La campaña emprendida por un medio de comunicación para defender a una de sus empresas tiene todo el sentido del mundo. Es más, puede que esa empresa no tenga responsabilidad en las fechorías del IPS durante la administración del doctor Vicente Battaglia (Gobierno de Abdo) con el famoso contrato de Fideicomiso, cosa que debe determinar el Ministerio Público, pero lo que queda claro es la férrea defensa de ese medio de comunicación (Abc Color) a todo lo que tenga que ver con los hechos de corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Y esta defensa tiene lógica, este medió apañó y fue cómplice de todos los escándalos y robos de la era Abdo a cambio de millonarios beneficios publicitarios, exclusividad de contratos para la transmisión de los juegos Odesur, así como los contratos millonarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la imprenta Mercurio del mismo grupo empresarial.

Esta campaña de defensa mediática por parte de este grupo empresarial al despilfarro de los G. 828 mil millones del IPS evidencia que los intereses de los jubilados, los asegurados de la previsional o los enfermos oncológicos no forman parte de la agenda: acá lo que importa es la defensa de los negocios y al equipo político que generó beneficios económicos para el grupo empresarial.

En el caso del fideicomiso del IPS, existen hechos objetivos irrefutables, la naturaleza de ese contrato y la herramienta generada para obtener recursos (fondos jubilatorios, devueltos con los fondos de Salud) era la construcción de 4 hospitales. Este proyecto se diseñó en el 2017 y se firmó el contrato ese año durante el gobierno de Cartes. Las 4 obras estaban presupuestadas en el contrato y alcanzaban la totalidad del monto establecido, G. 828 mil millones.

Sin embargo, durante el gobierno de Abdo se degenera la naturaleza del contrato original, se usan los G. 828 mil millones para el mantenimiento de centros de salud del IPS en el interior del país, cuyas obras tampoco fueron terminadas y dejan de hacer los hospitales, solo 1 se terminó, el Ingavi, pero tampoco pagaron la totalidad a los constructores y esas empresas hoy demandan al IPS por cifras millonarias.

Las preguntas que todos nos debemos hacer, sin entrar ni mirar las “campañas mediáticas” de un lado y del otro, es la siguiente: ¿está construido el hospital Hemato-Oncológico? La respuesta es no. La siguiente pregunta, ¿está aún la plata que se había presupuestado y por la que se sigue pagando?. La respuesta es no. Entonces, alguien gastó mal la plata, hecho que evidencia una auditoría del IPS o directamente se la robaron.

Es por eso que urge que la Fiscalía determine el grado de responsabilidad en estas operaciones de perjuicios para los intereses de los jubilados y asegurados del IPS. Este es el punto en cuestión. Acá no se trata de liquidar a tal o cual banco o grupo empresarial, acá el interés es que los responsables de haber impedido que tengamos los asegurados del IPS un Hospital del Cáncer asuman su responsabilidad. ¿O vamos a dejar pasar esta situación por los odios o diferencias políticas? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Néstor Coronel, pidió al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocentes, que se había presentado contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Estos representantes del Ministerio Público presentaron la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, con base a elementos contundentes.

En el pedido del agente fiscal Coronel se detalla que, ante el cúmulo de información obtenida, esta representación fiscal se encuentra en condiciones de realizar un estudio acerca de las circunstancias fácticas que motivaron el inicio de la investigación fiscal y ante todo lo analizado corresponde en derecho solicitar la desestimación de la denuncia presentada contra los fiscales Cantero y Grisetti.

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Igualmente, menciona el requerimiento del Ministerio Público: “se puede advertir que se obtuvieron copias de las diferentes resoluciones emanadas de la Fiscalía General del Estado respecto a la formación de equipos de trabajo desde los inicios de la investigación individualizada con n.º 6898/2023″, según el documento.

En ese orden, el requerimiento al juez Otazú señala que en esa situación se tiene informaciones relevantes y se observa que en todo momento hubo participación activa de todos los que conformaban el equipo de trabajo; es más, este equipo de trabajo no solo estuvo integrado por agentes fiscales, sino en todo momento con la participación de la agente fiscal adjunta del área y por otros funcionarios de menor jerarquía, pero con las condiciones técnicas necesarias para abordar las pesquisas que se fueron desarrollando con el correr del tiempo.

Ahora, el referido magistrado tendrá que analizar si corresponde archivar la denuncia que se había presentado contra los dos agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanii Grissetti.

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El expresidente Luis Ángel González Macchi reveló el sentimiento que lo invadió en la etapa final de su gobierno, después de superar los dos intentos por sacarlo del poder.

El 28 de marzo de 1999, el entonces presidente del Senado, Luis González Macchi, asumió la Presidencia del Paraguay, cinco días después del magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña y de la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau.

El 19 de mayo de 2000, un golpe de Estado en su contra fracasó en su intento, pero consiguió debilitarlo políticamente. En 2001, el Poder Legislativo impulsó su destitución por vía constitucional, pero tampoco lo logró. Finalmente, González Macchi cumplió con el periodo que le correspondía hasta el 15 de agosto de 2003, fecha de asunción de Nicanor Duarte Frutos.

“No quería que el Partido Colorado caiga en mis manos, entonces, a Nicanor lo apoyé mucho con mi silencio. Dejé el campo abierto, ni aparecí en la campaña y ganó. Para mí era cuidar el Partido Colorado”, explicó González Macchi, en una entrevista con radio Ñandutí.

A nivel partidario, esta no fue la actitud de Mario Abdo Benítez, quien, en los últimos meses de su mandato y, tras perder estrepitosamente las internas coloradas de 2022, se dedicó a hacer campaña en contra del partido que dice defender.

El 7 de marzo de 2023, a poco más de un mes de la contienda electoral, Abdo Benítez dijo que no hay que tenerle miedo a la alternancia, en alusión a las elecciones generales venideras, en clara alusión a favor del entonces contrincante Efraín Alegre.

Sobre el punto, González Macchi dio su visión general. “Yo creo en un gobierno de unidad nacional, que se apoye dentro de una crisis, pero después, cada uno por su lado (…) la alternancia por alternancia nomás, ¿qué beneficios puede traer?”.

Antes de esto, el 10 de febrero de 2023, Abdo Benítez también dio rienda suelta a su campaña anticolorada durante un acto de gobierno. Sin embargo, sus expresiones en contra de su partido no bastaron para lograr su objetivo, la caída de la ANR, que terminó asestando una victoria más grande de la esperada.

Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.

• Por Cinthia Mora

La estrategia mediá­tica instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra fun­cionarios que colaboraron para esclarecer el opera­tivo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.

En todas las publicacio­nes realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputa­dos sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamien­tos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los gra­ves hechos mencionados en el acta de imputación.

Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.

La funcionaria fue acu­sada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partí­cipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de infor­mación de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.

Documentación mediante, se desmonta una de las tan­tas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alca­raz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema men­cionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtra­ción a los medios Abc Color y Última Hora, y de la decla­ración del entonces minis­tro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el res­ponsable de revelar públi­camente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.

La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e informa­ción precisa sobre los par­tícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemi­gos políticos del gobierno de turno.

Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investiga­ción Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se ase­guraba que el mismo cobró doble remuneración.

La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministe­rio Público, como asistente fiscal.

El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fis­calía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.

Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investiga­ción interna sobre las filtra­ciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus fun­ciones en el marco de lo que la ley establece.