Real.

De repente, los chats de Lalo dejaron de tener interés. Cuando el intercambio de mensajes electrónicos a través de internet, de acuerdo con la definición de chat de la Real Academia Española, fue entregado en su totalidad a los medios de comunicación a través del abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes, las dos cadenas mediáticas –una que tiene como rostro visible al diario Abc Color y la otra a Telefuturo– decidieron que ya no era noticia de primera plana.

Después de dieciséis días bien contados, en que aturdieron todo el espacio televisivo, radial y escrito, casualmente, cuando empezaron a aparecer informaciones que comprometían al gobierno de Mario Abdo Benítez y a varios de su entorno, rápidamente apuntaron hacia otros blancos. Había que distraer la atención para que los datos ocultos –una vez que vean la luz– no comprometan a su antiguo cómplice en el manejo turbio de los recursos del Estado. Cómplices evidentes de los grandes actos de corrupción que hasta hoy no se animan a investigar.

Y conste que algunas de esas denuncias salieron fugazmente en estos medios, tal vez por descuido de los editores o como herramienta de extorsión, para, luego, desaparecer raudamente, sin pena ni gloria, quedando solo como un hecho anecdótico lo que debió merecer una pesquisa tenaz, consecuente y sistemática hasta desentrañar los nudos del latrocinio. Sin embargo, millonarios contratos y dadivosas pautas publicitarias, principalmente de las hidroeléctricas binacionales, pesaron más que la búsqueda de la verdad.

La lucha contra la corrupción de la que tanto alardean debería empezar sacudiendo la alfombra de la propia casa. Es el primer paso para sostener las críticas con autoridad moral. Hasta en los recuadros de humor, expresados en caricaturas, grafican a un investigador que ni con lupa puede encontrar algo en contra de Abdo Benítez, aunque ya “sacrificaron” a una parte de su antiguo equipo, como a la senadora Lilian Samaniego y al exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quienes aparecen asediados por los tentáculos de Lalo.

Lo concreto es que los nuevos chats que ahora se difunden demuestran claramente la determinante influencia que Lalo Gomes ejercía sobre el gobierno de Abdo Benítez. Disponía a su antojo de personal de alto rango, especialmente dentro de las fuerzas de seguridad, en el periodo 2018-2023. Algunas respuestas, como las del entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, como: “Dejá a mi cargo” o “claro que sí”, para resolver los reclamos de quien entonces era ya un personaje poderoso en el departamento de Amambay, evidencian, sin disputa posible, que la anterior administración estaba prácticamente sometida a los pedidos de Gomes. Para los compañeros y colegas de los medios aliados al marioabdismo, esas “vyresas” dejaron de tener relevancia y, por lo tanto, el público no tiene derecho a saber para no desviar la mirada de lo “verdaderamente importante”.

Así, parcelada la realidad, la intención es engañar a la ciudadanía, fragmentando convenientemente la información para alcanzar conclusiones deliberadamente amañadas. Con una deshonestidad que raya en su punto más alto, pretenden cancelar al Grupo Nación Media para que, como se dice en la jerga periodística, no se escuche el sonido de la otra campana, con la retorcida ambición de creerse los dueños de la “única verdad”.

Lamentablemente para estos profanadores del lugar santo de nuestra profesión, es falsa la dicotomía entre “tu verdad” y “mi verdad”, porque existe la verdad, una que trasciende y supera nuestras visiones, intereses y deseos personales. En otras palabras, es la recta concordancia del pensamiento con su objeto, en definición de Santo Tomás, entre el entendimiento y la cosa. Todo lo demás es ilusión, fraude, engaño.

Finalmente, se derrumbó por su propia inercia lo que algunos colectivos periodísticos calificaron como “peligroso trabajo de investigación” y “valientes investigadores” refiriéndose a las manipuladas filtraciones, pues, ahora que los datos están a disposición de cualquier medio, bajaron el entusiasmo y la euforia de poner en cartelera a los involucrados en los chats de Lalo Gomes.

Especialmente cuando asoman los nombres de aquellos que denodadamente trataron de esconder del juicio público. Cada uno tiene la libertad de manejar la información según su propio criterio, aunque sea éticamente condenable, pero no nos vengan a querer convencer de que son la reencarnación de santos inmaculados y vírgenes vestales. Ni por aproximación.

Santiago Alfredo Benítez, quien juró en setiembre pasado como reemplazante del falle­cido diputado abdista Eulalio “Lalo” Gomes en la Cámara Baja, no debería haber ocu­pado el escaño debido a que se encuentra inhabilitado al ser propietario de dos radios en Pedro Juan Caballero. Oriundo de Misiones, se con­virtió en un exitoso empresa­rio de fronteriza.

Aunque intentó negarlo para ocupar su escaño, el abdista Santiago Alfredo Benítez aparece como propietario de dos radios en Pedro Juan Caballero, por lo que no debía haber jurado como diputado en setiembre pasado, cuando pasó a ocupar el lugar del fallecido exlegislador Eula­lio “Lalo” Gomes.

Benítez es oriundo de Misio­nes, de acuerdo con lo que relataron fuentes a Nación Media. Sin embargo, este hombre que originalmente trabajaba como chipero con­siguió un llamativo bienes­tar económico desde que se asentó en Pedro Juan Caba­llero, donde se convirtió en locutor y propietario de dos medios de comunicación.

El abogado es director pro­pietario de Radio Imperio de Pedro Juan Caballero. Esto según las propias publica­ciones del medio radial de la capital del departamento de Amambay.

El artículo 197 de la Consti­tución Nacional establece las inhabilidades para ser candi­datos a diputado o senador. En el inciso 9 del mismo se esta­blece claramente que no pue­den ser candidatos “los pro­pietarios o copropietarios de los medios de comunicación”.

Como ya señalamos más arriba, la propia Radio Impe­rio publicó en reiteradas opor­tunidades que Benítez es su director propietario. Por ejemplo, en junio de 2024 –tres meses antes de jurar– el medio realizó una denuncia por supuesto pago de coima a un periodista de otra radio de Pedro Juan Caballero.

“El doctor René Rolón, profe­sional médico, se puso en con­tacto con el abogado Santiago Benítez, director propietario de Imperio FM, para comu­nicar que pagó la suma de G. 5 millones al comunicador Andy Benítez, de Radio Oasis FM, con el fin de ocultar informa­ción (sic)”, publicó el medio.

De hecho, en la propia página de Radio Imperio sigue figu­rando que Benítez es el direc­tor propietario. Hay incluso hasta felicitaciones por su cumpleaños en los que le otor­gan el mismo título.

Además, en su inscripción en el Registro Único del Con­tribuyente (RUC), Benítez declaró actividades publici­tarias como su principal rubro económico.

Esto motivó a que Luis Alberto Guillén Zárate, suplente 2 de Amambay, promoviera una acción de inhabilidad contra el juramento de Benítez ante el Tribunal Superior de Justi­cia Electoral.

Como intento de desmarcarse de la inhabilidad, Benítez ase­guró que él no es el dueño de los medios de comunicación, sino que los mismos son pro­piedad de su suegro. Algo que los medios aliados del abdismo repitieron sin poner en duda alguna o hacer siquiera una revisión de los datos que se encuentran haciendo una bús­queda rápida en Google. Con ese escueto argumento, des­baratado por una de sus pro­pias radios, Benítez consiguió ocupar un escaño violando abiertamente el artículo 197 de la Constitución Nacional.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

A lo largo del gobierno de Mario Abdo Benítez se sucedieron diferentes episodios en los que su gestión y la de sus colaboradores estuvieron ligadas a personajes asociados al crimen organizado. Desde tiempos de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego Marcus Vinicus Espíndola, Lindomar Reges Furtado o, últimamente Eulalio “Lalo” Gomes, son solo los nombres más notables que tuvieron acceso a ministros y funcionarios. Del financiamiento dudoso de la campaña, a la filtración de datos y la liberación de zonas de paso de cargamentos de drogas, el gobierno anterior se distinguió por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente a través de uno de sus hombres más cercanos: Arnaldo Giuzzio.

Arnaldo Giuzzio, ex superminis­tro abdista, y una extraña fascinación con pasearse en vehículos blin­dados prestados por personas investigadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El exsecretario de Estado vol­vió al centro del escándalo luego de que los chats filtra­dos del fallecido exdiputado Lalo Gomes, investigado por sus vínculos con el hampa, revelaran una cercana rela­ción con Giuzzio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el exsenador del Par­tido Democrático Progresista (PDP) – del que también for­man parte el senador Rafael Filizzola y la exlegisladora Desirée Masi– es señalado por vínculos de este tipo.

La denuncia más alarmante involucra modernos equipos de espionaje, como el sof­tware espía FinFisher (tam­bién conocido como FinSpy), decomisados en operativos contra el contrabando. Estos dispositivos permiten inter­ceptar comunicaciones, acce­der remotamente a disposi­tivos y realizar actividades de vigilancia avanzada. Sin embargo, en lugar de ser uti­lizados para reforzar la segu­ridad y combatir el crimen, los equipos terminaron en manos de personas vincula­das al narcotráfico.

Según documentos oficiales, estos equipos fueron entre­gados de forma irregular a un agente especial de la Senad, quien, de acuerdo con la acu­sación del fiscal Deny Yoon Pak, filtraba información sobre operativos al narcotra­ficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Esto permitió a Ins­frán evadir operaciones clave de la Senad, desarticulando los esfuerzos del Estado para detenerlo.

La Dirección de Inteligencia de la Senad, bajo la gestión de Giuzzio, nunca registró los equipos ni dejó constan­cia de su decomiso. En el memorándum n.º 407/2022, remitido por la propia Direc­ción, se admitió que el enton­ces ministro Giuzzio entregó los dispositivos “sin nin­gún documento”. Este vacío documental refleja una grave negligencia, que facilitó el uso indebido de los equipos por parte de redes criminales.

La implicación de Giuzzio en actividades que favorecieron al crimen organizado no se limita al caso de los equipos de espionaje. Durante su ges­tión, hubo filtraciones cons­tantes que beneficiaron a narcotraficantes. Uno de los episodios más notorios ocu­rrió el 15 de febrero de 2022, cuando Lin­domar Reges Furtado, un pez gordo del narcotráfico, huyó del Paraná Country Club minu­tos antes de un operativo policial-judicial que buscaba arrestarlo.

Esa misma red de filtracio­nes facilitó la fuga de Mar­cus Vinicius Espíndola Mar­qués de Padua, otro capo narco brasileño que man­tenía una relación cercana con Giuzzio. Espíndola llegó incluso a prestar una camio­neta blindada al exministro cuando su vehículo sufrió un desperfecto en Brasil. Ambos eventos demuestran la cer­canía de Giuzzio con figuras clave del narcotráfico y cómo su gestión contribuyó a la evasión de estos criminales.

Hablando de Marcus Vini­cius, la Fiscalía reveló una serie de mensajes de What­sApp intercambiados entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante brasileño. Estos mensajes, provistos por Bra­sil, comenzaron en julio de 2021. En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales” realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”. Más tarde, Mar­cus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para reali­zarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.

En octubre de 2021, conti­nuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una cap­tura de pantalla de una noti­cia sobre el caso Lava Jato, un procedimiento en Bra­sil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “Les hablo”.

En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Mar­cus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofre­ciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio pla­neaba vacaciones en Brasil.

La Fiscalía sospecha que Mar­cus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blin­daje a vehículos del Ministe­rio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materia­les a estas instituciones.

Las fallas en la gestión de Giuzzio al frente de la Senad y el Ministerio del Interior no se limitan al manejo de los equipos de espionaje. En mayo de 2020, Giuzzio dis­puso el cierre de la Direc­ción de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de fiscalizar puer­tos privados y controlar el tránsito fluvial, debilitando significativamente los con­troles antidrogas. A partir de entonces, las incautaciones de grandes cargamentos de cocaína vinculados a Para­guay se volvieron frecuentes en Europa, con cifras alar­mantes como los 16.174 kilos decomisados en Hamburgo, Alemania, en febrero de 2021.

Además, durante su periodo como ministro del Interior, Giuzzio enfrentó otro escán­dalo al utilizar una camio­neta registrada a nombre de una empresa de Espíndola, quien aspiraba a convertirse en proveedor de chalecos antibalas y blindajes para la Policía Nacional. Este vín­culo expone un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de sus respon­sabilidades públicas.

El más reciente escándalo revela cómo Giuzzio mante­nía contacto con Lalo Gomes, asesinado exlegislador, mien­tras el primero era titular de la Senad. La conversación entre ambos data de noviem­bre de 2019 y de acuerdo con los medios que publicaron los mensajes filtrados, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Aso­ciación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vin­culado a varios referentes del narcotráfico.

El fallecido diputado Eula­lio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado USD 1 millón de ori­gen dudoso a la campaña elec­toral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amambay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, Gomes expresó su preocupación por las reper­cusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afectaría al Gobierno. Además, mencionó que Arre­gui había solicitado infor­mes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.

Melgarejo mostró disposi­ción para intervenir y fre­nar cualquier investigación que pudiera comprometer al Gobierno. Este caso plantea dudas sobre la transparencia en el financiamiento de cam­pañas políticas y el papel de Arregui al ocultar informa­ción clave. También genera interrogantes sobre la rela­ción de Gomes con organi­zaciones vinculadas al nar­cotráfico en la frontera y si se emitió algún reporte de operación sospechosa sobre el origen del dinero.

A pesar de estas irregularida­des, meses después, Gomes lanzó su propia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movimiento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con infor­mes de inteligencia que vin­culaban a Lalo con Luis Car­los da Rocha, alias Cabeza Branca. Esto pudo saberse mediante el informe que se remitió a la Comisión Bica­meral de Investigación el 8 de noviembre de 2021, en el cual se detalló que la Uni­dad de Inteligencia Finan­ciera de Seprelad había enviado informes de inte­ligencia a varias institucio­nes. El escrito refiere que “el señor EULALIO GOMES está vinculado en la causa investigada por el Ministerio Público “LUIS CARLOS DA ROCHA Y OTROS S/ LEY 1340/88; ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE DINERO Y OTROS”, según lo reportado por un sujeto obligado del sector seguros en fecha 03/12/2019. Al res­pecto, “la UIF-SEPRELAD elaboró varios INFORMES DE INTELIGENCIA (II) remitidos según detalle”.

El gobierno de Abdo no tardó demasiado en sumar su pri­mer escándalo por vínculos con el narcotráfico. Y es que en setiembre de 2018 caía detenido el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. Poco después de la detención de Cucho, se revelaron fotos del mismo y una mochila en el domicilio del entonces pre­sidente Abdo, quien intentó desconocer la imagen y hasta a quien habría aportado a su campaña.

En diciembre de 2018, Mar­cial Valdez, defensor del supuesto narcotraficante de Ciudad del Este, tildó a Abdo de “malagradecido” alegando que su cliente le había soli­citado un favor tras haber financiado presuntamente su campaña política.